Parece que hay alguien con más banca que yo”, dijo, según La Nación (14/1), Gustavo Juliá cuando, ya en la pista del aeropuerto catalán de El Prat, comprendió que estaba perdido y su detención era inevitable. Esto es: la operación de contrabando de casi una tonelada de droga, cargada en la base militar de Morón o en Ezeiza, había fracasado porque ese “alguien” la entregó.

Una tonelada de cocaína tiene un costo de mercado de casi 50 millones de dólares. Nadie intenta pasar un cargamento de esa magnitud si no tiene una cobertura segura y si no ha hecho antes otros viajes exitosos. Así, surge inevitablemente la asociación y el hilo conductor con otros hechos que indican la presencia creciente del narcotráfico en la Argentina. Por ejemplo, el asesinato en 2008 de tres empresarios que traficaban efedrina y estaban vinculados íntimamente con el aparato de recolección de fondos para la campaña política del matrimonio Kirchner.

En este nuevo hecho, se advierten desde el primer momento los intentos del oficialismo por encubrirlo o, por lo menos, protegerse a sí mismo. Todo el aparato de prensa pro-gubernamental difundió enseguida la especie de que la droga se había cargado en el avión Challenger 604 de los Juliá durante una escala en Cabo Verde. Rápidamente el absurdo se desarmó: la droga fue estibada cuidadosamente en la base de Morón, controlada por la Fuerza Aérea, o en el aeropuerto de Ezeiza.

La familia Juliá mantiene vínculos aceitadísimos con la aviación militar y con el negocio aeronáutico, lo cual pega de lleno en la línea de flotación de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré. Es más, como Garré tiene conflictos de peso con casi todos los organismos de seguridad e inteligencia del país, los peor pensados en esos ámbitos sospechan que aquel “alguien” con “más banca” que Juliá quiso hacerle una trastada a la señora, al dejar en descubierto una operatoria mafiosa que sería más habitual de lo que se supone.

Véase la gravedad institucional del asunto: desde bases de la Fuerza Aérea Argentina se trafican grandes cargamentos de droga, con la vista gorda o la inoperancia del Ministerio de Defensa. Hablamos de una ministra muy veloz y muy temeraria a la hora de montar provocaciones contra los trabajadores tercerizados y contra el Partido Obrero, pero a la que le pueden pasar elefantes bajo sus zapatos sin que ella advierta los temblores. Eso, claro está, en el mejor de los casos para ella.

Viejos personajes

Todo empeora cuando se considera que el alquiler del lujoso jet que llevó la droga a Barcelona habría sido hecho por Carlos Sergi, ex CEO de Siemens vinculado con una de las últimas grandes estafas de la era Menem: la de los DNI. La permanencia de estos personajes indica la continuidad de una trama mafiosa. Sergi tiene antiguos vínculos con la Fuerza Aérea y era amigo del fallecido brigadier Juliá, ex jefe de los aviadores.

Los negocios de Sergi no se terminaron con el gobierno de Menem. En 2008, bajo el gobierno de CFK, logró que la Aeronáutica anulara una disposición que impedía a empresas intermediarias ser proveedoras del Estado. Para Sergi eso era especialmente importante, porque le permitía quedarse con el negocio de la “radarización” aérea. Pero hay más: aquella resolución de la FA a favor de Sergi fue completada por un decreto del Ministerio de Defensa, firmado por Garré. Así, Sergi pudo postularse para vender equipos Northrop por intermedio de su empresa Tracktel.

Están todos hasta las manos.