En el país de la burguesía evasora y prendaria es natural que se produzca la disputa por el control de la Dirección Impositiva y de la Aduana. La evasión fiscal se ha estimado en los 7.000 millones de dólares al año y en el importante impuesto al valor agregado se la calcula del 70%. Algo similar ocurre con el comercio exterior, donde la estafa al Estado es del orden de los 2.000 millones de dólares al año. Quienes controlen ambos organismos tendrán el “secreto” del “éxito” empresario.

Pero los impuestos son, junto a los bajos salarios, los medios fundamentales para pagar la deuda externa. El FMI ha impuesto la obligación de recaudar unos 16.000 millones de dólares al año para cumplir con los pagos de la usura. Los bancos acreedores quieren ver reducida la evasión fiscal para poder recibir una porción mayor de los intereses que se les adeuda. La disputa en tomo a los impuestos y en tomo al control de la DGI y la Aduana tiene que ver así con el pago de la principal hipoteca del Estado. La crisis impositiva puso naturalmente en duda la capacidad de los planes oficiales para cumplir con la deuda externa y con la deuda pública en general. Por este motivo, apenas dos días después de suscripto el acuerdo con el FMI que prometía un dólar a 650 australes hasta marzo de 1991, la divisa norteamericana se fue a 800 australes y las tasas de interés empezaron a subir como en la mejor época de la hiperinflación alfonsiniana.

Los primeros 120 días de Menem solo sirvieron para mostrar la incapacidad de los explotadores para afrontar la crisis, aun mediante la aplicación de planes completamente antipopulares. La revolución productiva no se avizora por ningún lado, mientras sí se agudizan los enfrentamientos internos del gobierno y del régimen en general.

Otro síntoma de la rápida descomposición menemista lo constituye la emisión de moneda desde el 8 de julio, que creció en más de cinco mil millones de dólares. Esto significa un aumento similar de la deuda pública. Después de la aprobación de las leyes de emergencia y de reforma del Estado, destinadas a eliminar prebendas y subsidios, los redescuentos, financiamientos fiscales y pagos a organismos internacionales provocaron la emisión de más de tres mil millones de australes (La Nación, 31/10). Esto constituye una enorme presión inflacionaria, que inviabiliza naturalmente la estabilidad económica. Se acaban de lanzar “letras dolarizadas” que significan un enorme endeudamiento del Estado para detener la caída del Austral. La política justicialista se reduce a contraer nuevas hipotecas.

La crisis política generada por este estrangulamiento económico ha concluido momentáneamente con el apoderamiento de la DGI y la Aduana por parte del pulpo Bunge y Born. El directorio de éste se ha convertido en el verdadero gabinete ministerial; Menem es solo un sosias de Jorge Born. Los evasores y saqueadores han tomado el control absoluto de las finanzas del Estado.

¿El próximo paso será el control del Banco Central? Aquí la cosa es más difícil porque éste se encuentra ahora en manos del Citibank, el principal acreedor de Argentina y el virtual árbitro de la mayoría de las privatizaciones en danza. Pero todo depende de la negociación que se entable.

El copamiento del gobierno por parte de Bunge y Born no suscitó ninguna oposición en el Comité nacional justicialista, quien por el contrario salió a respaldar más fervorosamente al gobierno. Se descubre así que el multitudinario PJ no es más que una cáscara vacía frente a la iniciativa de los grandes grupos del capital.

Por medio del control de la DGI y de la Aduana Bunge y Born se quiere asegurar que los consumidores paguen los impuestos y de que los capitalistas pueden usarlos para financiar sus negocios. La reforma impositiva que se encuentra en el parlamento significa un incremento de la presión sobre el consumidor del 10-12% sobre el costo de vida. Jorge Born ha planteado, a su vez, la necesidad de gravar más intensamente viviendas, terrenos y automóviles para pagar la deuda externa sin tocar al capital. Los exportadores, en cambio, recibirán como subsidio el impuesto al valor agregado que se hubiera pagado en las distintas etapas de la comercialización.

Mientras el saqueo del país se profundiza, Menem pregunta de dónde se podría sacar la plata para aumentar los salarios. Cree que con esto engaña al pueblo, cuando en realidad está expresando la total falta de horizontes que para el pueblo significa el gobierno justicialista. De aquí nace naturalmente la rebelión popular.

El Estado Bunge y Born se ofrece ahora a mediar en la cuestión de las paritarias. Ni los Menem ni los Triaca son ya capaces de esto. Andreoni navega perdido por la senda aventurosa de la división sindical. Bunge y Born se ha transformado en el fiel de la balanza. La democracia argentina es la sombra chinesca de los movimientos de manos del pulpo. La burocracia sindical de Miguel espera que el arbitraje de Bunge y Born le ahorre el, para él, penoso camino de la movilización y la lucha.

¡Pero cuál puede ser el alcance de este arbitraje! ¡Cuánta su vigencia! Para los maestros, para los trabajadores de Pasa o de Auto-latina, para los choferes, para los bancarios y empleados públicos, para los centenares de miles que, en definitiva, están luchando en todo el país contra los Bunge y Born y sus planes, no hay arbitraje que valga.

La clase obrera argentina comienza a transitar el camino de la huelga general contra el gobierno hambreador de los Bunge y Born y del imperialismo.