El Plan Primavera constituye una monumental confiscación del salario obrero, por la vía de una aceleración infernal de la carestía. En menos de tres días, los principales rubros de la "canasta familiar" (fideos, aceite, arroz, leche, etc.) “tuvieron aumentos del 30 al 70%” (La Nación, 13/8). Lo mismo sucedió con las tarifas, el transporte y los impuestos.

Los más altos funcionarios gubernamentales y, obviamente, también la prensa adicta, salieron a criticar inmediatamente a los “pescadores de río revuelto”, diferenciándolos de los “empresarios responsables” quienes, de común acuerdo con el gobierno, habrían congelado sus precios el día 2 de agosto. Como el tero, los alfonsinistas, pegan el grito en un lado para ir a poner los huevos a otro.

Como cualquier ama de casa lo percibe, el gobierno está mintiendo. Los que “revolvieron el rio” están en la Rosada y en el Ministerio de Economía. Desde allí se organizó, se planificó y se ejecutó con precisión militar una remarcación masiva, en gran escala, de todos los precios. A tal fin, el gobierno decretó el feriado bancario y cambiar de 48 horas, alargado después 24 horas más. Durante esos tres días, mantuvo incontables reuniones, encuentros y entrevistas con los capitostes de las distintas cámaras empresarias, en las que se explicó detenidamente los alcances del plan, e incluso se lo modificó, una y otra vez, al gusto de los empresarios.

Mientras la población trabajadora era conscientemente desinformada, con los tarifazos (30%) y la devaluación (35%) el gobierno daba a sus cómplices las “señales” del mazazo inflacionario. Fue el gobierno, nadie más, quién fijó las pautas y los límites del “golpe”.

Una vez aplicado el mazazo, los cómplices se reunieron para fijar un “congelamiento" y aún una “rebaja” de los precios de los artículos de primera necesidad. Ningún trabajador notará tos efectos de esos “congelamientos” y “rebajas” ya “que (éstos) se aplicarán sobre las últimas listas de precios autorizadas —que tienen un fuerte reacomodamiento— y no sobre los precios vigentes” (Clarín, 13/8).

“Las listas selladas el 2 de agosto presentan un colchón que en muchos casos supera el 50% de los precios vigentes, lo que implica una forma de "inflación anticipada" (La Nación, 13/8).

Pero como “en la democracia no hay discriminaciones”, el gobierno aprobó, después del “congelamiento”, aumentos de precios (entre el 10 y el 15%) para los lácteos, gaseosas, café y vinos. Se trata — adujeron los funcionarios— de casos “especiales”, ya que sus precios “quedaron retrasados”. Como puede verse, el gobierno ha hecho un esfuerzo descomunal, no sólo para generar una inflación confiscatoria de los salarios, sino también para que ningún sector patronal quedara afuera de este banquete.

El Estado se ha convertido en el organizador político colectivo de las remarcaciones y la carestía. Frente a la clase obrera y los trabajadores, el Estado se comportó como lo que es, como un “patrón colectivo": calculó, casi milimétricamente, el golpe, impulsó a todos a la remarcación, autorizó tos aumentos de los que “ hablan quedado retrasados" y, finalmente, reventó los salarios. “La conducción del Palacio de Hacienda croo que (los trabajadores) deben olvidarse de la inflación pasada (¡50%!) y los salarios deben ser ajustados en función del menor aumento esperado en los precios" (Clarín, 14/8).

Desde el Estado se ha liderado el brutal golpe inflacionario, de carácter delictivo, que la clase patronal propinó a los trabajadores. Alfonsín, Sourrouille, Alchourrón y Montagna deberían ser juzgados por “asociación ilícita"