El tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida por una ley, para que los aumentos pasen a ser fijados por el Ejecutivo y tener un carácter discrecional, ha generado debates y críticas a la medida que llegan incluso desde sectores que apoyan al gobierno. Es que el derrotero oficial en este tema va en el camino de las exigencias del FMI de recortar drásticamente los gastos previsionales hasta convertir los haberes en una subvención mínima a la vejez, y supone meterle de nuevo la mano en los bolsillos a los jubilados, ahora con una impronta “nac & pop”.

Desde el gobierno se insiste machaconamente con el argumento de que “la prioridad es la franja de jubilados más golpeados” y que tendrán primacía en los aumentos. El primer ejemplo del carácter que tiene esta orientación está en los bonos que se abonan en diciembre y enero: los “potentados” que cobran más de $19.000 no cobrarán un peso.

Ante las múltiples críticas a la suspensión de la movilidad, Alberto Fernández y otros funcionarios y voceros oficialistas han salido a responder que los aumentos trimestrales actuales se mantendrán, solo que no serán porcentuales sino sumas fijas, que “beneficiarán en particular a los que cobran la mínima” y que tendrá en cuenta el alza de los precios. "No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados, lo único que se cambió es el cálculo de actualización”, dijo Alberto Fernández (La Cornisa, América TV, 21/12), como si diera lo mismo y se tratara de un simple cambio de mecanismo formal.

Esto cuando la movilidad suponía, en la sumatoria de marzo y junio 2020, un aumento en los haberes de alrededor del 27% (11,56% y alrededor del 15%, respectivamente) compensatorio -con retraso- de la inflación sufrida por todos los jubilados en el último semestre de este año.

Claudio Lozano, quien apoya al gobierno, destaca que la ley "no aclara por ejemplo, que los aumentos futuros no podrían ser inferiores a los que la fórmula ya definió para el primer semestre, ni tampoco plantea siquiera el mantenimiento del poder adquisitivo” (Clarín, 20/12).

La mano en el bolsillo

Que es un recorte drástico en las haberes previsionales lo destacan economistas de todos los colores, quienes simplemente difieren en el monto, pero muestran que el aporte de los jubilados será mayor al de la oligarquía con las retenciones al agro. Así, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que “por la suspensión de la reforma tributaria y de la ley de movilidad jubilatoria, el ejercicio calcula un ahorro del 0,77% del PBI, es decir, el equivalente a unos u$s 3.300 millones” (IProfesional, 20/12).

El monto fijo de aumento está colocado al servicio de licuar las jubilaciones. El adelanto en ese sentido partió del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien dijo que los montos de marzo “permitirán a los que cobran los haberes más bajos”, superar a la inflación (Clarín 23/12).

Y añadió que “el 64% de jubilados percibe 14 mil pesos y unos pocos tienen haberes altos” (ídem). Como el total de jubilados alcanzaba a junio pasado a 5.271.000 beneficiarios, los que quedarían por fuera de “superar la inflación” serían casi 1.900.000, entre los que se ubican mayoritariamente los que están los que cobran la media que oscila en los $27.000, es decir bien por debajo del costo de la canasta del jubilado, que hoy supera los 43.000 pesos y que el gobierno no ubica entre los “más necesitados”.

De que inflación hablamos

Pero, además, si no se respeta la movilidad, quiere decir que la inflación que el gobierno tomaría para el aumento sería la de los respectivos dos primeros trimestres del 2020 y el alza de los precios del segundo semestre del 2019 (27%) no sería compensado. Lo mismo que hizo Macri en el primer trimestre del 2018, cuando se “comió” una cuota de la movilidad del 9,5 por ciento. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que esa suma fija que se aplicará a las jubilaciones estará relacionada "con la evolución de los precios" (Clarín 23/12) que no serán, claro, los que corresponderían por la movilidad derogada.

Quién vive de quién

Otro argumento que han comenzado a utilizar los voceros oficiales y oficiosos del gobierno para justificar el ajuste es que la jubilación “ya no es más un salario diferido”, porque –dicen- una parte de los haberes se paga con dinero proveniente de impuestos. Así, los jubilados serían los grandes culpables del desequilibrio fiscal.

Resulta una forma cínica de esconder que los sucesivos gobiernos han ido licuando los fondos del Anses por la vía de disminuir las cargas patronales (Menem-Cavallo, reducción para las Pymes y, con Macri, baja generalizada a todas las empresas) y que este gobierno no tiene intenciones de revertir. Esto, además de utilizar discrecionalmente la plata del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS), que es dinero de los jubilados, para cubrir los agujeros del Tesoro que dejan los pagos de la deuda.

Pero además, el cinismo está en que tampoco se menciona el enorme agujero que supone para los fondos del Anses el alrededor del 35% de los trabajadores que cobra en negro. Con solo atacar ambos problemas, en los que ninguna responsabilidad tienen los jubilados “adinerados” que cobran por encima de $19.000, los fondos del organismo previsional tendrían un crecimiento mayúsculo, pero no es este tampoco un camino que se plantee recorrer el gobierno.

La política oficial es, por el contrario, según manifestó Moroni, ir a un sistema "sustentable" en el tiempo y añadió que "es por eso que pedimos los seis meses. Queremos que el régimen jubilatorio sea solidario y redistributivo" (ídem). Es decir que con una reducción en los fondos previsionales, que la pirámide se achate hacia abajo y que, sobre la base de este nuevo robo, se arme un fondo destinado a cubrir el déficit y conformar al FMI y a los acreedores internacionales.

No es casual que el diario La Nación –furibundo macrista- apoye calurosamente toda esta política de ajuste del gobierno. Este está aprovechando las mieles de los primeros meses para lanzar esta ofensiva brutal, que acompaña a la que se vuelca sobre los salarios.

Los jubilados y los trabajadores –futuros jubilados- tienen por delante una lucha fundamental por la subsistencia. Hay que defender que se pague toda la movilidad del 2019 y que se otorgue un aumento que recupere el 20% perdido durante el gobierno macrista. Que las jubilaciones y pensiones mínimas cubran la canasta del jubilado. Que se repongan los aportes patronales reducidos por los distintos gobiernos.