Políticas
18/8/2025
El Estado neuquino garantiza la impunidad de los abusadores
El Poder Judicial encubre a los abusadores y revictimiza a las víctimas de ASI durante los procesos judiciales
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Poder Judicial Neuquén.
El Abuso Sexual Infantil (ASI) es un delito de acción pública, una forma de violencia que vulnera la integridad de las infancias y adolescencia, que obstaculiza el desarrollo de las subjetividades y uno de los mayores disciplinamientos de los cuerpos.
Según Unicef, en Argentina, una de cada tres mujeres y uno de cada seis varones han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. En la provincia de Neuquén solo basta con divisar la página oficial del MPF para darse cuenta que los casos de ASI aumentan considerablemente año tras año, a pesar de las innumerables campañas de prevención con diferentes ministerios e iglesias evangélicas. Campañas que se presentan como espacios de escuchas y posibles denuncias, de las cuales muy pocas luego del proceso judicial llegan a una condena firme y de cumplimiento efectivo en cárceles comunes por parte de los abusadores.
Proceso judicial y protocolos extensos que solo buscan aleccionar, callar y revictimizar una y otra vez a las víctimas de ASI y su familia, en cada una de las instancias. Es que las infancias y adolescencias primero son víctimas del victimario y luego de un Estado que no invierte en presupuesto necesario para una atención integral a las víctimas de violencia sexual, sumado a un Poder Judicial misógino y de clase, que desacredita constantemente la palabra de las madres protectoras -y de las propias víctimas de ASI- bajo la concepción de que las denuncias no solo de violencia sexual, sino de incumplimiento de las medidas cautelares, serían bajo la figura del "despecho" o la "animosidad", protegiendo de esta manera a los abusadores.
A tal punto predomina el sesgo patriarcal en la Justicia que son las propias víctimas y familiares las que deben conseguir cada vez más pruebas (fotos, videos, denuncias policiales, actas escolares o certificación de salud mental, entre otras) para demostrar el hostigamiento que sufren y llegar a un agravamiento de medidas o condena firme, afrontando así una pesadilla que parece no terminar.
Llegado el juicio y la condena, la mayoría en la provincia son de cumplimiento domiciliario, debido a la crisis carcelaria que desde la pandemia sigue vigente, más allá de la emergencia y el endeudamiento por parte del gobernador Rolando Figueroa, lo concreto es que no se han construido nuevos alojamientos previstos en la distintas unidades de detención.
Redoblemos los esfuerzos para exigir justicia por todas las víctimas y terminar con la ASI.
Basta de dilaciones en los procesos judiciales que revictimizan a las víctimas de ASI.
Presupuesto para salud, necesario para una atención integral.
Defendamos la ESI, cómo herramienta insustituible para detectar abusos en las infancias y adolescencias.
