Avanza el Plan de infraestructura penitenciaria y en ese marco el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación una serie de terrenos en los distritos de Merlo, Quilmes La Matanza, Moreno y Tigre. Estos serían destinados para la construcción de cárceles y alcaldías.

El primer elemento a poner de relieve es que hay terrenos y presupuesto para dispositivos de encierro, pero para las necesidades habitacionales de los trabajadores no. Vale aclarar también que el hacinamiento de cárceles y comisarías no se soluciona construyendo nuevas unidades, todos los informes de organismos especializados y las experiencias precedentes muestran que los nuevos edificios terminaran hacinando a más población.

Para terminar con este problema deben aplicarse otras medidas y políticas de fondo, desde limitaciones de prisiones preventivas, otorgamiento de los derechos correspondientes a las personas con condenas a punto de finalizar, domiciliarias etc.

En lo referente a las políticas de fondo, la prevención no puede quedar en manos de las propias fuerzas de seguridad, abarrotando los territorios de policías que ya está sobradamente demostrado que no garantizan la seguridad, sino más bien son un engranaje del delito organizado y una herramienta de represión y regimentación en los barrios. Las únicas medidas de fondo que colaborarían a mediano plazo con la disminución de la población carcelaria tienen que ver con que el Estado garantice las necesidades de la población trabajadora y atienda las necesidades más acuciantes de los sectores sociales más golpeados por la crisis. No existe ni un indicio de que el gobierno nacional y provincial tenga esta orientación sino más bien lo contrario.

La represión y el avasallamiento de derechos no han hecho más que profundizarse también dentro de las cárceles. Es así que durante el último fin de semana de octubre se sucedieron una serie de protestas en las cárceles bonaerenses por la prohibición a último momento de las visitas, luego de 7 meses de su suspensión. El jefe del SPB Xavier Areses habría habilitado que se reanuden las visitas pero sin la aprobación ni del ministerio de Justicia ni de Salud, quienes a último momento comunicaron que el protocolo para reanudarlas no estaba aprobado.

Quienes conocen aunque más no sea someramente el mundo de las cárceles sabe que lo más importante para las personas privadas de la libertad son las visitas y es enorme el esfuerzo económico que los familiares de los presos hacen para llegar a las cárceles y llevar todo lo necesario, comida, productos de higiene etc. que no garantiza el Estado. Areses no midió la temperatura de las cárceles pero hasta la fecha no ha pagado el costo.

Estas protestas fueron brutalmente reprimidas y dicha represión fue aprovechada particularmente para la destrucción de los espacios escolares de varias unidades como Varela, Campana y San Martín. En ese sentido tampoco hay responsables ni ha salido un repudio acorde a la gravedad de lo sucedido por parte de las autoridades del programa de educación en contexto de encierro de la provincia.

En la mesa de cogestión entre Justicia y Educación, esta última viene perdiendo por goleada. Tampoco hay precisiones respecto de la reposición de lo destruido o desaparecido, que además siempre es aportado por los docentes que se desempeñan en las escuelas.

Una situación más grave es que aún hay muchos familiares que no saben el paradero de las personas detenidas, es decir, también como castigo por las protestas se han producido traslados que no han sido debidamente informados ni a los abogados ni a los familiares, la palabra que mejor aplica en estos casos es desaparecidos, término que puede resultar impactante pero que no resulta extraño en contexto de encierro, incluso hay versiones que hablan de internos asesinados.

Más allá de la cantinela kirchnerista de que hubo un intento de desestabilización al gobierno de Kicillof, lo cierto es que los responsables siguen en sus cargos y una demostración de la venía con la que cuenta el servicio penitenciario es que la represión aún continúa aislada y silenciosamente en varias unidades, Magdalena es un ejemplo de ello.

Exigimos que se reanuden las visitas con los protocolos y provisión de elementos necesarios para garantizar la salud de los detenidos y sus familiares.

Separación de los funcionarios responsables de la represión.

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