Políticas
17/10/2025
El Estado tilda de “terroristas” a las comunidades mapuche mientras protege al narco y al capital
Persecución política al servicio del saqueo.
Seguir
Corresponsal.
En un salto represivo sin precedentes desde el retorno de la democracia, distintas personas de la Comunidad Lafken Winkul Mapu y de otras comunidades mapuche fueron incluidas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. Ante esta situación, se llevó adelante una conferencia de prensa para denunciar la medida y sus efectos sobre las comunidades.
Esta medida —tomada en septiembre— los coloca oficialmente como “terroristas”, provocando el bloqueo de sus cuentas bancarias, la cancelación de billeteras virtuales, la suspensión de la Asignación Universal por Hijo e incluso la pérdida de una pensión por discapacidad.
Se trata de una política de apartheid financiero y persecución racial que busca quebrar la resistencia de los pueblos originarios y preparar el terreno para el saqueo de sus territorios.
No es un hecho aislado. Es la continuidad del andamiaje represivo que el propio kirchnerismo institucionalizó con la sanción de la Ley Antiterrorista en 2011, bajo el argumento de “adaptar” la legislación a los parámetros del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional). Esa ley, votada por el oficialismo de entonces, habilita a los gobiernos a calificar como terrorismo cualquier forma de protesta social o acción directa que “intente obligar a las autoridades a realizar o dejar de realizar un acto”. Hoy ese instrumento se utiliza contra el pueblo mapuche; mañana será aplicado contra el conjunto del movimiento obrero y popular.
El caso del Lonko Facundo Jones Huala, detenido bajo la acusación de pertenecer a la llamada “RAM”, lo demuestra: se lo persigue por sus palabras, por su identidad y por su liderazgo en la defensa de las tierras ancestrales. El Estado argentino criminaliza la lucha anticolonial y popular bajo el sello del terrorismo.
La hipocresía del régimen alcanza niveles obscenos: el gobierno de Milei no persigue al narcotráfico ni al capital financiero; los premia. Mientras los pueblos originarios son tildados de terroristas por defender la tierra, figuras como José Luis Espert se codean con personajes vinculados a escándalos de narcotráfico y lavado, como Fred Machado, que blanqueó millones bajo la “Ley de Blanqueo”.
El Estado que persigue a comunidades pobres por plantar una bandera o una huerta es el mismo que legaliza el lavado del dinero narco, protege a los evasores y le entrega el país a las multinacionales. Esta ofensiva represiva se articula con la criminalización del movimiento piquetero. El Polo Obrero enfrenta un juicio armado con acusaciones gravísimas, cuyo objetivo es disciplinar a los sectores que enfrentan el ajuste.
La compañera Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero, fue imputada por solidarizarse con la causa palestina, en un contexto donde el genocidio del pueblo palestino cuenta con la complicidad abierta del imperialismo y sus socios locales. El Estado que mira para otro lado ante los crímenes del capital y del sionismo encarcela a quienes luchan contra el hambre, la ocupación y la opresión.
Pero los pueblos no se resignan. En Villa Río Bermejito (Chaco), la semana pasada, una pueblada protagonizada por desocupados, originarios y jubilados enfrentó la represión, echó a la policía de la ruta y conquistó un operativo de ANSES para actualizar las pensiones recortadas. Ese triunfo es una muestra de la potencia popular cuando el pueblo se planta ante el atropello.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina convocó este viernes 17 de octubre a las 10 hs, en la sede de la CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 744, CABA), a una conferencia de prensa para denunciar esta escalada represiva y dar a conocer las acciones legales que se impulsarán, de las que hemos participado junto a Vanina Biasi, Eduardo Bellinoni y compañeros de la Mesa Nacional del Polo Obrero.
Es indispensable que las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, de pueblos originarios y sociales planteemos la necesidad de una huelga general contra este gobierno represor, hambreador y de narcos.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad declaramos:
Abajo la Ley Antiterrorista. No a la incorporación de las comunidades mapuche al Re.PET. Libertad al Lonko Facundo Jones Huala. Cese de la persecución judicial al Polo Obrero y a Vanina Biasi. Fuera Milei. Basta de represión: lxs trabajadorxs tienen derecho a luchar.
El gobierno de Milei, al igual que sus predecesores, utiliza el Estado para garantizar los negocios del capital y criminalizar la protesta de los oprimidos. Frente a su represión selectiva, levantamos una bandera, la solidaridad de clase, la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el Estado del saqueo, del lavado y de la entrega.
