La burocracia de la CGT acaba de arribar a un acuerdo con las cámaras empresarias y el gobierno, para elevar al Congreso un proyecto de ley que “flexibilice las modalidades de contratación” de los trabajadores de las llamadas “pequeñas y medianas empresas” (Pymes) que arrasa con conquistas sindicales y coloca en un estado de total precariedad al trabajador.

Las empresas pueden “contratar” personal y despedirlo sin pagar ninguna indemnización: “No regirá la imdemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo” (art. 88, inc. c).

“El preaviso (por despido) se computará a partir del día siguiente al de su comunicación” (art. 94). Ahora, en cambio, la patronal está obligada a pagar hasta fin de mes (“complemento del mes”) y luego el preaviso y a partir de los 5 años de antigüedad se pagan dos meses de preaviso. Queda en claro que este proyecto no es para crear nuevo empleo sino para abaratar el despido de los “viejos” trabajadores en actividad.

Por otra parte, si la Pyme se declara en “crisis” y pide la aplicación del “procedimiento preventivo de crisis”, será el Estado, a través del Fondo Nacional de Empleo, el que “asumirá total o parcialmente las indemnizaciones respectivas, o financiará acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos” (art. 97). Quiere decir que el gobierno se está preparando para subsidiar los despidos.

Las patronales de las Pymes podrán tomar personal “a prueba” por 90 a 180 días y luego echarlo sin pagar indemnización, ni preaviso.

El acuerdo propina un golpe importantísimo a los convenios colectivos, porque plantea la necesidad de establecer convenios propios para las Pymes (art. 98) o bien que “contenga(n) un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa” (art. 100), lo que significa la división de los convenios únicos por industria. Los trabajadores de las Pymes no podrán beneficiarse de la unidad con sus hermanos de clase de las grandes empresas para obtener condiciones dignas de trabajo.

Pero lo más importante es que se autoriza a que la burocracia y las patronales puedan revisar en los convenios colectivos conquistas como el pago del aguinaldo (que podrá ser fraccionado en por lo menos 3 partes); el período y la modalidad de las vacaciones; la extensión de la jornada laboral (que podría extenderse hasta 12 horas diarias por “necesidades de la producción”, sin pagar extras); etc. Es decir que deroga prácticamente el piso mínimo que otorgaban las leyes en vigencia (Ley de Contrato de Trabajo, etc.). Está claro que no se pretende disminuir la desocupación —para lo cual habría no que alargar la jornada de trabajo, sino acortarla, sin afectar el salario—, sino aumentarla todavía más.

Un ataque a toda la clase obrera

Este no es sólo un golpe a los trabajadores de la pequeña empresa. Los burócratas alegan que estas condiciones regirían para las empresas de hasta 40 obreros. Pero el artículo 83 autoriza a que “las pequeñas empresas que superen (las) condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de 3 años (!) siempre y cuando no dupliquen el plantel”. Es decir que el acuerdo, de entrada, alcanza a las empresas de hasta 79 operarios. En el número anterior de Prensa Obrera, el militante y sindicalista gráfico, Néstor Pitrola, denunció que un sector de las patronales del sector (Tabaré, Conforti, Indugraf, etc.) estaban seccionando sus empresas en varias “Pymes” para acogerse a este régimen antiobrero. Es más, el proyecto de ley plantea que las Pymes pueden conformar “sociedades anónimas” entre “socios protectores” (grandes empresas) que tengan el 49% de las acciones y una serie de Pymes, que tendrían el 51% restante, con el objetivo justificado de acceder a créditos subsidiados por el Estado. Esto favorece el proceso de “tercerización” por el cual las patronales forman empresas subsidiarias donde se incrementan los ritmos de trabajo y explotación y encima reciben exenciones impositivas y crediticias. Es un “caballo de Troya” para todo el movimiento obrero.

La Nación (26/1) le dedicó un editorial para resaltar que este proyecto para las Pymes exceptúa parcialmente “del cumplimiento de las normas laborales y aun de los convenios colectivos” y lo señala como un valioso precedente para ser extendido al resto de las empresas.

El representante de la gran patronal industrial (UIA) ha “protestado”, porque pretende extraer nuevas “conquistas” patronales y antiobreras en el debate parlamentario .

Caro Figueroa se comprometió a que en la próxima semana “comenzarán las negociaciones con los empresarios y la CGT para remover la ley 14250 de Convenciones Colectivas de Trabajo” (La Nación, 20/1). Lo cierto es que Menem ha reclamado al Congreso que, junto con este proyecto para las Pymes, salga todo el paquete antiobrero pendiente (ley de accidentes de trabajo, ley de quiebras, etc.).

El propósito de este proyecto no es crear nuevo empleo, sino abaratar los costos del despido masivo de trabajadores.

Todo el movimiento obrero debe repudiar este proyecto y pronunciarse contra él, denunciando la traición de la cúpula cegetista (que naturalmente ha recibido sus coimas por ello).

Movilización y huelga general para frenar el paquetazo antiobrero.