En el reciente Congreso Nacional de Comunicaciones, convocado por las directivas de Foetra y Foecyt, participaron el agregado laboral de la embajada yanqui, John La Massa, y el representante de los capitanes de la industria en el holding, Enrique Olivera. En este marco, el secretario de Comunicaciones del gobierno radical, Juan Ciminari, «elogió la disposición laboral de discutir la privatización del área de comunicaciones” y afirmó que “resulta positivo que los gremialistas hayan aceptado sentarse a discutir una política para la participación del sector privado en las empresas estatales” (Clarín, 28/4).

El elogio esta sólidamente fundado. Guillán y Baldassini montaron un verdadero Congreso de la entrega del patrimonio nacional en beneficio de un puñado de financistas y grandes pulpos, un congreso de la superexplotación obrera y de la expoliación de los usuarios. Por eso invitaron a Gallo, administrador de Entel, a Ciminari, del equipo del privatista Trueco, a Olivera, al embajador yanqui y a las cámaras empresarias y partidos patronales, y por ese mismo motivo excluyeron a los trabajadores telefónicos y telepostales y a la izquierda.

La conclusión del Congreso: la entrega de Entel y Encotel

“Funcionarios gubernamentales, sindicalistas y empresarios de las comunicaciones acordaron un documento que propone que Entel sea una empresa de capital mixto, con la incorporación a la propiedad y la administración de trabajadores, usuarios, proveedores y representates de gobiernos provinciales y municipales”. (Clarín, 2/5}.

Demasiadas palabras para un negocio de miles de millones de dólares.

Para transformar a Entel en empresa de capital mixto es necesario capital, que no es precisamente lo que poseen los trabajadores. La posibilidad de que éstos se apropien de Entel es la misma que tienen de apropiarse de la Esso, de la Ford o de Bunge y Born, es decir ninguna. El impedimento no es jurídico sino económico, depende de la posesión del capital. Guillán podrá conseguir infinidad de concesiones jurídicas, nunca podrá lograr que los trabajadores se transformen de conjunto en propietarios de capital. Para que los que producen la riqueza nacional también se transformen en dirigentes de la economía en necesario expropiar al capital y transformar a la economía nacional en una empresa colectiva.

El proyecto “participativo y democrático” aprobado en el Congreso se reduce a proponer que los usuarios (capitalistas) y los contratistas que lucran con Entel, se apropien del sistema de telecomunicaciones. En nombre de los “usuarios” intervendrán los bancos y financieras, y en nombre de los contratistas, ITT, Nissan, Siemens, Ericsson o Thompson, todo lo demás es verso.

El empeño por convertir a los trabajadores en accionistas de Entel “mixta” puede transformarse en un colosal factor de confiscación salarial. Una parte de los salarios dejaría de pagarse en dinero, el cual sería sustituido por acciones, lo que daría a los capitales que controlen el negocio una financiación “rápida» y “barata”.

El monopolio capitalista está formado por un conjunto de relaciones, al que los trabajadores no tienen acceso, y que constituye el meollo de la dominación y explotación del capital. Nos referimos al monopolio bancario, tecnológico y comercial; fuera de esto no hay negocio capitalista. Pretender que el aporte de una fracción de su salario introduce al trabajador dentro de este monopolio es una monumental farsa, y, peor, una confiscación de ese salario, que solo puede ser aprovechado por los monopolistas.

Pero de lo que realmente importaba, en el congreso, no se dijo una palabra, algo completamente lógico, por otra parte. Es que lo único que interesa aquí es el precio de remate que se pondrá al monopolio de las comunicaciones que tienen hoy Entel y Encotel y las relaciones laborales que exigen los monopolios que se van a beneficiar de la operación. Esto es un secreto de marca mayor, lo que solamente puede explicarse por los perjuicios que entrañará para el país y para los trabajadores.

Por la independencia de clase

El Congreso certificó la voluntad de la burocracia de ir a fondo en la asociación con el capital nacional e imperialista. En esto no hay diferencias entre el ex-preso político Guillán y el desmemoriado Baldassini, colaborador de los genocidas de la dictadura. En este sentido, el Congreso de Comunicaciones ha sido una “prueba piloto” de la burocracia: no será extraño que la UF convoque un Congreso del Transporte o el SUPE un Congreso del Petróleo para discutir su participación en la privatización de los ferrocarriles e YPF.

Este es el camino del pacto social: la entrega del patrimonio nacional y la superexplotación obrera. La intima asociación entre la burocracia, el Estado y los patrones hará más dura aún la lucha de la clase obrera contra la confiscación salarial y los despidos. Es por esto que hoy está planteada en toda su magnitud, la construcción de agrupaciones clasistas y revolucionarias, contra el Pacto Social y por la independencia política de la clase obrera frente a los explotadores.