Exultantes, Martín Guzmán y Alberto Fernández brindaron una conferencia de prensa para anunciar, juntando desde Cristina Kirchner a referentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta, que el canje de la deuda externa acordado con los bonistas obtenía una adhesión del 93,5% (lo cual acciona las cláusulas de acción colectiva, elevando el porcentaje al 99%).

La reestructuración de la deuda fue así celebrada casi como un hecho histórico, o al menos como el hito fundante del gobierno, que trazó la “salida del default” como el objetivo primordial desde su asunción. Más bien, es el primer paso del acuerdo que se teje con el FMI. Ahí se fijará el “plan económico”, es decir la hoja de ruta para garantizar el repago de la deuda.

Por supuesto, el discurso oficial es que el “alivio” alcanzado con este canje permitirá a la Argentina “crecer”, y así hacer frente a los vencimientos, que suman en las próximas dos décadas cerca de 95.000 millones de dólares. Esto es casi cuatro veces todo lo que recaudó el Estado nacional en el primer semestre del año. Por este motivo, algunas consultoras de centros financieros internacionales consideran que “Argentina no va a incumplir sus obligaciones en los próximos cuatro años, porque tiene muy poca deuda que saldar. Pero después del quinto año… todas las apuestas se han terminado” (Financial Times, 31/8).

Guzmán afirmó en la conferencia de prensa que el alivio permitirá manejar el presupuesto público de manera de estimular la reactivación de la economía nacional. En ese marco, informó que el Presupuesto 2021 -que en dos semanas será presentado en el Congreso- contemplará un déficit fiscal equivalente  al 4,5% del PBI. Esto, sin embargo, implica reducir en más de la mitad el rojo de este año, y ello cuando los distintos sectores de la clase capitalista reclaman beneficios, sea vía subsidios en el caso de la industria, sea mediante una rebaja impositiva en los sectores que exportan. Para 2022, a su vez, el FMI reclama que se alcance el equilibrio fiscal. ¿Por dónde se achica entonces el déficit?

No habrá sorpresas en el plan fondomonetarista. Según Marcelo Bonelli, se habría filtrado un paper confidencial después de la reunión virtual de los funcionarios argentinos con el organismo, en el que se detalla la receta. Ahí se incluye, además del plazo de dos años para equilibrar las cuentas fiscales, la ejecución de una reforma tributaria, modificar el régimen jubilatorio para volver a una fórmula de ajuste de haberes atada principalmente a la recaudación, y una reforma laboral (Clarín, 29/8). Parte de este plan ya empieza a asomar, con la medida de eximir a las patronales de los aportes previsionales, de manera tal que serán los fondos de los jubilados los que cubran las subsidios al capital. Lo mismo vale para el objetivo de incrementar la base de contribuyentes que pagan Ganancias, es decir extender la cantidad de asalariados alcanzados por el gravamen.

Es por este motivo, es decir por el golpe brutal que este programa implica para los trabajadores del país, que Alberto Fernández aseguró que el acuerdo con el Fondo pasará para su aprobación por el Congreso. Lejos de un interés por la “transparencia”, la estrategia es que todos los bloques políticos dejen sus huellas dactilares en semejante compromiso. Es la misma razón por la cual cuando Fernández comunicó que se había alcanzado el pacto colonial con los bonistas “cometió la infidencia” de hacer público que quienes más habían bregado por aceptar los condicionantes del los BlackRock fueron Cristina Kirchner y Roberto Lavagna. Ahora el objetivo es sumar al “consenso” al resto de la oposición patronal. Alumbraría así una unidad (anti)nacional para garantizar el repago de la deuda. Esta unidad tendrá sus sillas para la burocracia sindical y el triunvirato piquetero, en nombre de un “acuerdo social y productivo” para liquidar las paritarias y bloquear los conflictos en medio de un tendal de despidos.

Con todo, es completamente falso que ello servirá para decir “nunca más” a las crisis de endeudamiento. En primer lugar, porque no es cierto que el último programa con el FMI haya sido exclusivamente macrista, ya que fueron los votos del peronismo los que permitieron aprobar el Presupuesto 2019 dictado por el Fondo Monetario. Más aún, este luego fue prorrogado por el actual gobierno. En segundo término, el programa de ajuste que impondrá el organismo, y el pago de la deuda fraudulenta en su conjunto, será una losa para la economía nacional, porque consumirá lo que quede del “ahorro”nacional.

Pero hay más. La caja no alcanza para satisfacer todos los reclamos patronales, y son unos pocos los rubros que el gobierno piensa estimular. Gran parte de la industria seguirá su curso recesivo, simplemente porque su reactivación implicaría incrementar la importación de insumos, lo que haría que se escapen dólares. Los mimados por Fernández-Guzmán serán las petroleras, para evitar tener que importar gas el próximo invierno, y la exportación agraria, que brega por quedar exenta de retenciones y Ganancias. En conclusión, los estímulos oficiales irán a parar al bolsillo de pulpos imperialistas hidrocarburíferos y exportadores.

Estamos ante una nueva tentativa de saqueo nacional, que implicaría barrer con los derechos de los trabajadores. Para enfrentarlo, la tarea de la hora es desarrollar una oposición obrera y popular a la unidad antinacional fondomonetarista.