La Corte falló en contra del gobierno en lo que respecta al índice que debe aplicarse en la actualización de los haberes de los años de trabajo que se toman para fijar el monto de la jubilación inicial. La diferencia entre el que avaló la Corte (Isbic) y el que impuso el ANSeS (Ripte) es enorme: “trasladado a la liquidación final, el cálculo con el Ripte es una merma del 40,45 por ciento”, dijo Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires (Página 12, 18/12). El titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, presentó un voto de minoría.

El fallo supone un golpe para el gobierno que trató por todos los medios de que el tribunal postergara sin plazo la definición sobre el tema o que, como fundamentó una de las integrantes de la Corte -Elena Highton de Nolasco- los efectos del fallo se limitaran solo al caso concreto que estaba a consideración. 

Límites y maniobras oficiales

De todas maneras, en el fallo, la Corte fija una primera limitación. Plantea que el Congreso establezca cuál es el índice definitivo a aplicar y, solo hasta que eso suceda, seguirá utilizándose el que dispone el fallo dado a conocer hoy. Esto cuando fue la propia Corte la que definió hace varios años que el Isbic era el indicador a aplicar en los reclamos previsionales.

Además, no habilita las demandas de jubilados que ya aceptaron la Reparación Histórica, cerrando así toda posibilidad de reclamo para aquellos que debieron transigir con esa estafa, por razones de edad, de salud o por una necesidad imperiosa de tener una mejora en sus haberes, aunque fuere la miseria que se recibe por ese mecanismo.

En cuanto al índice, el tribunal plantea que el ataque al sistema jubilatorio pase por un acuerdo político en el Parlamento que lo santifique. Para eso el gobierno espera contar con la voluntad de los legisladores de las gobernaciones dirigidas por el PJ, que ya se han mostrado proclives a apoyar las modificaciones que el Ejecutivo pretende en el terreno previsional.

Pero la Corte, con este fallo también esconde que, por ahora y sin fecha, cajoneó otro que afecta a los 18 millones de jubilados. Es el que fue cuestionado por una Cámara de la Seguridad Social en su validez constitucional por el cambio de índice realizado a principios de marzo pasado, cuando el ANSeS actualizó las jubilaciones un 5,6% y correspondía un aumento del 14,6% de acuerdo a la ley anterior que estaba en vigencia ya que el incremento correspondía a las variaciones del semestre previo.

De todas maneras quedan como un serio problema para el gobierno los más de 150 mil juicios que deberán ser liquidados con la utilización del Isbic. Respecto de ellos, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, planteó ayer “que no deberían tener impacto desde el punto de vista fiscal y económico en las arcas este año y en los próximos”.

Clarín decía ayer que el Gobierno, “en el caso de un pronunciamiento de la Corte sin limitaciones por el índice más favorable a los jubilados, haría lo posible por dilatar los pagos al menos hasta 2020”.

Es decir que el fallo no supondrá una solución para esos centenares de miles de beneficiarios que desde hace años litigan contra el ANSeS por sus haberes mal liquidados. Esto porque el gobierno plantea postergar por años la efectivización de la mejora y el pago del retroactivo correspondiente. Es lo que dice Sica con el mayor de los descaros.

¿Sin fondos?

El caso sobre el que falló la Corte es el del jubilado Luis Blanco, que reclama por la correcta actualización de sus haberes, pero en su situación hay, en la Corte, otros 11 mil expedientes que podrían ser alcanzados por la sentencia. Y, en proceso judicial, en distintas instancias, hay otros 150 mil casos iguales o similares, según estiman los especialistas.

Las palabras de Sica indican que la política oficial consistiría en mantener los fondos ya destinados al pago de los fallos judiciales por actualización de haberes. Trascendió que en total se trataría de no más de 40.000 casos para el año próximo –para los cuales se destinarían algo más de $34.000 millones-, es decir que deberían pasar cuatro años para que se paguen solo los juicios similares al de Blanco, plazo que podría extenderse con la excusa de que “el sistema está quebrado”, según dijeron off de record y sibilinamente a la prensa funcionarios oficiales.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno sostiene una política de desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones, no solo porque mantiene –como lo hizo el kirchnerismo durante 12 años- la rebaja de los aportes patronales decidida por Domingo Cavallo cuando era ministro, sino que Macri avanza con una baja progresiva mayor de esos aportes.

Ataque a los jubilados

Además, la excusa del “quiebre” en el sistema jubilatorio seguramente será utilizada por el gobierno para volver a la carga con la reforma previsional que, entre otras cosas, pretende incluir la suba de la edad jubilatoria para hombres y mujeres a los 70 años.

En este terreno, Cambiemos ha tenido el guiño favorable de los gobernadores del PJ y solo se postergó por el temor a que se repitieran las enormes movilizaciones de diciembre del año pasado.

Al mismo tiempo, el gobierno con el apoyo opositor instrumentó un mecanismo de actualización de los haberes que tiende a pulverizar su poder adquisitivo. Así es que este año el ingreso de los jubilados caería cerca de 20 puntos respecto de la inflación.

El camino explicitado por el gobierno es que los haberes pasen a ser una mera asignación social y que los trabajadores –que estén en condiciones- deban asegurarse su futuro jubilatorio con una aportación a fondos privados.

Está planteada una dura pelea por el mantenimiento del sistema previsional, lo que plantea una lucha común de trabajadores y jubilados, ya que el golpe los afecta por igual.