La Ley de Emergencia Social ha entrado en su declinación definitiva, tal como lo han reconocido los dirigentes de las organizaciones impulsoras, componentes del llamado “triunvirato papal” (Barrios de Pie, Movimiento Evita-CTEP, CCC). “Las tres organizaciones dijimos que no queremos sacar una ley para que el Presidente la vete, lo que queremos es que el oficialismo se siente a discutir para sacar una ley consensuada”, planteó el dirigente de la CCC a nombre del resto, luego de la última reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Como el gobierno ha puesto el acento en que ninguna ley puede crear un millón de empleos y carece de los recursos para armar un sucedáneo, todo va camino a una muerte del proyecto o de una ley de “acuerdo” en la que quede en pie lo que al gobierno pueda interesarle.

 

Cooptación por ley

 

La propia ministra expresó su interés en viabilizar lo que es el corazón del proyecto: la creación de un Consejo de la Economía Popular, bajo jurisdicción del Ministerio de Trabajo y de carácter consultivo, cuya finalidad sería recomendar “políticas públicas concernientes al ámbito de la Economía Popular”. Lo integrarían “hasta tres” representantes de las organizaciones sociales (curiosamente, son tres las organizaciones que están urdiendo está cooptación institucionalizada). Es un planteo de estatización del movimiento de lucha de los desocupados. Replica la Mesa de Diálogo de 2002, creada a instancias de la Iglesia junto al Estado, el empresariado, la CGT y “tres” ONG, a cargo de los planes sociales. Trece años después, el papel de las ONG, en la nueva versión, es reemplazado por las organizaciones en vías de cooptación.

 

El millón de puestos de trabajo, una coartada

 

Daniel Meléndez, dirigente de Barrios de Pie, ha planteado sin ambigüedades la función del proyecto de ley: “Seguiremos negociando atados a lo que pase con la ley de Emergencia Social”. Lo del millón de puestos de trabajo es marketing, mientras se negocia “en concreto” con el gobierno (incluso, en la propia ley se plantea que el millón de puestos sea “bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo”, que es un programa aún no habilitado y sin monto de retribución establecido).

 

El gobierno tiene todas las cartas en la mano para dirigir la “negociación”: propone elevar a 4.030 pesos el ingreso por el Argentina Trabaja (una quinta parte de la canasta familiar), un bono de fin de año de 2.030, 1.000 por hogar para familias que reciben la AUH más 250 pesos por cada hijo. Pero a condición de que haya un acuerdo de conjunto, lo que hizo que las organizaciones sociales colaboracionistas pasen de reclamar la vigencia de la Emergencia Social, a que el Presidente “no la vete” -es decir, a conformarse con lo que haya.

 

Fraude

 

El Salario Social Complementario, que forma parte del proyecto, es otro aspecto del fraude. Ese salario se determinaría “en un plazo no mayor a 180 días luego de su conformación” y previa determinación de los “lineamientos” para un índice de canasta popular, lo que llevaría un año, en el mejor de los casos. La frutilla del postre de este engaño es que las organizaciones que apadrinan la Emergencia Social ni siquiera plantean la consigna de 7.560 pesos (salario mínimo legal) ya para todo trabajador del Argentina Trabaja, como base de un plan de lucha de conjunto.

 

Fractura y lucha de clases

 

El proyecto reivindica a una “economía popular” que legaliza la precarización crónica de una parte de la clase obrera. Es la expresión de una tendencia internacional que presenta a estos trabajadores como “emprendedores”, después de ser privados por el capitalismo de la posibilidad de conseguir los medios de vida, ya no de manera cíclica, como en su etapa de ascenso, sino de por vida. La burguesía no tiene interés alguno es suprimir la desocupación porque necesita de un “ejército de reserva” para disciplinar a la clase obrera.

 

La Emergencia Social forma parte de la política de contención del movimiento de lucha de la clase obrera, armado junto a la burocracia de la CGT y que llevó a la liquidación del paro nacional activo, a la “parlamentarización” de las luchas y a una tregua lubricada con la entrega de fondos a las obras sociales de los sindicatos.

 

A un mes del aniversario del Argentinazo, lo que corresponde es un plan de lucha por la reivindicaciones genuinas del movimiento piquetero: reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario, seguro al parado equivalente al 75% de la canasta familiar, aumento del Argentina Trabaja y de la AUH de acuerdo con el ascenso del costo de vida desde su implantación, pase a planta.