La Convención Constituyente ha incorporado a la Constitución Nacional, en el capítulo “Nuevos Derechos y Garantías”, artículo 43, un nuevo “derecho”: “Toda persona podrá interponer esta acción (acción expedita y rápida de amparo) para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos”.

Este “nuevo derecho” legitima el espionaje interno, que hasta ahora era considerado ilegal, inconstitucional y antidemocrático —algo así como una violación de domicilio en la intimidad y de la libertad de movimiento. El “habeas data”  permitirá al ciudadano “corregir”  los “errores” de información recogidos por los alcahuetes pagos de los “servicios”.

La nueva Constitución otorga así un marco legal a la actividad de espionaje que, computación mediante, se ha incrementado brutalmente. También se ha legalizado el mercado de las agencias de investigaciones, que podrán seguir a cualquier ciudadano en función de completar los “bancos de datos privados destinados a proveer informes”. Todo esto será en buena ley, porque la constitución “asegura” a los ciudadanos el “derecho” a pedir esos datos y a corregirlos, pero  no pueden impedir ser fichados, seguidos y estudiados por los “bancos de datos”.

Este “nuevo derecho” fue saludado por el conjunto de los partidos políticos como una gran “adquisición para la democracia”, al decir de Rébora, constituyente por el Frente Grande de Córdoba. Lo que revela no sólo el carácter profundamente reaccionario de la Constitución, de la Convención Constituyente y de los constituyentes, sino también que el “Estado moderno” no es otra cosa que aquél que vulnera abiertamente la libertad, independencia y privacidad de los ciudadanos.

Una radio cordobesa hizo una encuesta entre varios políticos para conocer su opinión sobre el “habeas data” y todas las voces fueron de elogios, a pesar de que el periodista se encargaba de hacerles conocer las limitaciones que tendría su aplicación (¿a quién pedirle los datos?, ¿cuántas fichas con datos puede haber?, ¿cómo asegurarse que se hizo la corrección reclamada?).

El único que puso de manifiesto el real alcance del artículo fue el Partido Obrero.