La sesión del miércoles 30 en la Legislatura fue escenario de debates que caracterizan a las fuerzas políticas frente al desastre recurrente de las inundaciones en la provincia. En primer lugar se votó el endeudamiento de 1.185 millones de pesos que se sumarían a la primer partida de 1.973 millones votados en 2013 para algunas obras hídricas en la ciudad de La Plata.

 

Más deuda, las mismas obras

La diputada del sciolismo Valeria Amendolara dijo que la nueva ley promueve el endeudamiento como parte de un nuevo esfuerzo para que no se repita el desastre de 2013, lo cual será fruto de "la participación popular". Amendolara dice esto a pesar de que las organizaciones de inundados de La Plata han denunciado sistemáticamente que las obras previstas son absolutamente insuficientes para defender a la ciudad de una lluvia como la de 2013. Esto fue explicado hasta el cansancio en la audiencia pública que presidieron Amendolara y José Ottavis, vicepresidente de la Cámara, en 2014.

 

En las "veedurías ciudadanas" que funcionan con el Ministerio de Infraestructura, las asambleas han denunciado los incumplimientos de los plazos de las obras (a dos años de empezadas, el gobierno declara haber completado un 50%, pero las asambleas calculan un 30), así como errores previsibles en los planes de obras que ahora son esgrimidos como escusa para volver a presupuestarlas de nuevo, parcialmente. O sea que el sciolismo ha presentado como deliberación popular su ninguneo constante a la elaboración de las organizaciones de inundados.

 

Desde la oposición, fue casi unánime el apoyo a esta nueva deuda para las mismas obras. Juan Cosino, del Frente Amplio Progresista, declaró sentirse "autor compartido" del proyecto como fruto de la Comisión Bicameral de control de las obras, que integra su bloque. Los informes de esa Comisión son coincidentes con la versión oficial. Otros, como Jorge Sarghini, del Frente Renovador, hizo una aguda denuncia de la manipulación de licitaciones, el incumplimiento de los plazos de obras y la falta de salidas de vivienda para quienes deben ser relocalizados para realizar las obras. Sin embargo, Sarghini y su bancada votaron a favor del endeudamiento pedido por Scioli, lo cual equivale a habilitar a sabiendas el derroche de los fondos públicos.

 

Guillermo Kane, diputado del FIT, rechazó el endeudamiento por ser una nueva hipoteca, por ser el mismo plan de obras ya incumplido por el Ejecutivo y reclamó que las obras sean colocadas bajo control de comisiones de trabajadores y vecinos afectados, como lo plantea el proyecto de ley presentado por nuestra bancada, como única garantía contra la corrupción y desidia oficial que lleva a nuevos desastres.

 

En defensa de los humedales

A instancias del FIT se discutió en la misma sesión el problema de la Ley de Bosques. El gobierno de Scioli ha enviado a la Legislatura una adecuación a la ley nacional que ha armado una zonificación a medida del avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre los humedales nativos en las costas de toda la provincia. Es lo que pretenden para avanzar en la autopista portuaria hacia Ensenada, para el emprendimiento de Techint llamado Costa del Plata en Quilmes y Avellaneda, que Ferraresi y el "Barba" Gutiérrez vienen promoviendo hace años. El organismo del Ejecutivo a cargo de presentar esta ley, el Organismo Provincial por el Desarrollo Sustentable (OPDS) maniobró para que no se logre discutir en condiciones reales la ley en las audiencias públicas realizadas obligatoriamente, como han denunciado todas las organizaciones que intervienen en el tema. Esta ley fue votada en un trámite exprés por todos los bloques del Senado provincial.

 

Elaboramos una resolución que plantea, entonces, la necesidad de realizar una audiencia pública organizada por la Cámara de Diputados antes de que se pueda aprobar la ley, citando a las asambleas, organizaciones ambientales y profesionales que vienen defendiendo los humedales contra los negocios capitalistas. Nosotros impugnamos el proyecto, que es un retroceso con respecto a la protección que se establece a nivel nacional en su texto y también en las zonas protegidas. Si bien se rechazó el tratamiento sobre tablas y el proyecto fue enviado a comisión, el FAP y el FR, que en el Senado votaron el proyecto del Ejecutivo, en la sesión apoyaron nuestra resolución. El FpV eligió guardar silencio sobre el proyecto elaborado al servicio de los Techint y los Constantini.