Los diputados Romina Del Plá (Partido Obrero) y Nicolás Del Caño (PTS) presentaron hoy su propio proyecto de ley de expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del holding y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.

El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece una férrea defensa de la continuidad laboral y el cobro integral de los salarios para el total de los trabajadores, así como la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa, “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una Comisión investigadora –electa por los trabajadores- para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación sobre todos los ilícitos y maniobras fraudulentas comprometidos.

La estatización bajo control obrero no alcanza a los pasivos (que serían un rescate de la deuda empresaria), pero dispone un plan de devolución de la deuda contraída con la masa de productores agropecuarios que aún continúa impaga. Finalmente, inhibe y declara sujetos a embargo los bienes y fortunas personales de los accionistas para que dichos recursos se destinen al resarcimiento al fisco nacional, provincial y local y la banca pública por el dinero sustraído y las deudas contraídas con éstos.

Romina Del Plá, primera firmante y autora del proyecto, declaró: “No se conoce aún el proyecto oficialista, pero los anuncios realizados hasta el momento nos alertan sobre la posibilidad de un rescate encubierto de los defaulteadores, como ya vimos que ocurrió con Repsol (indemnizada por U$S 5.000 millones). Por lo pronto, trascendió que el gobierno argentino le habría propuesto a los fondos de inversión entregar un bono atado a las exportaciones agrícolas –que sería el telón de fondo de la medida, para que los ingresos y los dólares de la explotación de los activos del grupo Vicentin, vayan a pagar la deuda y no a promover un desarrollo independiente ni tampoco a la satisfacción de las necesidades populares”.

“En contraposición, desde nuestras bancas luchamos por recuperar el complejo agroexportador de las manos de las empresas parasitarias que defraudan y depredan los recursos humanos y naturales. Reclamamos que el Congreso trate este proyecto de ley y lo ponemos a disposición para debate de las asambleas obreras, cuya organización es el corazón de nuestro planteo de salida a la crisis abierta en Vincentin y en tantas empresas del país”.

Proyecto de ley

ARTÍCULO 1º Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los activos de la empresa VICENTIN S.A.I.C y VICENTIN FAMILY GROUP.

ARTÍCULO 2: Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding..

ARTÍCULO 3: Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de VICENTIN SAIC, VICENTIN FAMILY GROUP y firmas dependientes de ambos grupos societarios. Quedan expresamente garantizados los puestos de trabajo, salarios integrales sin mengua alguna y condiciones laborales de los Convenios Colectivos de Trabajo, de la totalidad de los trabajadores y empleados de las firmas mencionadas.

ARTÍCULO 4: La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado Nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores. Su directores y gerentes no podrán percibir un salario mayor al máximo establecido en el convenio de los trabajadores aceiteros. La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con la masa de productores agropecuarios que aún continúa impaga, al igual que eventuales deudas que existieren sobre las cargas sociales de los trabajadores.

ARTÍCULO 5: Se dispone la eliminación del secreto bancario y la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para verificar las eventuales maniobras delictivas contables o crediticias que se habrían realizado contra el pueblo de la Nación

ARTÍCULO 6: Se constituirá una Comisión Investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden. Al mismo tiempo realizarán todas las acciones necesarias para contribuir a la investigación penal de los presuntos ilícitos que habrían realizado los directivos de las empresas mencionadas en el artículo 3 de la presente ley, así como también los funcionarios que habrían avalado este vaciamiento. Esta investigación de ilícitos y maniobras fraudulentas, varias de ellas ya denunciadas por el Directorio del Banco Nación deberá abarcar todas las maniobras de tipo financieras realizadas que condujeron a la quiebra fraudulenta de las empresas, como así también a toda operatoria fuera de la ley que se hubiera concretado mediante sociedades radicadas en el exterior para burlar la legislación nacional que rige exportaciones e importaciones. La Comisión Investigadora tendrá acceso irrestricto a toda la documentación pertinente tanto de los bancos y financieras involucradas como de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe y las instituciones u organismos que correspondiere.

ARTÍCULO 7: Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado al resarcimiento al Estado nacional, el fisco nacional, provincial y local y la banca pública debido al dinero sustraído y las deudas contraídas con éstos por parte del grupo empresario.

ARTÍCULO 8: De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La crisis por el default de Vicentin ha llegado a su punto más alto, comprometiendo miles de puestos de trabajo vinculados a la agroexportadora y el propio patrimonio de la empresa.

La intervención anunciada por el gobierno de Alberto Fernández, quien personalmente comunicó que se enviará un proyecto de ley al Congreso declarando a la empresa concursada de utilidad pública y sujeta a expropiación, no fue clara en torno a la preservación de los puestos de trabajo de los 7.000 trabajadores que dependen de la propia Vicentin. Tampoco se conoce aún la “letra chica” del proyecto en cuestión, sino que por ahora lo que tenemos es un interventor designado, Gabriel Delgado, y que la empresa pasa a depender de YPF S.A., mediante YPF Agro.

La quiebra de Vicentin se trata del mayor default privado desde 2001. Del default de un pago de U$S 350 millones en diciembre, pasó a una convocatoria de acreedores en febrero, luego de que fracasara el acuerdo preventivo extrajudicial que había propuesto (pagar el 30% de la deuda ahora y el resto en 2027) que los acreedores calificaron de “irrisorio” – con una deuda estimada en U$S 1.350 millones de dólares. De ellos, $18.000 millones fueron contraídos con el Banco Nación en un caso absolutamente escandaloso de “capitalismo de amigos” bajo la gestión de González Fraga durante el gobierno de Macri, lo que ha dado origen a un voluminoso expediente judicial. El grupo Vicentin fue el principal aportante de la última campaña presidencial de Mauricio Macri, y, pese a que estaba demostrado que no se iban a poder pagar, estas maniobras crediticias se realizaron después de las elecciones primarias de agosto de 2019 cuyo resultado auguraba el fin de ese gobierno.

En los últimos tiempos el apalancamiento mediante la toma de deudas le permitió a Vicentin expandirse tremendamente: “posee, junto con Glencore, Renova, la fábrica de aceite más moderna y eficiente del mundo, el frigorífico Feriar, Algodón Avellaneda, Arsa, que maneja los yogures y postres que le compró a Sancor, además de oleagionosa San Lorenzo. Es dueña del Puerto Público de Rosario (…) bodegas (…) Y hasta tiene Renopack, una planta de envases para los aceites que elaboran desde Molinos (…) a Marolio” (Clarín, febrero de 2020). La diversificación llegó a la industria del cine, con una productora que realizó la película “El padre Jorge” (12/02). Contabiliza además sociedades en Paraguay, Brasil y España.

Vicentin comparte con la empresa suiza Glencore la propiedad de la citada Renova, que posee plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes. Renova es propiedad de Vicentin Family Groupe, una sociedad separada de Vicentin S.A.I.C. que acaba de ser intervenida por el gobierno de Fernández. Glencore ya es dueña del 66% de Renova y quería el otro tercio hasta que se declaró la pandemia y cambiaron las cosas. Por un lado EE.UU. cerró definitivamente la importación de biodiesel con aranceles proteccionistas estrafalarios y por otro lado cambió el mercado mundial. Todo indica que la intervención no abarca al conjunto del grupo y sus propiedades.

La facturación anual de este verdadero pulpo fue calculada en 4 mil millones de dólares, en tanto que el holding se divide en dos sociedades distintas, Vicentin Family Group y Vicentin SAIC.

Junto con la toma de deuda bancaria, Vicentin amasó su fortuna especulando con la compra venta de granos. Por un lado, bajo el mecanismo “precios a fijar”, por el cual “el productor por intermedio del corredor de granos entrega la mercadería y resuelve toda la operación pero sin cerrar el precio. La empresa recibe el grano, lo procesa, lo exporta, incluso lo cobra y recién luego lo paga al productor” (Letra P, 6/12/19). Es precisamente este último eslabón el que estalla sistemáticamente, las empresas “trabajan” el dinero financieramente antes de pagar, el problema llega cuando hay que fijar el precio y pagar en un país con megadevaluaciones y serios problemas financieros. Antes que Vicentin, habían defaulteado varias corredoras de granos importantes, como BLD. Por la cesación de pagos del pulpo, unos 2 mil productores directos quedaron meses sin cobrar.

El otro negociado de Vicentin consistía en blanquear soja, es decir, compraba porotos “en negro” o no declarados ante el fisco a menor valor. Según denuncian especialistas, una de sus principales proveedoras era Las Pircas SA, sobre cuyas autoridades radica un pedido de detención por evasión fiscal multimillonaria. El tema fue resuelto por la empresa evadiendo a su vez a la justicia: movieron su sede comercial de la provincia de Santa Fe a Chaco, donde tienen amañado al fiscal (PuntoBiz, 12/2014).

A la luz de esto, es imposible que alguien entienda cómo puede quebrar una empresa que resultó la cuarta mayor exportadora del país en 2018/2019, años durante los cuales liquidó 8,4 millones de toneladas de granos y en 2019 su cerealera exportó 2,6 millones de toneladas de granos, 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites.

Entre la información anunciada por Fernández, Kulfas y la senadora Sagasti, se habló de la formación de un Fondo Fiduciario que gerenciará el departamento Agro de YPF. El modelo de “recuperación de la soberanía a lo YPF” ya lo conocemos: se trata de una sociedad “mixta”, que opera y cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto sujeta a sus normas y controles.

Lo explicitado y esbozado hasta el momento desde el Poder Ejecutivo, está inscripto según se ha informado en un plan de “incentivos” a la producción y exportación de alimentos. Otra definición destinada al “mercado” y a ubicar la maniobra como un verdadero rescate, cuyo final puede ser una reprivatización o una indemnización en el marco de asumir el pasivo descomunal de deuda con los bancos que serían los acreedores de unos U$S 1.000 millones y el resto con sociedad comerciales y productores privados.

Como ya señalamos, mucho menos precisiones conocemos respecto a la situación de los trabajadores. Los obreros aceiteros están trabajando de forma desigual según las plantas, en algunos casos con guardias mínimas, con una producción en algunas plantas reducida al 30/40% y el 3 de junio pasado recibieron según se informaron en el Ministerio de Trabajo una oferta de rebaja del 30%. La cuestión de continuidad incondicional de los puestos de trabajo, el respeto al convenio y el pago integral de salarios y de la paritaria firmada por Aceiteros aparece en el centro de la escena.

Las medidas anunciadas por el gobierno no aseguran ni la continuidad incondicional, ni las garantías a los trabajadores, ni el cobro de las deudas a las fortunas de todo el grupo. El plan anunciado puede terminar en un jugoso negocio como el que hizo Repsol (indemnizada por U$S 5.000 millones que se estiraron hasta casi el doble después de vaciar las reservas petroleras y dejar un pasivo indeterminado), pagando a los vaciadores. Por otro lado, sometiendo a una superexplotación de los trabajadores para pagar las deudas a los bancos y proveedores.

Lo anunciado está en las antípodas de una nacionalización al servicio del país y de los trabajadores. No se nos puede escapar que el proyecto que propone el Poder Ejecutivo tiene lugar en momentos en que el gobierno nacional está a punto de cerrar un acuerdo con los bonistas que han contraído deuda argentina bajo legislación extranjera, en las que se les reconoce prácticamente el 100 % del valor nominal de la deuda. En la misma línea, está en marcha una reestructuración general del resto de la deuda mientras persiste la fuga de capitales y las corridas cambiarias. En este contexto, los ingresos y los dólares que entren como resultado de la explotación de de los activos del grupo económico, irán a pagar la deuda y no a promover un desarrollo independiente ni tampoco a la satisfacción de las necesidades populares

Es necesario, por el contrario, recuperar el complejo agroexportador de las manos de las empresas parasitarias que defraudan y depredan los recursos humanos y naturales, y ponerlo verdaderamente al servicio de las mayorías que viven de su trabajo.

La exigencia de la apertura de los libros y del control de las operaciones debe convertirse en una plataforma para los trabajadores de toda la industria aceitera, y un punto de apoyo para un programa de reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales: la expropiación sin pago de todo el complejo exportador cerealero y de los puertos privados; el monopolio estatal del comercio exterior y la formación de una empresa única de comercio exterior bajo control obrero; el desconocimiento de la deuda usuraria y la nacionalización de la banca.

El Frente de Izquierda ha planteado desde el primer momento, en diciembre, la expropiación sin indemnización de todo el grupo y de las fortunas personales de las familias Padoán-Nardelli, sus dueños. Este Proyecto de Ley por lo tanto plasma este planteo, disponiendo el no pago a los defaulteadores y por el contrario, un resarcimiento del dinero sustraído al Estado por parte de este grupo empresarial. La defensa incondicional de los puestos de trabajos y las garantías salariales son otro punto fundamental que defendemos en esta ley. Y se dispone la apertura de las cuentas (libros contables) al control de los trabajadores, así como la gestión de la producción a pleno y bajo convenio colectivo bajo gestión de los propios trabajadores de la empresa estatizada.

Ofrecemos este Proyecto de ley para debate de las asambleas obreras, cuya organización es el corazón de nuestro planteo de salida a la crisis abierta en Vincentin.

Por estos motivos, solicitamos a los y las legisladores nacionales la aprobación de este Proyecto de Ley.