Luego de que Martín Guzmán afirmara falazmente que el acuerdo con el FMI no contempla medidas de ajuste, el organismo se encargó de aclarar mediante un comunicado que será “fundamental reducir los subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público”, sobre lo cual volvió poner el acento la número dos del Fondo, Gita Gopinath, a través de su cuenta de Twitter. A esta altura no quedan dudas de que el gobierno apelará a la disminución de dichas transferencias para cumplir con las metas de “equilibrio fiscal” a las que se comprometió, dando lugar a nuevos aumentos en la boleta de luz y gas que pagan los usuarios.

Si bien los voceros oficiales insisten en que los incrementos no superarán el 20%, por lo bajo dejan entrever que la suba será mayor. Tal es el caso del gas, que, en el marco de las audiencias públicas que determinarán el nuevo esquema de tarifas, la Secretaría de Energía publicó un paper donde analiza aplicar tarifazos del 35% para marzo, trepando al 47% en el mes de julio, solo en el ítem de la boleta referido al precio del gas, es decir, sin contar los aumentos relacionados con el transporte, distribución e impuestos que se están discutiendo.

De este modo, el Estado dejaría de asumir el 70,9% del precio de la oferta mayorista de gas y pasaría a cubrir el 44,4%. No obstante, prevé descargar este recorte de subsidios sobre el bolsillo popular, encareciendo las tarifas mientras que las ganancias de los capitalistas permanecerán inalterables.

Lo anterior va en sintonía con los lineamientos del frustrado Presupuesto 2022, donde el gobierno pretendía que los subsidios energéticos se redujeran al 1,5% del PBI, luego de un 2021 donde estos escalaron al 2,4% del PBI, representado un gasto de USD 10.910 millones provenientes de fondos públicos. Cabe destacar que los beneficiarios de dichas transferencias no han sido los usuarios, sino las petroleras y las empresas distribuidoras -tanto del gas como de la luz, ya que el gas es el insumo base de la producción de energía eléctrica.

Sumas millonarias otorgadas sin exigir como contrapartida la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales, y que, además, no se tradujeron en mayores niveles de inversión en la infraestructura de gas natural, como lo evidencian barrios enteros sin acceso a este servicio básico. Ahora, en la antesala de nuevos tarifazos, el gobierno actúa en la misma dirección, preservando el secreto -y rentabilidad- capitalista en detrimento de los trabajadores.

Manteniendo el esquema actual, especialistas del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi estiman que los subsidios energéticos podrían alcanzar los USD 15.000 millones en el transcurso del 2022 (Ecojournal, 19/1). Sucede que el precio internacional del gas y el GNL que importamos, a través de la empresa estatal IEASA, ha pegado un salto. El propio documento de la Secretaría de Energía describe que durante 2021 el país importó gas a un promedio de USD 8,5 por millón de BTU y este año se espera que el precio suba a USD 23,7.

A su turno, a raíz de los atrasos producidos en el arribo de gas proveniente de Bolivia, “ya que su producción cayó 13,5% interanual en el último trimestre, según G&G Energy Consultants” (La Nación, 30/1), trascendió que el país vecino busca reducir en un 15% las entregas para este año, con lo que Argentina se verá obligada a importar más GNL por buque, cuyo costo es mayor. Por otra parte, las empresas que explotan las cuencas gasíferas locales, como era de esperarse, vienen ejerciendo presión para acoplar el precio nacional del gas en boca de pozo a los internacionales en ascenso.

Frente a este panorama, continuar con el régimen de subsidios vigente es incompatible con las metas impuestas por el FMI en materia fiscal. Según el acuerdo alcanzado, el déficit primario no deberá superar este año el 2,5% del PBI, lo que, en palabras del propio director del Banco Nación, Claudio Lozano, significa achicar el gasto en USD 4.200 millones. Así las cosas, tras haber sellado un pacto con el Fondo, el horizonte de tarifazos aparece como un destino ineludible y estarán bajo la lupa de los monitoreos trimestrales que realice el organismo, los cuales marcarán el paso del ajuste.

Conscientes de los efectos que genera esta política en el humor popular, los gobernadores de las provincias del NOA y el NEA -tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio-, se reunirán en una nueva cumbre del denominado “Norte Grande” con la finalidad reclamarle al gobierno de Alberto Fernández “tarifas diferenciadas” (compensadas con más subsidios) para sus territorios, sobre los que azotan altas temperaturas, con lo que los aumentos planteados en la tarifa de energía eléctrica podrían acarrear consecuencias explosivas en una población sumamente golpeada. Aquí una expresión de las tantas contradicciones y dificultades con las que se va a encontrar el gobierno a la hora de profundizar el ajuste fondomonetarista.

La oposición a esta hoja de ruta debe emerger de los trabajadores, planteando la apertura de los libros y la nacionalización bajo control obrero de la industria energética, en pos de dar lugar a un plan de desarrollo nacional al servicio de las necesidades populares. Fuera el FMI, abajo los tarifazos.