Luego de que Martín Guzmán afirmara falazmente que el acuerdo con el FMI no contempla medidas de ajuste, el organismo se encargó de aclarar mediante un comunicado que será “fundamental reducir los subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público”, sobre lo cual volvió poner el acento la número dos del Fondo, Gita Gopinath, a través de su cuenta de Twitter. A esta altura no quedan dudas de que el gobierno apelará a la disminución de dichas transferencias para cumplir con las metas de “equilibrio fiscal” a las que se comprometió, dando lugar a nuevos aumentos en las boletas de luz y gas que pagan los usuarios.

Si bien los voceros oficiales insisten en que los incrementos no superarán el 20%, por lo bajo dejan entrever que la suba será mayor. Tal es el caso del gas que, en el marco de las audiencias públicas que determinarán el nuevo esquema de tarifas, la Secretaría de Energía publicó un paper donde analiza aplicar tarifazos del 35% para marzo, trepando al 47% en julio, solo en el ítem de la boleta referido al precio del gas; es decir, sin contar los aumentos relacionados con el transporte, distribución e impuestos que se están discutiendo.

De este modo, el Estado dejaría de asumir el 70,9% del precio de la oferta mayorista de gas y pasaría a cubrir el 44,4%. No obstante, prevé descargar este recorte de subsidios sobre el bolsillo popular, encareciendo las tarifas mientras que las ganancias de los capitalistas permanecerán inalterables.

Lo anterior va en sintonía con los lineamientos del frustrado Presupuesto 2022, donde el gobierno pretendía que los subsidios energéticos se redujeran al 1,5% del PBI, luego de un 2021 donde estos escalaron al 2,4% del PBI, representado un gasto de 10.910 millones de dólares provenientes de fondos públicos. Cabe destacar que los beneficiarios de dichas transferencias no han sido los usuarios, sino las petroleras y las empresas distribuidoras -tanto del gas como de la luz, ya que el gas es el insumo base de la producción de energía eléctrica.

Sumas millonarias otorgadas sin exigir como contrapartida la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales y que, además, no se tradujeron en mayores niveles de inversión en la infraestructura de gas natural, como lo evidencian barrios enteros sin acceso a este servicio básico. Ahora, en la antesala de nuevos tarifazos, el gobierno actúa en la misma dirección, preservando el secreto -y rentabilidad- capitalista en detrimento de los trabajadores.

Sumado a que en la actualidad el precio internacional del gas que importa Argentina pegó un salto del 150%, continuar con el régimen de subsidios vigente es incompatible con las metas impuestas por el FMI en materia fiscal. Así las cosas, el horizonte de tarifazos aparece como un destino ineludible y estarán bajo la lupa de los monitoreos trimestrales que realice el Fondo, los cuales marcarán el paso del ajuste.

La oposición a esta hoja de ruta debe emerger de los trabajadores, planteando la apertura de los libros y la nacionalización bajo control obrero de la industria energética, en pos de dar lugar a un plan de desarrollo nacional al servicio de las necesidades populares.

¡Fuera el FMI, abajo los tarifazos!

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