El fotógrafo Cabezas y el conscripto Carrasco
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Las pruebas por el encubrimiento del asesinato del conscripto Omar Carrasco incriminan a todo el alto mando militar, hasta llegar al jefe del Ejército, Balza, y el poder político que lo respalda, es decir, el propio Menem.
En el ‘caso Carrasco’ está plenamente probado que:
• el general Carlos Díaz, comandante militar de Neuquén, fraguó el acta que denunciaba la aparición del cadáver del conscripto en el cuartel “con la intención de organizar una versión creíble sobre la muerte de Carrasco, que no involucre a cuadros del Ejército” (Clarín, 17/3);
• el mismo Díaz dio a conocer la noticia de la aparición del cadáver de Carrasco –oficialmente “desertor”– antes de que éste apareciera en el cuartel (Página/12, 15/3);
• el sumario ordenado por Díaz, sobre la base del acta fraguada, “fue una pantalla para que el Ejército investigara el crimen, una actividad ilegal, pues esa tarea era competencia de la justicia federal” (La Nación, 10/3);
• la Inteligencia Militar intervino activamente en el montaje del ‘escenario’ en que apareció el cadáver; que para esta tarea destacó a más de 50 hombres de “dos organismos específicos como la Agrupación Apoyo de Inteligencia y la Central de Reunión de Inteligencia Militar, cuyo personal se mezcló deliberadamente en la investigación del homicidio, un delito que le era absolutamente impropio porque correspondía a la justicia federal” (Página/12, 15/3);
• “el jefe de Inteligencia de Balza, el general Miná, participaba en persona en los interrogatorios que se realizaron bajo la pantalla de un sumario militar” (La Nación, 18/3), que como se señaló, era fraguado e ilegal;
• “el general retirado Comini dijo que en abril de 1994 él era el superior directo de Miná, pero en ese entonces, por una disposición especial, Balza hizo que el titular de Inteligencia ‘dependiera directamente de él para esta circunstancia’ …”(Página/12, 15/3). Esta alteración del organigrama militar para tener la investigación del caso Carrasco bajo la directa supervisión del comandante del Ejército, habría ocurrido después de que “el presidente Carlos Menem ‘urgió a Balza a solucionar pronto el caso’…” (ídem);
• “la justicia determinó que la Inteligencia contribuyó a la pérdida de pruebas del homicidio que podían resultar importantes” (La Nación, 18/3).
Sobre la base de este ‘montaje’, el juzgado de instrucción armó la ‘investigación’ que se usó para que el juicio por el asesinato siguiera el‘libreto’ de la ‘historia oficial’ escrita por Balza y la Inteligencia Militar.
Esta enorme masa de pruebas demuestra irrefutablemente la directa participación de la jefatura del Ejército en el encubrimiento. Por eso, hoy,”la situación de Balza es cada vez más comprometida y podría serlo aún más con la indagatoria que prestó el general Carlos Díaz… Balza enfrenta dos serios problemas … que los hallazgos pongan en peligro la historia oficial en la cual la Inteligencia presentó como homicidas al subteniente Canevaro y a los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar … El otro problema es que lo enjuicien por encubrimiento o por falso testimonio calificado … En ambos casos, lo embreta haber declarado (bajo juramento) que no dispuso la participación de la Inteligencia militar” (ídem).
Como un verdadero mafioso, Balza se precipitó a la justicia para declarar antes que García y otros oficiales, para “obligarlos a encuadrarse en los términos de su indagatoria” (ídem). En otras palabras, tapar el delito de encubrimiento con más encubrimiento.
Carrasco y Cabezas
La densa maraña de mentiras y montajes, escalafonariamente establecidos e institucionalmente controlados, que ha servido para ocultar a los responsables directos del asesinato de Carrasco y a sus encubridores, ilustra acabadamente la que se ha montado alrededor de los asesinos de José Luis Cabezas, de sus instigadores y de los responsables políticos del encubrimiento.
Porque en el ‘caso Cabezas’, como en el del soldado Carrasco, los ‘investigadores’ destruyeron deliberadamente pruebas fundamentales, para impedir la investigación y ocultar a los responsables. Porque en uno y otro se han montado sendas ‘historias oficiales’ … ‘que no involucren a los cuadros’. En un caso, la justicia dictaminó que el asesinato fue la obra de dos soldaditos y un oficial de baja graduación; en el otro, la misma justicia dictamina que el asesinato es obra de la banda de ‘Pepita la pistolera’ y que “el asesinato no involucra a ningún policía y descarta la existencia de un crimen por encargo” (Página/12, 16/3).
Pero si el asesinato de Cabezas se reduce a la banda de proxenetas de Mar del Plata relacionada con algunos policías de la Costa, para vengarse de las extorsiones a las que los habría sometido Cabezas —como dice la versión Judicial—, ¿por qué desató una tremenda crisis policial?
Como lo pone en evidencia el caso Carrasco, el encubrimiento de los asesinos materiales e intelectuales de Cabezas sólo es posible mediante la intervención del alto mando policial y del poder político que lo respalda. La ‘autodepuración’ policial de Duhalde es, entonces, un intento de salvataje del conjunto del cuerpo represivo, haciendo aparecer algunos ‘chivos emisarios’ … de la misma manera que Balza designó como ‘cabezas de turco’ a Canevaro y a los dos soldados para salvar a la oficialidad de Neuquén y a todo el alto mando. Por eso, un editorialista de Clarín (15/3) afirma que lo de Duhalde es “un gesto desesperado para que no se rompa la cadena de mandos”. Esta‘autodepuración’ es, al mismo tiempo, un intento de Duhalde para ocultar la responsabilidad de la jefatura policial —y la suya propia— en el encubrimiento … de la misma manera que la promoción por parte de Menem del ‘servicio militar optativo’ fue un gesto desesperado para ocultar su propia responsabilidad política en el encubrimiento del asesinato de Carrasco.
La crisis policial estalla porque una parte de su jefatura se niega a hacer de ‘chivo expiatorio’ para salvar la responsabilidad política de Duhalde y el régimen político … de la misma manera que el general Díaz y otros oficiales se niegan a ser el ‘chivo expiatorio’ de Balza y “se negaron a acordar una estrategia (con éste) y habrían optado por hablar” (La Nación, 18/3). La descomposición de los aparatos represivos, divididos en clanes, es inseparable de la descomposición del régimen menemista.
Si se esclarece plenamente quiénes son los asesinos de José Luis Cabezas, sus mandantes y sus encubridores, cae el gobierno, porque el poder político es el encubridor último de estos asesinatos. Esto es lo que confirma el encubrimiento oficial del asesinato de Omar Carrasco.