La victoria del candidato “libertario” Javier Milei en las elecciones Paso del pasado 13 de agosto arrojó todo tipo de conclusiones respecto a las responsabilidades por el triunfo de una variante que proclama un Estado liberal, reduciendo drásticamente la extensión e injerencia actual del Estado. El fracaso del “Estado presente”, reivindicación hiperdevaluada del Estado de Bienestar agitado por el gobierno y el kirchnerismo, fue un elemento que facilitó el ascenso de Milei, en el marco de una agenda política derechizada.

El Estado presente es, a los ojos de la población, el Estado fracasado. Es el Estado de las regulaciones de precios y la escalada de la inflación; el Estado del Ministerio de las Mujeres y la continuidad de los femicidios; el Estado del cepo cambiario y la fuga de capitales; el Estado de la educación pública y el desfinanciamiento escolar; el Estado del “combate a la pandemia” y de los negocios de la medicina privada; el Estado de “los más postergados” y de la jubilación mínima de indigencia, los planes de hambre y la pobreza creciente; y así un largo etcétera.

El gobierno nacional –en sus distintas variantes ideológicas, pero con mayor énfasis dentro del kirchnerismo y La Cámpora- ha reivindicado hasta el hartazgo la tesis del Estado presente, como forma de legitimar la intervención estatal y gubernamental en distintos planos de la vida económica, social y cultural, con un supuesto carácter integrador. Aunque se trata de una intervención para defender los intereses patronales de fondo.

Esta construcción ideológica fue forzada hasta tal punto, por propios y ajenos, que impuso una interpretación interesada –e incorrecta- de que el abanico de opciones políticas de derecha a izquierda puede entenderse por el mayor o menor grado de adhesión a la intervención del Estado. Una idea que apareja, implícitamente, la cooptación del régimen sobre las distintas variantes de la izquierda.

La izquierda revolucionaria no tributa en los marcos de esta ideología. No integra el régimen social actual como una variante radicalizada de estatismo, sino que interviene desde un lugar de independencia de clase, contra el Estado capitalista que, en todas sus expresiones, busca aplicar las políticas tendientes a garantizar los intereses de la burguesía y sus distintas facciones.

Estatismo burgués

El Partido Obrero se ha caracterizado por ser una de las corrientes de izquierda que más ha denunciado el carácter del estatismo nacionalista burgués. Entre las caracterizaciones más recientes se encuentra la denuncia al régimen de rescate de la burguesía nacional montado por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, que vino –como éste reivindicó públicamente- a reconstruir una burguesía nacional afectada por los ´90 y la convertibilidad.

Esta línea de intervención fue la del rescate de las AFJP en bancarrota y el vaciamiento de la Anses; la nacionalización de Aerolíneas Argentinas con pagos suntuosos a la española Marsans; la reprivatización de YPF –celebrada por parte importante de la izquierda- para convertirla en una plataforma de los negocios de las petroleras multinacionales en la región; entre otras.

Para el caso de la investigación académica y científica, ahora cuestionada por el liberal Milei, la política del Estado presente es la de la subordinación de estos procesos al mercado por medio de asociaciones público-privadas, como sucede con el caso de Monsantos, Syngenta y otros.

Lo mismo ocurre con la política de subsidios a las patronales, tanto para el caso de los millones de dólares erogados a las patronales del sector energético con un fuerte desinversión en la infraestructura del servicio eléctrico; o los subsidios a la educación privada y eclesiástica mientras se deteriora la educación pública.

No se puede escindir el carácter de un Estado de la naturaleza social que le da lugar a su existencia. Partir de esta premisa es ineludible a la hora de caracterizar su rol en la lucha de clases. Algo que se ve bastante más nítido con la intervención ministerial en los conflictos obreros, siempre dispuesta para dejar hacer a las patronales y/o intervenir en los procesos de lucha para desarmar a los trabajadores, valiéndose de la reglamentación y regimentación de la totalidad de los derechos conquistados, como el derecho a huelga.

Dos caras de una misma moneda

Lo que Milei supo explotar por derecha es el hartazgo de la población con las consecuencias del intervencionismo estatal burgués del gobierno del Frente de Todos. Se trata de una reacción implícita contra las consecuencias de las políticas capitalistas, redirigida por los “libertarios” hacia un enemigo difuso como “la casta política”, y a medidas que llaman a desmantelar partes de ese Estado, encubriendo allí la liquidación de derechos y conquistas obreras y populares.

La orientación de Milei y los liberales tienen más en común con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa que con la izquierda revolucionaria, porque supone la continuidad social de un Estado que altera su forma pero no su contenido. Milei afirma ante el FMI que su diferencia con el gobierno actual es una cuestión de grados, cuando señala que su programa de ajuste cumple con creces las metas de Washington. Para la izquierda, en cambio, el problema es la ruptura con el FMI para desenvolver un programa económico independiente.

Estos debates se proyectan todo el tiempo en el activismo y en la propia izquierda. En una reciente asamblea de mujeres y diversidades con una importante participación del activismo kirchnerista y de izquierda, algunas corrientes como el PTS denunciaron el planteo de Milei de cierre de diversos ministerios, entre ellos el de Mujeres, Género y Diversidad, emparentando la lucha y conquistas de las mujeres con los organismos creados, justamente, para regimentar un movimiento de lucha sobre la base de la cooptación de un elenco de activistas.

El “Estado presente”, el “Estado en tu barrio”, El “Estado inclusivo”, el “Estado que acompaña” son todas formulaciones de distintas políticas activas de contención. El Estado nunca está “ausente”, sino desenvolviendo una política de clase. Allí donde no circula un patrullero hay una zona liberada y una integración al delito organizado; donde el Estado provee alimentos hay una destrucción de empleos, salarios e ingresos populares; donde se garantiza una jubilación hay un saqueo a los fondos de la Anses y una condena económica a millones de jubilados; etc.

Como en la distopía de George Orwell (1984) las cosas se nombran en oposición: el Ministerio de la Verdad para justificar la mentira, el Ministerio de la Paz para hacer la guerra o el Ministerio del Abastecimiento para administrar la escasez. El Ministerio de “Desarrollo Social”, por ejemplo, no entrega ni alimentos a los comedores populares. O el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actúa como agente de las mineras y petroleras contaminantes. Cabe agregar que bajo el estatismo burgués de Hugo Chávez en Venezuela –quien reivindicaba al “socialismo” como una suma de estatizaciones- supo crearse el Viceministerio “para la Suprema Felicidad Social del Pueblo” ¿Cómo no rebelarse ante tamaña estafa?

Como socialistas no reivindicamos al “Estado presente” contra el “Estado liberal” porque no depositamos ninguna expectativa en dos formas de un mismo instrumento de la clase capitalista. Lo que no obsta a que defendamos las libertades democráticas y derechos confinados por dichas instituciones. Cuando realizamos un planteo de tipo “estatista” lo hacemos bajo la forma de una formulación programática integral en otros términos sociales, en manos de los trabajadores.

Las corrientes que se han subordinado a esta dinámica del régimen han terminado, más temprano que tarde, cooptadas e integradas a una u otra variante política de las patronales, justificando las medidas más insólitas contra los trabajadores y los explotados.

Las reivindicaciones y necesidades de los trabajadores chocan necesariamente contra todas las formas del Estado burgués, desnudando –por medio de la acción política de los trabajadores- su naturaleza de clase. La organización independiente de los trabajadores, conscientes de esta realidad, es la única que puede garantizar la lucha por un Estado obrero, dando paso a nuevas formas, esta vez, bajo el gobierno de la clase trabajadora.

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