Con acusaciones cruzadas entre los representantes de las pruebas Pisa (Programme for International Student Assessment) y los funcionarios del Ministerio de Educación, se descubrió que los datos que se publicarían como resultado de la aplicación de las pruebas en 2015 están alterados.

 

Los cambios entre las escuelas evaluadas, respecto de 2012, modificarían sustancialmente los resultados y la fiabilidad en las últimas pruebas. Sobre esta hipótesis se abre un fuerte cuestionamiento a este tipo de dispositivos, cuyos resultados marcan los índices de rendimiento escolar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus “recomendaciones” educativas para los países miembro.

 

“La OCDE descubrió que, efectivamente, un número significativo de escuelas no fue incluido en el listado y por esta razón no podemos descartar la posibilidad de que los resultados para la Argentina hayan sido afectados. Es imposible saber, sin embargo, en qué dirección son afectados”, señaló Andreas Schleicher, directivo de la OCDE (La Nación, 5/12).

 

Esta manipulación de escuelas, en función de mejorar el resultado, significa un golpe a las propias evaluaciones estandarizadas, ya que no solamente la selección es arbitraria y no coincide con los programas y currícula que un joven de 15 años necesariamente estudió, sino que revela una crisis para el propio gobierno nacional que ha hecho de estas pruebas y de la “cultura de la evaluación”, como el operativo “Aprender 2016”, un esquema de ataque a los jóvenes, docentes y escuelas.

 

Ya en febrero de este año, la OCDE fue preparando el terreno con un informe titulado “Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar”, describiendo el nivel académico y las propuestas de reformas vinculadas con el aumento de pruebas, competencias y habilidades necesarias para aumentar la productividad económica del país. Es decir, nada tienen que ver estas evaluaciones con mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino que apuntan a dar respuesta a las necesidades del capital y las empresas que requieren ciertas habilidades básicas de parte de los trabajadores.

 

La crisis educativa, si bien remite a varias causas, está relacionada con las sucesivas reformas y contrarreformas que han devaluado los contenidos y los métodos de enseñanza, adaptando a la escuela a las necesidades cambiantes del capital. El fuerte vaciamiento de recursos y presupuestos de la educación ha acompañado la creciente miseria social que estalla en las aulas.

 

Nada de eso miden las Pisa, ya que sustraen las condiciones sociales en las que se desarrolla la tarea educativa. Es por esa razón, fundamentalmente, que el reciente operativo del gobierno fue rechazado por gran parte de la comunidad educativa, con paros de los Suteba combativos y boicot de otros sindicatos opositores a la conducción de Ctera, que como hacía con el gobierno anterior, vehiculiza la farsa de las pruebas.

 

El movimiento estudiantil y la docencia deben organizar el rechazo a esta tendencia antieducativa en marcha, denunciando el carácter de las Pisa, el rol de la OCDE en las reformas de América Latina y la creciente mercantilización de las “capacitaciones” o posgrados pagos que devalúan aún más los contenidos educativos.