La aprobación del proyecto de reforma del Indec en el Senado provocó una disparada de los precios de los bonos en pesos que se ajustan por el Indec y un rechazo generalizado de los trabajadores cesanteados y desplazados del organismo intervenido por Moreno y Boudou.

Resulta lógica esta dispar reacción. El texto aprobado deja en manos de la actual intervención patoteril la reorganización del Indec, que de este modo dictará los términos de la reestructuración, dejando la estructura del organismo en las mismas condiciones que funciona actualmente.

No se asegura la reincorporación de los directores y técnicos desplazados, y los directores designados “a dedo” siguen en sus puestos.

El texto es ambiguo adrede, lo que le permitiría al gobierno a través de la reglamentación digitar la reorganización.
Por otro lado, la reorganización permitiría corregir el cálculo del índice de precios más a gusto de los acreedores de la deuda, algo que inevitablemente deberá acontecer porque el índice actual resulta cada vez más imposible de defender -desde el punto de vista estadístico- por la velocidad del ritmo inflacionario.

La condición para cualquier cambio en el Indec es el desplazamiento de la intervención y todos sus alcahuetes, la reinstalación en sus puestos de trabajo de los empleados cesantes, golpeados y sancionados, y la elección en asamblea de una Intervención que reorganice el organismo.