Políticas
22/7/2026
El Frente de Izquierda presenta proyecto por el desendeudamiento de las familias trabajadoras
La bancada del FIT-U presentó una iniciativa propia frente a la crisis por el sobreendeudamiento de la población trabajadora.
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La caída de los ingresos populares bajo la gestión de Javier Milei ha alcanzado una dimensión brutal. Con salarios con pérdidas récord frente a la inflación, el cierre de más de 27 mil empresas y sus consecuentes despidos masivos, y los constantes tarifazos, la situación para las familias trabajadoras es cada vez más crítica. En ese cuadro la situación del sobreendeudamiento familiar es una de las consecuencias directas más crudas, que por su incremento lleva varios meses ocupando un lugar destacado en el debate político nacional. Los diversos informes al respecto dan cuenta de que las familias recurren al crédito, en sus distintas formas, no para consumir bienes durables sino para atender necesidades básicas como la compra de alimentos o el pago del alquiler.
Lo que se deriva de esto es una morosidad en aumento. Según coinciden todos los medios, la morosidad en el sistema financiero se sigue incrementando cada mes y alcanzó niveles que no se observaban desde la salida de la convertibilidad. Los últimos datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dan cuenta de que, en mayo de este año, 5,8 millones de personas no pudieron pagar regularmente sus deudas.
Frente a este verdadero colapso social y financiero de los hogares, el Frente de Izquierda Unidad presentó en el Congreso, con las firmas de sus cuatro diputados (Del Caño, Bregman, Del Plá y Pitrola), un proyecto de ley de “Emergencia Financiera y Desendeudamiento de las Familias Trabajadoras”, que se distingue de otros tantos proyectos presentados por fuerzas políticas patronales por plantear una salida de los trabajadores al problema y no de rescate a los bancos.
La realidad desmiente a Caputo y Ravier
El diagnóstico que acompaña la propuesta legislativa de la izquierda desarma las provocaciones del ministro Luis Caputo, quien pretendió achacar la mora a una "mala especulación" o "irresponsabilidad" de las familias. Los mismos pasos que siguió el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier hace unos pocos días.
Con salarios e ingresos familiares por el suelo, las familias argentinas ya destinan alrededor del 30% de su masa de ingresos al pago de cuotas de créditos tomados en los últimos dos años (IProfesional, 17/7). Básicamente, al dispararse la carga financiera por encima de la capacidad de repago, el sistema explotó.
Mientras los bancos pagan tasas miserables por los depósitos (del orden del 20% anual), le aplican a los trabajadores Costos Financieros Totales (CFT) que superan el 150% anual, llegando a más del 200% en las billeteras virtuales. Esta brecha aberrante le garantizó a la banca más de $4 billones (U$S 2.700 millones) de ganancias en los últimos 12 meses (informe sobre Bancos de abril 2026, BCRA).
Las familias de menores ingresos, los jubilados y los jóvenes, siendo los sectores más golpeados por el ajuste, también son los sectores más afectados por la situación de sobreendeudamiento y morosidad. Esto desmiente categóricamente a Caputo, Ravier y compañía, mostrando que no estamos frente a ninguna “mala administración” o falta de “educación financiera”, sino lisa y llanamente frente a una situación desesperante para millones de personas. Como frutilla del postre, tanto el ministro como el vocero aseguraron que el gobierno no tomará ninguna medida al respecto y que confían en que el problema se solucionará con las refinanciaciones que ofrecen los bancos o eventuales bajas en las tasas de interés.
Un proyecto de clase: salida para los trabajadores sin rescate a los bancos
Frente a esta crisis de sobreendeudamiento han aparecido diversos proyectos de distintos bloques parlamentarios, con la excepción de La Libertad Avanza. Sin embargo, el aspecto central de todos ellos ha sido el rescate de los bancos. Por ejemplo, uno de los más difundidos fue el del diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, que estipula otorgar préstamos de hasta 1.500.000 pesos a través de Anses para que las familias paguen su vieja deuda... ¡con una nueva deuda con dinero de los jubilados, que si es a tasa cero desfinancia a los más vulnerables de todos, y si es con tasas de mercado estamos en la misma!
Otros proyectos de las fuerzas patronales han llegado a plantear una alternativa humillante: que las familias reúnan los tickets de compras de insumos básicos para prorrogar ejecuciones judiciales.
En ese sentido, el proyecto del Frente de Izquierda establece una línea de demarcación tajante, ya que no plantea destinar un solo peso de subsidio ni rescate estatal para las entidades financieras. Son los bancos, las financieras y las fintech quienes amasaron ganancias extraordinarias y deben asumir el riesgo de las tasas confiscatorias que cobraron.
El planteo del proyecto del Frente de Izquierda
El proyecto del FIT-U, que cuenta con 14 artículos, establece la emergencia financiera de los hogares, la condonación de deudas onerosas y un programa de desendeudamiento para las familias trabajadoras.
Para empezar, el proyecto plantea considerar todas las deudas de consumo vigentes desde el 1 de enero de 2024, sin importar el soporte transaccional ni la entidad otorgante (incluso personas que otorgan créditos al consumo), y establecer un régimen para la condonación de las deudas al que pueden acceder todas las personas humanas que posean deudas (estén o no en situación de mora) y cuyo ingreso mensual promedio de los últimos 12 meses sea inferior a 1,5 veces el salario mínimo que calcula la Junta Interna de ATE Indec ($2.459.503 a mayo 2026).
Para todos los sujetos alcanzados por la ley se ejecutaría automáticamente una quita de intereses punitorios, multas y condonación de IVA u otros impuestos que se hubiesen aplicado.
Respecto a la condonación de la deuda, el proyecto establece que sea del 100% del capital e intereses por un monto de hasta 2 salarios mínimos calculados por ATE Indec para las familias que tienen ingresos por debajo de la Canasta Básica Total. Es para desocupados, despedidos del Estado, personas con discapacidad o familiares a cargo, jubilados que ganen por debajo de dos jubilaciones mínimas, beneficiarios de programas sociales que hayan sido dados de baja y familias donde más del 70% de los ingresos familiares totales estén destinados a cubrir las necesidades básicas (alimentos, servicios y vivienda).
En el caso de familias cuyo endeudamiento supere el monto de 2 salarios mínimos, el proyecto estipula planes de refinanciación por el monto de deuda restante. Esto parte de la quita del 50% del capital de la deuda, un plan de pagos en cuotas fijas sin interés, una cuota mensual que no puede superar el 15% de los ingresos y la posibilidad de extensión de la cantidad de cuotas.
El proyecto también contempla la quita del 50%, planes de pago y cuotas extensibles y con tope para quienes no apliquen al programa de condonación del 100% antes mencionado.
Además de todo esto, se establece la suspensión de ejecuciones y embargos por dos años, como también la figuración en el Veraz y Cendeu para los trabajadores en mora. El proyecto también estipula un tope a las tasas futuras, atándolo a la evolución de los salarios de los trabajadores mediante el Coeficiente de Variación Salarial y el Índice de Salarios que elabora el Indec.
Por una auditoría independiente
Un elemento distintivo del proyecto es la creación de una Comisión Independiente de Auditoría, integrada por las propias familias afectadas, delegados sindicales, trabajadores bancarios y referentes de barrios populares. A esta comisión se le otorga la potestad de fiscalizar a los bancos, acceder a los registros y exigir la apertura de los balances y libros contables de cualquier entidad financiera que alegue "insolvencia" para no aplicar la ley.
Naturalmente, la condonación y refinanciación de las deudas es una medida de alivio impostergable frente a la emergencia social, pero no agota la respuesta de fondo. Para que la clase trabajadora deje de financiarse a tasa de usura para comer, se necesita un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones que cubra el costo real de vida. O sea un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, como plantea el Frente de Izquierda.
A su vez, la resolución estructural de esta quiebra popular exige atacar la raíz del problema: además del piso de salarios y jubilaciones mencionado, la nacionalización del sistema bancario y financiero para constituir una banca estatal única bajo control de los trabajadores, terminando con la fuga de capitales y orientando el ahorro nacional al crédito accesible. Esta medida es inseparable del desconocimiento de la fraudulenta deuda externa y la ruptura inmediata con el FMI, cuyos planes de ajuste nos llevan en el camino de la miseria y el sobreendeudamiento de los hogares.
