El bloque de diputados de Catamarca del Frente de Todos publicó recientemente un comunicado defendiendo la represión al pueblo de Andalgalá. En un escrito de seis párrafos se dedican a criminalizar la lucha de los vecinos, señalandolos como “un grupo minoritario violento”, y hasta acusándolos de “menoscabar el trabajo de miles de catamarqueños”, dando justificaciones para avalar la violencia policial. Un respaldo a toda una política de Estado de extractivismo y saqueo ambiental.

Claro que esto no fue así. En la noche del martes la policía provincial protagonizó una brutal represión con balas de goma, palos y la detención de Karina Orquera. Represión que ya se venía preparando desde horas de la tarde, contra vecinos y vecinas que protestaban contra la mina Mara – Agua Rica. El objetivo de la tropa policial fue desalojar el camino a las camionetas de la empresa, para que pudieran ingresar a la zona minera con materiales y seguir avanzando en el proyecto.

Ahora bien, Andalgalá resiste desde hace décadas la instalación minera en la zona. En el año 2010 se produjo una verdadera pueblada que fue, cómo no, también salvajemente reprimida con balas y gases, dando como resultado la detención de 150 personas. Estos hechos dilucidan mucho más claro que no existe desde entonces y no existe ahora licencia social para avanzar con la megaminería, que es responsable en muchos puntos del país, como San Juan, de generar verdaderas crisis hídricas, contaminación de las napas y problemas de salud entre la población. Y que es una política común de todos los gobiernos postrarse ante el capital minero: en aquel entonces gobernaba la provincia el radical Brizuela del Moral.

El comunicado de los diputados termina de clarificar ahora que la política del gobierno de punta a punta es la misma. Vale recordar de hecho que el Frente de Todos asumió a la búsqueda de avanzar con las habilitaciones mineras en Chubut y en Mendoza como una de sus primeras medidas de gestión. Esa avanzada detonó el masivo Mendozazo, que logró tumbar la ley minera 7722 y fue la primera gran movilización popular que enfrentó a los Fernández, socio de Rodolfo Suárez para este cometido.

La piedra angular de esta orientación es la búsqueda desesperada del gobierno de recabar dólares para el pago de la deuda, así como es la entrega de los recursos del país a pulpos internacionales un condicionamiento que impuso el Fondo para encaminar un acuerdo.

Pero lo que es también muy claro es el camino para enfrentarlos. Como el Mendozazo tumbó la ley minera, nació también el Chubutazo, que logró lo propio. De ello se hizo eco a su vez el Atlanticazo, que volteó el intento del gobierno de Kicillof y el municipal de Alejandro Martínez de avanzar con la explotación petrolera offshore en las costas de Mar del Plata.

El reguero de luchas en defensa del ambiente se multiplicó en estos últimos años. Pero quizás el proceso más distintivo es cómo se hermanaron unas con otras, constituyendo así la unidad necesaria en las calles para hacerle frente a cualquier ley, proyecto o intento de avanzar con el extractivismo. Tenemos que replicar este ejemplo para continuar la pelea contra Mara – Agua Rica, en momentos donde se desarrollan movilizaciones de solidaridad en otros lugares, como ocurrió en Esquel. El movimiento popular ya habló, y dejó claro que no es no. Defender la represión es, por contrapartida, dejar claro en qué lado se ubica cada uno.

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