Desde el gobierno nacional dejaron trascender que vienen preparando un refuerzo represivo en la provincia de Buenos Aires, con el envío de más efectivos de Gendarmería Nacional, incluso con anterioridad al discurso promilitarización de los barrios de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Una intimidación contra el pueblo trabajador, en tiempos de ajuste y crisis y peleas por el control territorial en la provincia.

La medida implicaría adicionar más efectivos federales a los 4.000 gendarmes ya distribuidos en puntos estratégicos del Gran Buenos Aires, y a los efectivos de Prefectura y Policía Federal desplegados en los ferrocarriles.

Esto tendría lugar en el marco de un agravamiento de la crisis económica y social y del ajuste del gobierno contra las masas laboriosas, particularmente entre los desocupados y precarizados, con recortes en la asistencia económica y la provisión de alimentos, lo que infiere que el gobierno quiere redoblar la presencial represiva en el conurbano bonaerense para estrechar el control social en las barriadas obreras.

Estamos ante un discurso copiado de la política de Patricia Bullrich, quien utilizó a las fuerzas federales para reprimir a la comunidad mapuche o a las manifestaciones en el Congreso de la Nación  contra la reforma jubilatoria en diciembre del 2017.

Mucha policía, mucha represión

La “seguridad” de la provincia de Buenos Aires hoy se encuentra en manos de una de las fuerzas represivas más nutridas de todo el subcontinente americano: la policía bonaerense, con más de 90.000 agentes en actividad.

Los estándares mínimos de la ONU establecen una relación de 1,8 policías por cada mil habitantes, mientras que se considera una relación óptima 2,8 efectivos por cada mil habitantes. La provincia de Buenos Aires, solo con la policía bonaerense, supera los 5 agentes policiales por cada mil habitantes. Cabe adicionar las otras fuerzas intervinientes, por lo que está claro que la cantidad no hace a la calidad.

El crimen organizado hunde sus raíces en la asociación y la participación de las fuerzas de seguridad y el poder político y judicial, elementos sin los cuales se vuelve imposible sostener un negocio ilícito en el tiempo. La presencia de mayor personal armado en las calles suele ser un indicador de un salto en los abusos policiales contra la población y en los casos de gatillo fácil y la intimidación contra los jóvenes pobres, como sucedió recientemente bajo los primeros meses de la pandemia.

Un caso paradigmático de esta política es el del desarrollo de fuerzas especiales como la UTOI, creada por el macrismo y profundizada por el kirchnerismo: una fuerza de choque policial empleada en el desalojo violento de Guernica y en distintos operativos antiobreros.

Disputa por el control territorial

Al asunto en cuestión se suma la interna que mantienen los intendentes del conurbano bonaerense con el ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni, por el control y la autonomía de las policías locales y la asignación de los recursos y el control territorial.

El refuerzo represivo de fuerzas federales se inscribe en las presiones y los cabildeos de los intendentes ante el Ejecutivo nacional, abriendo otro flanco de crisis: las disputas interpoliciales por el control de las cajas asociadas al crimen organizado. Una guerra donde las bajas las pone la población civil y trabajadora. En este sentido tres caciques del conurbano mantuvieron una reunión con Alberto Fernández, adelantándole que presentarán un proyecto en la legislatura bonaerense respecto a la autonomía de las policías municipales.

El despliegue de más fuerzas represivas en la provincia de Buenos Aires atenta contra la seguridad de la población trabajadora, la cual requiere una auditoría integral de la policía bonaerense en cabeza de organizaciones de los derechos humanos y de los trabajadores, para dar con todos los negocios e ilícitos cometidos y sus responsables, procediendo a un desmantelamiento de la fuerza como tal y una reorganización sobre nuevas bases y bajo el control popular.

Fortalecer el aparato represivo de quienes aplican el programa de ajuste del FMI conlleva a que los trabajadores nos cavemos nuestra propia tumba, cuando se expresan luchas salariales, por la tierra y la vivienda, contra el crimen organizado y el narcotráfico, conflictos estudiantiles e infinidad de reclamos que chocan con el ajuste en marcha.