31/07/2008 | 1048

El frente único de la Mesa de Enlace con las exportadoras

Las apariencias no engañan

Al final, la Oficina de Control Comercial (ONCCA) salió a reclamar a los pulpos exportadores unos 1.700 millones de dólares, en concepto de liquidación fraudulenta de los derechos de exportación. Con un mayor rigor en la investigación, la cifra podría ser aún mayor, más allá de los 2.500 millones de dólares. El mecanismo del fraude ha sido relatado por los diarios hasta el hartazgo, aunque siempre con enorme confusión. Las exportadoras habían congelado el pago de esos derechos (retenciones), tanto en noviembre del año pasado como en marzo último, mediante una declaración jurada de venta al exterior, aunque no hubieran comprado la mercadería; o sea, antes de que se anunciaran los aumentos de retenciones a la exportación.

Se aseguraron así el pago del 27% de la retención antes de que subiera al 35%, y luego este 35% antes de que se establecieran las retenciones móviles con un piso del 40%. Operaron de esta manera en violación a una ley de orden público, que exige la tenencia de la mercadería o la certeza de la compra para validar la declaración jurada. La ONCCA les exige ahora que tributen de acuerdo con el nivel de retenciones existentes al momento del embarque de la mercadería. Lo que no les reclama, sin embargo, es que también paguen esas retenciones sobre el precio de la mercadería al momento de la exportación, debido a que una modificación en el proyecto de ley autorizó que ese precio pudiera seguir siendo el vigente al momento de hacer la declaración jurada.

La decisión de la ONCCA ha desatado una disputa feroz, que probablemente termine en la Justicia. Lo que llama la atención es que la Mesa de Enlace de los sojeros, que tiene más exposición mediática que los programas de Tinelli, no haya abierto la boca, como no lo hizo tampoco en ningún momento de los 120 días de conflicto agrario. Clarín anunció el domingo pasado que la Mesa decidió formar «una subcomisión» para analizar el asunto (siguiendo la recomendación de Perón cuando se quería dar largas a un asunto). La CRA de Llambías anunció que la Mesa piensa reunirse con los exportadores, lo que es de por sí sugestivo, pero adelantó que «hubo errores del gobierno» y «que quizá deba resolver la Justicia». Muy comprensivo el hombre, ya que los 1.700 millones no hay que devolvérselos a los sojeros sino al Tesoro nacional.

De todos modos, el meollo del asunto no es la generosidad de Llambías con la plata de los contribuyentes. Ocurre que la resolución de la ONCCA elimina en los hechos el mercado de futuros de los granos, porque ningún exportador va a comprar por adelantado los cereales, o sea antes de la cosecha, si no se asegura, además del precio del cereal, lo que tiene que pagar por retenciones. «Es lo que hicieron las exportadoras incluso con yapa por medio del fraude  que describimos, ya que sus declaraciones juradas  son ficticias».

Pero la virtual eliminación de las declaraciones juradas entraña la eliminación del mercado de futuros, cuya defensa fue la principal reivindicación del lock-out sojero. A los productores les interesa ese mercado porque les permite asegurarse el precio de venta del grano desde la siembra y hasta financiar las operaciones agrícolas mediante créditos de acopiadores, exportadores o bancos.

Como lo recuerda otra vez El Cronista este miércoles: «Los productores y las Bolsas de Cereales fueron los que más empujaron la derogación del sistema de retenciones móviles», porque anulaban, precisamente, esos mercados de futuros. La Nación (25/7) registra que «la noticia no cayó bien en el mercado… en la Bolsa de Rosario». El mercado de futuro es, como se puede ver, el eslabón que une al chacarero capitalista que endiosa la izquierda campestre con los pulpos exportadores internacionales, que también controlan los productos industriales que utiliza la actividad agraria.

Es también la justificación de los exportadores a sus cuestionadas declaraciones juradas: «ventas a futuro» (Clarín, 26/7). Lo mismo piensa el mandamás de la ONCCA, Ricardo Echegaray, para quien la compra anticipada o virtual (a futuro) «es un privilegio de los granos, que por ejemplo los productos industriales no tienen». Obvio, solamente se puede comprar-vender a futuro los productos a granel o indiferenciados, incluidos aquí los títulos financieros. Si el gobierno se propuso neutralizar este mercado, ideal para la evasión de impuestos, con las retenciones móviles, ahora lo está intentando de nuevo por otros medios.

El maridaje de los chacareros y terratenientes capitalistas se acaba de consagrar en la Exposición Rural, donde se ha creado el Foro de la Cadena Agroindustrial, que agrupa a cuarenta entidades, que van desde los ruralistas, las industrias aceiteras y molineras, a los exportadores y hasta las asociaciones de bancos (El Cronista, 30/7). ¿No es una escena apropiada para que De Gennaro, Lozano y Solanas lo miren por TV? Una información reciente consigna que ‘productores’ y exportadores se ponen también de acuerdo para etiquetar los embarques de soja como provenientes de Paraguay, para eludir el pago de las retenciones.

¿Investigarán Echegaray y la Aduana este fraude?

De todos modos, tampoco hay que exagerar; estamos ante capitalistas, lo que implica la competencia y el enfrentamiento por la distribución de la tasa de ganancia general de la economía. Es así que la Comisión de Enlace acaba de hacer responsable a los exportadores de un cártel o asociación para bajar los precios de los granos (Clarín, 30/7) e incluso transferirles a los ruralistas el impacto de las medidas tomadas por la ONCCA.

La denuncia llega tarde, al menos para los que leen Prensa Obrera, porque hace tres semanas reprodujimos una información de Ambito Financiero que señalaba que el precio del mercado local había caído del 93 al 80% del precio internacional como consecuencia de un cártel entre monopolios exportadores. Hay que señalar, sin embargo, que éste puede obedecer, en parte, al «síndrome de la Puerta 12»: los ruralistas se están agolpando para vender el grano que tuvieron acaparado durante cuatro meses. Pero incluso este roce entre agrarios y exportadores no desmiente para nada el férreo frente que los une contra los intereses populares, al extremo de hacerlos cómplices de un gigantesco fraude al Tesoro nacional.

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