Los diarios nos tienen medianamente informados de las negras intenciones del nuevo gobierno.

Sabemos, por ejemplo, que se quiere bajar de 2.400 a 1.500 pesos los sueldos sujetos a impuesto a las ganancias. Como el costo de la canasta familiar es de 1.200 pesos, alcanzaríamos el récord de gravar lo que debería ser el salario mínimo. Es bueno recordar que todos los sueldos sin excepción son alcanzados por el 21% del IVA.

Sabemos también que se buscará eliminar la indemnización por despidos para los contratos vigentes por tiempo indeterminado, mientras se aspira a extender en el tiempo el régimen de pasantías y la vigencia de la contratación precaria.

Hemos sido informados de que ya se encuentra en el Congreso el proyecto de ley que permite despedir empleados públicos y establecer la flexibilidad laboral en la administración del Estado. Lo mismo ocurre con el proyecto de derogación del Estatuto del Docente, un atropello que ya ha sido respondido con un paro general de maestros en la Capital.

Se está negociando la posibilidad del despido en masa en las administraciones provinciales.

Hay muchísimo más en carpeta, pero los explotadores no están expresando satisfacción sino ‘nerviosismo’. ¿Por qué? Por la demora de De la Rúa en nombrar su gabinete. Es que de la composición de éste habrá de depender, en gran parte, la determinación para imponer el programa que está en carpeta. Lo que preocupa a los ‘ejecutivos’ es que de proseguir lo que ven como una ambigüedad acabe destruyendo a sus ‘pollos’ más queridos.

¿Quiénes son?

José Luis Machinea, promovido por el pulpo Techint desde que fue el jefe de Investigaciones Económicas de la UIA, bajo la responsabilidad de Roberto Rocca, su mandamás. Se entiende, entonces, el empeño del nuevo gobierno en la llamada "profundización de la reforma laboral". La superexplotación es la bandera fundamental de este grupo.

Fernando de Santibáñez, candidato a ministro coordinador, es calificado por el periodista Julio Nudler en Página 12 como "el más estrecho colaborador de De la Rúa" (6/11). Fernando de Santibáñez labró su fortuna mediante negociados extraordinarios bajo el gobierno de Alfonsín y el paraguas de Coti Nosiglia."Es un liberal absoluto" que querría ver en el gobierno a otro más absoluto aún: Ricardo López Murphy. Si esto es así ya tenemos una guerra en puerta, porque este último representa a capitales financieros enfrentados a muerte con el "polo productivo" que maneja Techint.

Para secretario general de la Presidencia, De la Rúa no tiene nada mejor que a su propio hermano, Jorge. "Es amigo personal del juez federal Ricardo Bustos Fierro", dice la revista Urgente, "famoso por su fallo a favor de la reelección" y también candidato al juicio político. Pero Jorge es también abogado de Manuel Antelo, el presidente de Renault, procesado por contrabandista. Hace sólo tres semanas, ingresó en la casa de gobierno de Córdoba, acompañando al embajador de Francia, para reclamar el cese del juicio contra el pulpo francés. Un ‘lobbysta’ del capital extranjero será, entonces, el encargado de organizar la agenda del próximo presidente. El debut no podría haber sido mejor para un gobierno de defensores de la independencia de la Justicia.

Otro nombre interesante, también en danza, es el del cordobés Juan Carlos Palmero, para el Ministerio de Educación. Las palmas del hombre para el cargo que quería Fernández Meijide (o la Adriana Puigróss o el funcionario Juan Carlos Tedesco) son sus vínculos con el clero mediterráneo, tan estrechos como los del desafortunado Yabrán. Con Palmero, el Episcopado pondría sus manos no sólo en el gobierno de Ruckauf.

Lo que surge de esta descripción es un gabinete de la trenza financiera, la mafia judicial, la patria exportadora y el clero, sin ningún otro cometido que seguir chupándoles la sangre a los trabajadores argentinos y continuar violentando su derecho a la libre opinión.

¿Es esto lo que se votó el 24 de octubre? Cualquiera sea la respuesta es necesario que los trabajadores puedan dar su propia opinión frente al nuevo escenario político. Para ello es necesario poner al frente las reivindicaciones por las que han luchado contra el menemismo y estructurar un plan de lucha.

Por un inmediato aumento salarial y por la fijación transitoria de un salario mínimo de 600 pesos y jubilación mínima de 450 pesos.

Derogación de toda la legislación flexibilizadora y convocatoria de las convenciones de trabajo con paritarios elegidos en asamblea.

Para movilizar a las organizaciones obreras y populares por este camino, llamamos a estructurar un polo clasista en los sindicatos y en las fábricas, y un frente político por estas reivindicaciones.