El ajuste sobre el sistema previsional es un tópico central del pacto con el FMI, que le reclama al gobierno que reduzca los gastos en jubilaciones de un 8,5% del PBI a un 8,1% en el segundo semestre. Esto, cuando la mayoría de las jubilaciones son montos de indigencia, incluye el pedido de una reforma jubilatoria para hacer “sustentable” al sistema. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso expresa esta ofensiva en números.

Las estadísticas corresponden a diciembre de 2021. A esta fecha el sistema previsional nacional contaba con 9.905.314 aportantes, un 48% de la población activa del país. Entre los restantes, hay un 35% de trabajadores sin aportes, sumando informales (29%, seis millones de personas) y desocupados (6%, 1,3 millones de personas), que a este ritmo no gozarán del derecho a jubilarse, algo que hoy padece un 8,6% de la población en edad de hacerlo. Esto constata que el primer punto de desfinanciamiento del sistema previsional es precisamente la violación de derechos laborales básicos, algo que busca consolidarse con la reforma laboral y las nuevas reformas jubilatorias.

De hecho, de los aportantes un 16,9% son autónomos y monotributistas, el tipo de empleo que más viene creciendo en el último tiempo al compás del avance de la flexibilización y el desconocimiento de la relación de dependencia, y estos solo representan apenas el 1,3% de los aportes del sistema previsional (porque aportan del 2% al 3% de sus ingresos).

Producto de la precarización laboral es que una mayoría, el 66,5% de los beneficiarios del sistema, haya accedido a su jubilación o pensión mediante una moratoria. Son 4,4 millones de personas que cobran la mínima (a diciembre de 2021 el promedio rondaba los $30.000, con una línea de indigencia casi en $33.000), por lo que la masa de sus haberes apenas representa un 36,6% del total de las liquidaciones. Otros datos del informe que dan cuenta de esta pauperización es que 600.000 jubilados siguen trabajando para “complementar” sus haberes y llegar a fin de mes.

La reforma previsional que reclama el FMI se inscribe en toda esta tendencia a transformar a las jubilaciones en pensiones universales a la vejez, borrando toda relación con los salarios en actividad y desligando a los capitalistas de las contribuciones patronales. Presentan a los jubilados y pensionados como un gasto del Estado, mientras malgastan la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para rescatar los bonos en pesos del Tesoro en plena corrida. Son los trabajadores los que financian al Estado, y no al revés.

Lo que la flamante ministra de Economía Silvina Batakis definió como una prioridad, el “equilibrio fiscal”, es en realidad un anuncio de que van a profundizar el ataque a las condiciones de vida de la población laboriosa, incluídos los jubilados. Al momento de votarse en el Congreso, el acuerdo con el FMI contemplaba una nueva reforma jubilatoria en sentido de “hacer optativo” el retiro luego de llegar a la edad estipulada, lo que lógicamente devendrá en millones de trabajadores jubilándose de manera tardía por el enorme retroceso económico que les implicaría acceder a su derecho de cobrar un salario diferido tras realizar años y años de aportes. El kirchnerismo que intentó desde entonces despegarse del costo político del ajuste es quien ejecuta los recortes desde las dos principales cajas jubilatorias del Estado, con Fernanda Raverta en Anses y Luana Volnovich en el Pami.

Por un aumento de emergencia de las jubilaciones, por el 82% móvil, por el pase a planta permanente de todos los precarizados y la reposición de los aportes patronales reducidos desde el menemismo. También por estos reclamos vitales es necesario pelear por un gran paro nacional y un plan de lucha. Es también por la defensa de las jubilaciones que marcharemos este sábado 9 de julio contra el ajuste del gobierno y el Fondo Monetario Internacional.

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