La movilidad jubilatoria es uno de los puntos centrales de la Ley Ómnibus que el gobierno de Milei busca aprobar con la colaboración de la oposición. Sería la consumación de un nuevo robo a los adultos mayores, quienes vienen cargando año a año con el ajuste para pagarle al FMI. Por eso, es uno de los reclamos que se destacan en el paro nacional, y que reafirma la importancia de pelear por un plan de lucha hasta derrotar esta ofensiva.

El texto de la norma que impulsa el oficialismo es una afrenta grave a los jubilados, que recibirían en marzo una actualización de sus haberes conforme la fórmula del gobierno anterior, consumando una pérdida histórica en su poder adquisitivo que quedaría luego anclada por actualizaciones mensuales por IPC. Además, incluye la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y la declaración de una emergencia en materia previsional que permitiría al gobierno la suspensión del pago de los cientos de miles de juicios al Estado por perjuicios en la determinación de los haberes.

Con la aplicación por última vez de la fórmula de movilidad establecida durante el mandato del Frente de Todos las jubilaciones sufrirán una confiscación descomunal. Es que se prevé que el IPC ronde entre un 70% y un 80% en el primer trimestre del año, mientras que el aumento de marzo sería de apenas un 30% aproximadamente. Lisa y llanamente una política de hambre, cuando confirman el congelamiento del monto del bono que perciben los jubilados de la mínima, dejando el cobro de febrero en $160.000.

Incluso, en el empalme del paso de la fórmula de movilidad a la actualización por IPC se trafica otro robo. Es que el cálculo del porcentaje de aumento que se aplicará en marzo se determina por el último trimestre de 2023, mientras que a partir de abril se tomaría el último dato de inflación disponible, es decir el de febrero, perdiendo por entero el mes de enero en la fijación de las subas, cuando apunta a superar los 20 puntos de inflación.

Esto luego de haber concluido el 2023 con un aumento en el haber mínimo del 167% y del 110% en aquellos que están por encima -y que por lo tanto no recibieron bonos-, cuando los precios subieron en el año 211%. Es una pendiente que viene de arrastre, si consideramos que entre 2017 y 2023 la pérdida de los haberes mínimos promedia el 30% y los superiores del 55%.

El remate del FGS completa el capítulo jubilatorio de este ataque frontal a los trabajadores. En la negociación para obtener dictamen en el plenario de comisiones el oficialismo se comprometió a saldar las deudas previsionales con las provincias previo a la apropiación de esta caja de los trabajadores por parte del Tesoro, de manera de allanarse el apoyo de los gobernadores. La liquidación del Fondo de Garantía sumado a que se mantendría la declaración de emergencia previsional anticipa que pretenden dejar de pagar las sentencias a los más de 200.000 jubilados que litigaron contra el Estado por haber sido perjudicados por los cambios en la movilidad de todos los últimos gobiernos.

Para derrotar esta confiscación a los trabajadores hace falta darle continuidad al enorme paro nacional con un plan de lucha, impulsando la deliberación en los lugares de trabajo.

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