Si algo le faltaba a la ola de calor de los últimos días en la Argentina, y particularmente en el Amba, son los “preanunciados” cortes de luz debido al colapso de la infraestructura energética de las empresas distribuidoras. En este caso, la empresa Edesur dejó a decenas de miles de usuarios sin servicio durante largas horas e incluso días. El gobierno cacarea con una intervención, pero recula y apenas aplica multas e “inspecciones” inocuas.

Tras los cortes que dejaron a decenas de miles de usuarios sin luz, el gobierno amenazó con una intervención –sin afectación del capital- de la empresa para impulsar “un plan de inversión e emergencia”. Sin embargo, rápidamente bajaron los decibeles, y el ministro Sergio Massa solo informó la aplicación de una multa de $1.000 millones, una “veeduría” a cargo de la UBA y devoluciones a los usuarios.

Las medidas son más que acotadas. El gobierno viene de condonarle solo a Edesur unos $47.225 millones de la energía no abonada Cammesa y actualmente ya existe una auditoría permanente del Enre a cargo de la ingeniera Merzi Silvia Carmen.

Esto denota que los controles y auditorías del gobierno no tienen ningún resultado, dejando hacer y deshacer a las patronales, lo que pone de relieve la necesidad de la apertura de los libros de las empresas del sector a usuarios y trabajadores, para ejercer un verdadero control.

Crisis energética y desinversión

Desde Edesur responsabilizaron al operador del sistema de alta tensión del Gran Buenos Aires (Sacme) de haber solicitado cortes programados –más de 180.000 usuarios sin servicio- el día viernes debido a una insuficiencia energética para la zona sur del conurbano bonaerense, registrándose en los días posteriores cortes “menores” debido a la persistencia de las altas temperaturas.

Cammesa, por parte del Estado, negó haber solicitado corte alguno o insuficiencia energética, algo que la portavoz presidencial Gabriela Cerruti quiso reafirmar en conferencia de prensa, buscando disminuir las implicancias del tema.

Se trata de un problema de conjunto, donde existe una integración vertical del negocio energético, y donde prima la desinversión en la producción, transporte y distribución energética. Algo que sucede de la mano de tarifazos y subsidios para las patronales, lo que de conjunto implica un negocio redondo a “costos” muy bajos.

Las generadoras energéticas vienen de recibir fuertes aumentos en el precio que les paga Cammesa por la energía, en el marco de la segmentación tarifaria que incrementa el valor base de la electricidad, sin indagar en el costo real de producción. En paralelo, las distribuidoras que compran esa energía a Cammesa –mayorista estatal del mercado eléctrico- no le pagan la mayor parte de los despachos y van engrosando una deuda de miles de millones con el Estado que nunca se salda y de la cual obtienen de tanto en tanto grandes condonaciones. En la última de ellas, a Edesur y Edenor las premiaron con una quita de $113.838 millones sobre un total de $219.615 millones, parte de una deuda total de las distribuidoras que asciende a más de $500.000 millones.

Las distribuidoras energéticas apelan a que no invierten debido a que el gobierno no satisface sus reclamos de proceder a mayores aumentos, a pesar de estar transitando la etapa de tarifazos y aumentos de la segmentación oficial. Los cortes de luz también operan como una presión hacia mayores aumentos, a pesar de que ya se ha verificados que los mismos no repercuten en ninguna atención de la infraestructura eléctrica.

“El servicio de Edesur es pésimo, no hay inversión, ningún control de los subsidios; el Estado luego de 4 días sin servicio debe brindar alguna respuesta a los vecinos” @Solanopo en @CronicaTV pic.twitter.com/fpdZWpeJCY

— Gabriel Solano (@Solanopo) February 15, 2023

Con tarifazos y sin luz

El gobierno es incapaz de dar respuesta a los reclamos más elementales de la población trabajadora, e incluso de garantizar la provisión de los servicios esencial. Por los cortes en la luz también se está viendo afectada la provisión de agua y el normal funcionamiento de las plantas de Aysa en distintos lugares, agravando aún más esta crisis.

La desinversión no solo alcanza a la insuficiencia y/o deterioro de la capacidad eléctrica instalada sino que hace a la naturaleza de todo un régimen de vaciamiento y precarización laboral. El esquema de negocios de Edesur y Edenor se vale de la utilización de cuadrillas de trabajadores precarizados, con el propósito de “emparchar” las deficiencias del sistema y no ir a una solución integral.

En tiempos donde Enel, la empresa italiana propietaria de Edesur, dice querer vender la empresa, lo que terminaría por configurar el cierre de un negocio que ha dejado miles de millones de pesos, , el gobierno que decía que “no le iba a temblar el pulso” para quitarle la concesión del servicio finalmente ni siquiera dictó una intervención. Todo sigue a libro cerrado.

El problema energético atraviesa toda la cadena del sector (productoras, transportadoras y distribuidoras) y a la responsabilidad del Estado, lo que hace necesario abrir los libros de las empresas para conocer los verdaderos costos y la nacionalización bajo control obrero de toda la cadena energética. Hay que anular los tarifazos aplicados, fijar un precio de energía accesible a los trabajadores diseñar todo un plan de inversión, con trabajo genuino, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

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