En el día de ayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunció en su informe de gestión en el Senado que la tarifa de los colectivos aumentará un 40% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Llega en medio de una solicitada de las cámaras patronales del transporte de la región, que amenazaron con “no poder asegurar la continuidad” del 80% del servicio, en nombre de un déficit económico que se estaría generando por el retiro de subsidios. Las empresas abogan por un boleto a $131.

Estas presiones patronales por la habilitación del tarifazo se anotan en todo el país. Ya las cámaras empresariales habían amenazado con un lockout en el interior, con motivo del adeudamiento de la cuota de subsidios correspondiente a mayo. De fondo, el acuerdo con el FMI fogonea estas pulseadas, cuyos resultados pagan siempre los usuarios y los trabajadores.

En su discurso, Manzur mencionó este aumento del 40% como un “paliativo”, pero argumentando que hay que avanzar en el traspaso del esquema de subsidios a la órbita de la Ciudad, ya que hoy se financia desde el ejecutivo nacional a las líneas circulantes dentro de estos confines. Anuncia la posibilidad de mayores subas traspasando el servicio al derechista Larreta para que aplique nuevos boletazos.

Luego del anuncio del jefe de Gabinete en el Senado, los distintos parlamentarios se fueron turnando para interpelarlo. Hasta Oscar Parilli, el senador kirchnerista, señaló como una “injusticia” que el boleto cueste en la Ciudad y el Conurbano un tercio de lo que sale en el interior; deslizando así que la “compensación” tendría que ser la triplicación del costo en el AMBA en lugar de que se reduzcan las tarifas en las demás provincias.

Esto revela la crisis del sistema de transporte concesionado a un puñado de grupos capitalistas, que por años gozaron de subsidios millonarios por parte del Estado. No obstante, ni el gobierno, ni ningún sector de la oposición de derecha ni ninguno de los partidos patronales que nos gobiernan consideran como injusticia que las empresas busquen “compensar” el retiro de subsidios aumentando la tarifa de un servicio defectuoso a los usuarios. Al contrario, ponen la firma para que estos aumentos se efectúen, al igual que con las privatizadas de los servicios, sin que tengan que rendir cuentas sobre si el déficit que argumentan es real o qué hicieron con años de subsidios.

Así, acudimos a un cuadro en el que en algunas provincias van por su segundo tarifazo solo en lo que va del año, y cuando la crisis que impera sobre el abastecimiento de gas presiona por nuevos aumentos, como hacen los “naftazos”.

Por eso hacemos un planteo claro. Los trabajadores y usuarios que día a día padecen las consecuencias de un sistema de transporte vaciado no pueden ser la variable de ajuste. Es preciso detener la marcha de estos aumentos, que se inscriben en el centro de la orientación económica dictada por el pacto con el FMI. De hecho, la razón de ser del intento del gobierno nacional de traspasar los subsidios a la Ciudad no es ninguna suerte de “federalismo”, sino el ahorro de $13.000 millones al servicio de cumplir las metas de ajuste fiscal.

Frente a los reclamos patronales sobre supuestos “déficit” hay una respuesta muy simple: que abran los libros y lo comprueben. Que demuestren qué hicieron con los subsidios otorgados, por qué la flota está en mal estado, por qué tienen pésimas frecuencias en horas “pico” y otra batería de adversidades que sufren quienes dependen del transporte público para moverse. Por ello nuestro planteo se orienta, ante todo, a que esta apertura de libros sea al control de estos últimos: trabajadores y usuarios.