A pesar de la docena de empresarios detenidos por actos de corrupción en las obras públicas –más otros que zafaron porque fueron aceptados por la Justicia, con muchas facilidades, como “imputados colaboradores”–, sus empresas no han sido “abandonadas” por el gobierno.

Así lo refleja un artículo publicado en el diario BAE (20/8) bajo el título: “Gobierno apura pagos a contratistas para evitar que se frene la obra pública”.

Según la crónica, una fuente del sector de la construcción afirmó que el gobierno se puso al día con las deudas que mantenía con las empresas que tienen obras en marcha. Según la citada fuente, “con el kirchnerismo cobrábamos a un año y con el macrismo, cada seis meses". Desde la Cámara Argentina de la Construcción, uno de cuyos últimos presidentes se encuentra detenido acusado de corrupción, admitieron que si bien se registran demoras, desde gobierno les aseguraron “que harán el mayor esfuerzo para cancelar” lo que falta. En el Ministerio del Interior indicaron que “en setiembre estarán al día”.

Las razones de este apuro por pagarles puntualmente a las contratistas se vinculan al incremento de las tasas y al vendaval desatado por el affaire de los cuadernos. “Los bancos tienen miedo”, dicen desde la CAC. Los cuadernos “cayeron como una bomba”, destaca el cronista, como se refleja en la caída de la Bolsa de las últimas semanas. “Esto es peor que el Lava Jato. En Brasil, había una sola empresa: Odebrecht. En cambio, acá están absolutamente todas involucradas”. Entre los inversores, cunde el temor que los bancos no puedan recuperar los créditos que otorgaron, dada la delicada situación judicial de los empresarios. Con el pago apresurado de los certificados de obra, el gobierno exhibe su respaldo a los coimeros de la obra pública. Para los proyectos adjudicados a través de la modalidad público-privada (PPP), cuya viabilidad en este cuadro se encuentra atada con alambre, el gobierno evalúa formar un fideicomiso a través del Banco Nación como garantía para que las empresas salgan a buscar financiamiento entre los bancos privados.

Este dispendio apresurado para financiar a empresas y empresarios procesados, que se repartieron con funcionarios el presupuesto destinado a la obra pública mediante maniobras de sobrefacturación a costa del dinero del Estado, contrasta con la suerte de los docentes unirversitarios, empleados públicos y jubilados, que ven licuarse sus ingresos por una inflación galopante. El gobierno además ha abandonado la construcción y reconstrucción de escuelas y hospitales, que se caen abajo, provocando muertes las de los docentes de la escuela 49 de Moreno o accidentes graves como el ocurrido en el Hospital Evita, de Lanús.

El gobierno abre el grifo para acusados de vaciadores y coimeros en lugar de accionar contra ellos. Ocurre que el régimen de corrupción los abarca a todos: empresarios y funcionarios, kirchneristas y macristas, en el mismo lodo.