Tras los anuncios realizados por Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, el gobierno recortó por segunda vez la bonificación de la “tarifa social” del gas establecida junto con el plan de tarifazos, que pasó de cubrir originalmente todo el consumo de los sectores de bajos recursos (con excepción del transporte y la distribución) a limitarse ahora únicamente al “consumo base”: según la estimación de Página12 (28/9), cubriría apenas 162 de los 713 m3 que consume una familia en el bimestre más frío del año (julio-agosto). A ello se suma el traspaso a las provincias de la tarifa social eléctrica prevista en el presupuesto 2019, que seguramente redundará en nuevos recortes, con lo cual el peso de los tarifazos caería como un yunque sobre las familias que están por debajo de la línea de pobreza –que, como se ha denunciado, superan el 27% de la población.

La perversión del ajuste se ve también en la reciente disposición para dar de baja a decenas de miles de beneficiarios (que podrían llegar a ser la mayoría) de pensiones por invalidez. Tras apelar la reciente resolución de la jueza Adriana Cammarata, que exige restituir todas las prestaciones eliminadas en 2017, el Ejecutivo dispuso que “todo aquel que haya sido notificado de una baja (…) se presente en el lapso de 10 días en la Anses para ratificar que cumple con una extensa lista de requisitos” absolutamente prohibitiva: el discapacitado no debe tener cónyuge con prestaciones previsionales, ni parientes que estén obligados a alimentarlo, ni “bienes, ingreso, ni recursos que permitan su subsistencia” (ídem). De no presentarse -y es muy probable que muchos ni siquiera reciban la notificación, por las condiciones de vulnerabilidad en la que viven-, la Agencia Nacional de Discapacidad se autohabilita a dar la baja de manera inmediata. Un salto en calidad de una política de discriminación brutal: los beneficiarios de pensiones denuncian las deudas millonarias del Estado a los prestadores de salud que los atienden y la creciente insuficiencia de los centros de atención.

Mientras el gobierno condena a pasar frío y hambre a pobres y discapacitados y condena a la miseria a nuevas franjas de la población trabajadora (con salarios y jubilaciones desvalorizados por la devaluación) dispone beneficios exorbitantes para los especuladores –con algunos instrumentos que pagan un interés anual del 50%- y alimenta una recesión que causará más despidos y suspensiones.

Ante el intento de volcar la bancarrota sobre los hombros de los explotados, se impone una salida obrera: que se vayan Macri y los gobernadores y que la crisis la paguen los capitalistas.