Dentro del presupuesto 2021 votado en el Congreso en noviembre del año pasado, se estipula un aumento para la caja de la Agencia Federal de Inteligencia del 30,4%. De esta manera, se le destinarán unos $3.518 millones, es decir cerca de $10 millones por día.

Es importante mencionar que a dicho presupuesto se le deben agregar los destinados a programas especiales pertenecientes a otros Ministerios pero que suman al monto final, como el asignado por el Ministerio de Defensa, el de Seguridad y el de la Corte Suprema, lo que establece un monto total de $11.104.703.330 ($30 millones diarios).

En diciembre de 2019, a solo 11 días de asumir la presidencia, Alberto Fernández colocó a Cristina Caamaño como interventora de la AFI, supuestamente para comenzar el proceso de “disolución” del organismo y “reducir” la intervención de este sobre la Justicia Federal. Sin embargo, este aumento de presupuesto refuerza los servicios de inteligencia y los pone como prioridad, mientras el presupuesto en salud se reduce 10% en términos reales, en medio de una pandemia y cursando el inicio de la segunda ola de coronavirus.

La noticia llega cuando dentro del gobierno se está discutiendo la reforma judicial, con la confirmación de la prisión efectiva para Boudou y repercutiendo directamente sobre la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Fernández, y de varios de sus exfuncionarios, sobre la base de una Justicia entrelazada con los servicios secretos.

En el marco del ajuste en curso, el reforzamiento de la AFI se debe entender como una herramienta más de disciplinamiento social de la clase obrera frente a posibles protestas y a las posteriores represiones e investigaciones, tanto en las calles como dentro de las organizaciones de lucha y sectores y sindicatos combativos. La creciente crisis económica de la mano del empobrecimiento de la población y pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores no se puede separar del objetivo principal del gobierno: cerrar un acuerdo de deuda con el FMI.

El compromiso con el Fondo gira en torno a recurrir menos a la emisión monetaria y más a nueva deuda de manera que se pueda cubrir el déficit fiscal. El achique de este último solo puede pasar sobre la base un mayor ajuste y ataque a los trabajadores, de manera que la represión de la protesta social y la AFI jugaran un rol fundamental para cumplir con dicho objetivo. Es por eso que la disolución del aparato represivo -que se encuentra a disposición del ataque a los trabajadores- tiene que ser una lucha tomada por el conjunto de la clase obrera, de la mano de la apertura de todos los archivos secretos del Estado, una tarea que no puede ser llevada adelante por un gobierno fondomonetarista.

 

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