El gobierno anunció que conformará una comisión especial que “revisará”, en un plazo máximo de un año, los regímenes previsionales especiales que lograron con su lucha algunos sectores de trabajadores hace muchos años y que les permiten jubilarse con menor edad o que establecen haberes diferenciados para las personas que realizan tareas tóxicas, peligrosas o insalubres o que tienen cajas jubilatorias autónomas, por las que realizan aportes o sufren descuentos personales superiores sobre su sueldo.

El objetivo es darle un golpe a estas denominadas jubilaciones de “privilegio”, que no se trata de las que permiten cobrar suculentos retiros a los jueces, presidentes, ministros o legisladores, sino de aquellas que amparan a quienes desarrollan tareas de riesgo para su salud y/o quienes tienen menor expectativa de vida o que aportan un diferencial, como es el caso de los docentes bonaerenses.

Justificación  ficticia y realidad

La justificación ofrecida por el Ministerio de Trabajo, responsable de la denominada Comisión Técnica Permanente sobre Regímenes Diferenciales es que “la mayoría de las normas que establecen regímenes diferenciales se sancionaron entre las décadas de los años sesenta y ochenta”, en “función de las condiciones imperantes en la estructura económica y del mercado de trabajo de esos tiempos”, pero hubo “cambios sustanciales que la tecnología y la ciencia introdujeron en la forma y en las condiciones de labor”.

Esto cuando los accidentes en la construcción son moneda corriente, cuando la actividad de los choferes de la rama que sea está sometida a una tensión mayor que hace 30 o 40 años por la super explotación patronal que los obliga a cumplir jornadas de 10 a 12 horas diarias, a lo que se suma la saturación del tránsito en ciudades y rutas, con el mayor estrés que eso conlleva y cuando los docentes deben desarrollar su actividad en condiciones edilicias deplorables y de tensión. 

Y otro tanto sucede con las tareas de los trabajadores mineros o rurales, alcanzados por regímenes especiales y que siguen sufriendo las mismas condiciones que hace 50 años en cuanto a la afectación de su salud o condiciones de vida se refiere.

La argumentación oficial es de un alto nivel de cinismo.

La Comisión sin fisuras 

Para que nada escape de los designios oficiales, la Comisión estará integrada, en su abrumadora mayoría, por funcionarios oficiales y solo se le habilitará una participación puntual a los sindicatos “con personería gremial”, es decir dirigidos por la burocracia, cuando se trate del tema particular de su gremio.

Asimismo, la Comisión, que definirá si quedan -y en qué condiciones- algunos de estos regímenes “especiales”, tendrá como integrantes a actuarios, demógrafos y economistas, provistos por la ANSeS, en una muestra de que lo que importa es adecuar el sistema previsional a las necesidades de caja y a la reducción de las jubilaciones reclamada por el FMI.

Esto, al igual que el preanunciado aumento de la edad jubilatoria a los 65 años para las mujeres y a los 70 para los hombres y el cambio del coeficiente de cálculo inicial a la baja, se complementan con el anuncio oficial, por ahora postergado, de reducir aún más los aportes jubilatorios (desgravar los primeros $12.500 del salario) y  las pasantías que se busca imponer, que reemplazarían a trabajadores estables y que no realizarían aportes previsionales.

Desfinanciamiento 

Todas estas medidas que afectan a trabajadores y jubilados son justificadas por el gobierno con el argumento de que el sistema no se puede mantener tal como está, ya que apenas se supera la relación de 1.5 activos por cada pasivo y que al menos debe haber 4 activos por cada pasivo para que el sistema sea sustentable. 

Pero el actual gobierno, al igual que sucediera antes con el kircherismo, mantiene sin atacar un nivel de informalidad (trabajo en negro) que supera el 35 por ciento, cuando los evasores están a la vista. El blanqueo como corresponde de estos trabajadores ya permitiría alcanzar a más de 2,5 aportantes por cada jubilado, y si a eso se le sumara el regreso al nivel de aportes jubilatorios patronales que fueron reducidos en 1994 por Domingo Cavallo, se alcanzaría con creces esa relación entendida como virtuosa por el gobierno.

Pero, además, la jubilación es un salario diferido y es una obligación del Estado cubrir las necesidades vitales del trabajador que se retira, más allá de cualquier relación que exista entre aportantes y jubilados.

El programa de los trabajadores es el opuesto al de los capitalistas:

Que no se toquen los regímenes especiales, en defensa de la salud y de la vida de los trabajadores que trabajan en condiciones de riesgo. 

Jubilación equivalente al 82% del salario en actividad.

El trabajador aporta a lo largo de toda su vida laboral para recibir, al jubilarse, lo que necesita para vivir. Y esto debe ser garantizado por el Estado.