El Frente de Todos, que asumió prometiendo “gobernar para los de abajo”, no hace más que profundizar el ajuste  sobre el gasto social y colmar de beneficios a la banca y al capital agrario. Sin embargo, con esa orientación antipopular no logra estabilización alguna, por el contrario, se agudiza la corrida y la estampida inflacionaria. El empantanamiento del rumbo trazado por el FMI es total, y, por lo tanto, de la gestión de Massa, quien asumió para reforzarlo.

Según el último informe de Ejecución Presupuestaria, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer trimestre del año el déficit primario se redujo 3,3% interanual en términos reales, a fuerza de una caída real, en ese mismo período, del 1,1% en jubilaciones, del 30% en asignaciones familiares, del 4,6% en políticas alimentarias, del 2,5% en la Becas Progresar, del 27,4% en subsidios energéticos (compensada con aumentos de tarifas sobre los usuarios), del 21% en las transferencias a las provincias (afectando el presupuesto de salud y educación de cada distrito) y del 0,7% en inversión real directa (perjudicando la obra pública y la construcción de viviendas populares). Es decir, el gobierno afiló sus tijeras sobre las partidas destinadas a las necesidades sociales, en función de arrimarse a la meta fiscal que exige el FMI.

En contraste, el déficit financiero durante el primer trimestre 2023 creció 7,4% real, en términos interanuales, debido a que entre enero y marzo se destinaron $695.678 millones en el pago de intereses de deuda del Tesoro (22% más, a precios constantes, que en igual período del 2022). Lo anterior responde, por un lado, al endeudamiento sideral del Tesoro a fin de cubrir el déficit fiscal -siguiendo la prescripción fondomonetarista de apelar lo menos posible a la emisión monetaria- y al refinanciamiento constante de esa deuda a tasas exorbitantes. Esta usura se agravará, puesto que en la última licitación, Economía ofreció bonos cuyos rendimientos efectivos alcanzaban el 132%.

Como vemos, mientras la banca se llena los bolsillos, derechos tales como las jubilaciones, la asistencia social y la vivienda sufren todo el rigor del ajuste. Si a eso le sumamos el lanzamiento del nuevo dólar agro (que hasta el momento ha insumido una emisión de $182 mil millones), podemos afirmar con claridad para qué intereses gobierna el peronismo.

Sin embargo, esta orientación a favor del FMI y el gran capital no ha servido para estabilizar la economía del país. Por el contrario, la corrida sigue su curso y el dólar blue ha cruzado la barrera de los $418, lo cual alimenta el espiral inflacionario. Con el objetivo de contener la brecha cambiaria, Massa toma medidas desesperadas, como la de subir las tasas del Tesoro para desalentar que los especuladores desarmen sus tenencias en pesos y se dolaricen. En ese sentido, también lanza un tipo de cambio preferencial para el agro, que estimule al agro a liquidar su cosecha en función de paliar la crisis de reservas y disminuir las expectativas devaluatorias. Contradictoriamente, la emisión extra que genera el dólar agro fogonea la corrida cambiaria.

Medidas a todas luces infructuosas que dejan al gobierno completamente a merced del mercado, algo que condicionará al Frente de Todos en el curso de la campaña electoral. Muestra de ello es que ni bien Antonio Aracre -cuando todavía ocupaba el cargo de jefe de Asesores del presidente- lanzó el rumor de que habría una devaluación del 60%, el capital agrario interrumpió la liquidación de la cosecha, lo cual casi deja sin efecto al dólar agro. Finalmente, esas son las consecuencias de haber nombrado a un lobista del agronegocio como funcionario gubernamental. Ese episodio forma parte de los motivos que llevaron al exCEO de Syngenta a presentarle su renuncia a Alberto Fernández.

Queda demostrado que cuanto más concesiones a los capitalistas se otorgan más nos hundimos. Debemos afectar los intereses que saquean al país, y eso será posible concentrando los resortes estratégicos -como la banca y el comercio exterior- en manos de los trabajadores; única vía para terminar con la fuga de capitales constante -pago de la deuda inclusive- y emprender un sendero de desarrollo y bienestar para las mayorías.

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