El gobierno nacional celebró por medio de sus sitios oficiales y con publicidad en los medios de comunicación la entrega de la vivienda número 100.000 bajo el gobierno de Alberto Fernández. A pesar de que el dato induce a la confusión –el gobierno no construyó cien mil viviendas nuevas- el dato refleja los límites de la política oficial en medio de la proliferación de los negocios inmobiliarios y el agravamiento de la crisis habitacional.

Para el cálculo de las “100.000” el gobierno integra los resultados de los programas Crédito Argentino (Procrear), Reconstruir, Casa Propia y del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), por lo que no se tratan de viviendas nuevas construidas por el Estado.

Para el caso del programa Reconstruir se trata de la terminación de las 55.000 viviendas comenzadas bajo el gobierno de Macri, que Alberto Fernández se había comprometido a culminar y cuyos resultados finales aún no se encuentran disponibles.

Del total de las viviendas “celebradas”, en la provincia de Buenos Aires “se hicieron” 18.209 viviendas, en aproximadamente 41 meses, o el equivalente a tan solo 5.330 viviendas por año. Según el gobernador Axel Kicillof, el déficit habitacional de la provincia asciende a más de un millón de viviendas, y se agrava con el pasar de los años.

Según las comparaciones de los datos del Censo 2010 con el Censo 2022, durante esos 12 años se construyeron en total (con predominancia del sector privado) 4 millones de unidades funcionales, llegando a un total de 17.780.210 viviendas para 46.440.703 habitantes. Lo que solo explica el déficit habitacional por la precariedad de la mayor parte de estas construcciones y por los negocios privados que mantienen miles de unidades ociosas.

Se estima que el déficit habitacional alcanza, al menos, a 4 millones de viviendas, de las cuales 1,5 millones son viviendas faltantes y 2,5 millones se encuentran en malas condiciones o con hacinamiento.

Todas las previsiones apuntan a que mientras el primer indicador permanece relativamente estable –sin mejoría alguna- el segundo se iría deteriorando como resultado de las propias condiciones de vida y la incapacidad de realizar refacción o construcciones realmente habitables.

Como parte de las medidas “aparentes” del gobierno, Alberto Fernández creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el cual se inauguró con un abrupto recorte del presupuesto debido a las metas fiscales y de “ahorro” del FMI. Por allí pasaron María Eugenia Bielsa (que tuvo que salir luego de la crisis de Guernica), Jorge Ferraresi y actualmente se encuentra en funciones Santiago Maggiotti.

Para dar cuenta del fiasco oficial, recientemente salió a la luz el vaciamiento del un proyecto gubernamental que se comprometió a la construcción de 3.200 viviendas para adultos mayores de 60 años y que tras casi dos años e “obra” solo culminaron 32: el 1%.

El gobierno carece de una política habitacional para combatir el déficit de viviendas, mientras sus políticas agravan las condiciones de vida del pueblo trabajador, con un deterioro en los salarios e ingresos populares y el encarecimiento de los créditos, los cuales son prácticamente prohibitivos.

Las medidas en cursos son menos que un paliativo para sostener una campaña publicitaria que “suena a exitosa” pero que esconde un fracaso total. Combinado con una política de expulsión y desalojo de los trabajadores sin tierras y de continuidad de los negocios inmobiliarios y especulativos.

El caso que más retrata esta orientación privatista es la negativa del gobierno a discutir el plan de viviendas y obras públicas propuesto por la Unidad Piquetera para generar un millón de puestos de trabajo y empezar a abordar de enserio el problema del déficit habitacional y la vivienda. Lo cual debe ser articulado con el acceso universal a créditos hipotecarios a tasas cero, con cuotas que no superen el 25% de los ingresos familiares; impuestos al capital inmobiliario especulativo y a las viviendas ociosas y un Banco de Tierras fiscas y ociosas para la construcción de viviendas.

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