En las dos semanas que transcu­rrieron entre el pedido público de la Iglesia y el anuncio del jueves (28/10), el Presidente se reunió en dos oportunidades, en la más estricta reserva con Casaretto. En esos encuentros estuvo la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner" (La Nación, 31/10).

Hay que reconocer que el Presidente no anda con vueltas en esto de entregarse a los reclamos de la derecha. El tiempo que le lle­vó cambiar de ministro del Interior y meter a 40 compañeros en cana, o el plazo de la nueva Corte para pesificar a los ahorristas, quedaron hechos un poroto frente a las dos semanas que le tomó adoptar enteramente el plan de acabar con los subsidios a los de­socupados reclamado por loe obispos.

Es que los "nacionales y populares" no podían quedar al margen de una posición tan profunda del conjunto de la clase capi­talista. Aldo Insuani, uno de los autores de la propuesta de política social de la UCR en oportunidad del “giro doctrinario", señala que “en verdad llevamos más de una década con desempleo de dos dígitos, aún en co­yunturas de alto crecimiento económico, entre ellas, la actual”. Da por hecho que el capitalismo argentino es incapaz de otorgar empleo a todos los que demandan” (Clarín, 27/10). Entonces se suma con pitos y matracas al reclamo de asistir a “niños y ancianos”.

Y para los jefes de hogar, que caprichosamente estima en 400.000, promueve in­gresos condicionales con contraprestación latera] obligatoria “que exigirán la creati­vidad de gobiernos locales, empresas y organizaciones de la sociedad civil para implementarla". “La postura tiene sustancia­les puntos de contacto con las sugerencias de otras fuerzas políticas de oposición y or­ganizaciones sociales" (Clarín, ídem). Léa­se Carrió, López Murphy y el clero.

Es claro que detrás de esta conspiración contra la clase obrera no hay solamente un interés de ajuste presupuestario. Esta polí­tica entraña el reconocimiento de que la ca­tástrofe de la desocupación en masa es par­te integra] de la "reinserción" argentina, ba­sada en la devaluación salarial, en el saqueo exportador y en el nuevo ciclo de endeuda­miento y privatizaciones, en la que no caben los subsidios ni la inversión pública masiva.

Todo este edificio de explotación está asentado en un agravamiento de la supe­rexplotación del trabajo, en la flexibilidad y el trabajo en negro de la mitad de la eco­nomía. Entonces se hace necesario “libe­rar" hacia “la cultura del trabajo" los alre­dedor de un millón novecientos mil compa­ñeras y compañeros que cobran un plan.

Pero ahora la Iglesia viene por más. “Nos gustaría que los consejos consultivos no se limitaran al monitoreo de los progra­mas Jefes y Jefas, sino que relevaran todas las políticas sociales", explicó a La Nación (31/10) Eduardo Serantes, director de Cáritas y mano derecha de Casaretto.

Quieren resucitar la cueva del clientelismo político, los negociados patronales, la injerencia clerical y de toda la fauna de ONGs que lucran con el hambre de los tra­bajadores y pululan en los 2.200 consejos consultivos de todo el país.

Esta segunda fase de la ofensiva cleri­cal indica que la conspiración apunta no só­lo contra el beneficio de los planes: también demuestra que los nuevos programas no se­rán universales. Si así fuera, las madres y los mayores se presentarían en una venta­nilla a anotarse, no necesitarían de la in­termediación que tanto atacan cuando se trata de la organización del desocupado mismo a través del movimiento piquetero.

La Iglesia y su red de ONGs, ligadas al poder político, quieren el poder de decisión sobre quiénes son las madres indigentes, quiénes los ancianos desvalidos, y recupe­rar integralmente la mediación y el clientelismo sobre nuevas bases, porque las ac­tuales han entrado en crisis.

Efectivamente, del total de consejos consultivos funcionan unos 300. La voraci­dad política de los intendentes en manipu­lar la red del hambre, sus disputas con otras líneas, más la tendencia a cubrir las tareas municipales mediante la contra­prestación de los planes, dieron por tierra con los consejos, que entraron en violentas disputas interiores por el reparto de la tor­ta de los planes.

En la próxima etapa el movimiento pi­quetero tiene un gran desafío de explica­ción política, organización, difusión y ex­tensión de su movimiento hacia el resto de las reivindicaciones zonales y barriales, de unidad con la clase obrera en lucha. Hay que enfrentar la ofensiva contra los planes organizando a los dos millones de afecta­dos en la lucha por trabajo o subsidio para todos. Con esa consigna y un programa de lucha anticapitalista contra la desocupa­ción, marchamos el 16 en todo el país.