El gobierno conspira contra la CTD-Polo Obrero
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En una actitud que deja entrever claros signos de una maniobra política, el gobierno de Romero se lanzó en Tartagal a una feroz campaña en contra de la única oposición política, la CTD-Polo Obrero. A partir de la ocupación de un complejo habitacional por parte de más de 200 familias sin techo, una andanada de acusaciones a través de los medios intentó incriminar a José Barraza y al Partido Obrero. Barraza denunció que se trata de una maniobra artera del gobierno que ya armó una causa en su contra, en oportunidad de la represión a los docentes. Allí los servicios de inteligencia aseveraron que el dirigente de la CTD-Polo Obrero estuvo apedreando la casa del juez Aramayo, cuando en realidad se encontraba trabajando tal como lo acreditan su foja de servicio y varios testigos. Hoy, en la misma línea, se pretende armar una causa por instigación a cometer delito, por la que ya fue citado a declaración informativa. En la misma, Barraza condenó al gobierno como único responsables de la situación apremiante de los sin techo, que en base a la autoorganización decidieron ocupar las viviendas. Son los mismos servicios de inteligencia que dejaron una zona liberada para que grupos de lúmpenes que operan para ellos cometieran los saqueos y luego terminar culpando a los “ocupas”.
Estamos ante la perspectiva de que éstos “servicios” armen causas truchas en contra de los luchadores populares con el solo fin de desarticular a la única organización política que señala una salida que afecta a los patrones de Romero: las petroleras. La CTD llama a organizar una Comisión Investigadora Independiente entre los comerciantes perjudicados, los ocupas y la CTD para desenmascarar a los verdaderos gestores de esta maniobra que intenta justificar la escalada represiva en la provincia. No en vano el fiscal acusó de que en el enfrentamiento operaron grupos de guerrilleros peruanos, pero no hizo nada para detenerlos. Desde la CTD se impulsa como la única salida al problema de la vivienda, el trabajo, y la salud, la creación de un Fondo Especial de Hidrocarburos que surja del aporte compulsivo de las operadoras de las áreas petrolíferas.