La ejecución presupuestaria al mes de septiembre es la demostración palmaria de que el gobierno no se ha movido ni un milímetro del sendero del ajuste. La reducción del déficit fiscal sigue siendo la norma, mientras la escalada inflacionaria provoca un aumento en la recaudación fiscal por medio de impuestos al consumo popular como el IVA, a la vez que pulveriza las partidas sociales.

El informe, publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, da cuenta que el déficit primario, a nueve meses de comenzado el año, es de apenas el 1,5% del PBI; muy por debajo del 4,5% del PBI proyectado por el gobierno para todo el 2021 y un 68,8% inferior que hace un año atrás. Como se ve, la “autocrítica” oficial, luego de la derrota en las Paso, no se tradujo en un aumento considerable del gasto dirigido a “poner plata en el bolsillo de la gente”. Tampoco en los próximos meses se prevén grandes modificaciones en relación a la asistencia económica destinada a paliar la crisis social; sin ir más lejos, la posibilidad de otorgar un nuevo IFE ya fue descartada.

Por otra parte, el ascenso inflacionario ha erosionado el gasto primario, el cual cayó un 3,2% en términos reales de un año a otro. La partida destinada al pago de jubilaciones y pensiones retrocedió un 7,4% interanual a causa de la nueva movilidad previsional que divorcia los haberes del índice de inflación. Así las cosas, el Estado le confiscó a los trabajadores jubilados $14 mil millones en el mes de septiembre. A su vez, el monto dirigido a las asignaciones familiares, atadas al mismo cálculo que las jubilaciones y pensiones, perdió 3,1% con respecto a la inflación entre septiembre 2020 y septiembre 2021.

El declive ha sido más pronunciado aún en el caso de los programas sociales, cuyas transferencias tuvieron una caída real del 45% en términos interanuales, debido a la quita del IFE y del ATP. Lo anterior desmiente la demagogia del gobierno, que se jacta en haber ampliado programas como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, cuando, de conjunto, lo que prima es un ajuste en la asistencia social.

Por otro lado, en relación a septiembre 2020, las transferencias a universidades quedaron 3,1% debajo de la inflación. También se destaca que, habiendo dejado atrás la segunda ola de la pandemia, el “gasto Covid” destinado a mitigar sus consecuencias ha sido devengado en apenas un 69,8%.

No obstante, hay partidas que sí le ganaron a la inflación del período. Son aquellas orientadas a engrosar los bolsillos de los capitalistas, como los subsidios energéticos -donde los beneficiarios son las petroleras y las empresas de servicios públicos- cuyo aumento interanual fue del 56,9% en términos reales, y los subsidios a las patronales de transporte, que acumularon un incremento 7,3% por encima de la inflación, comparado con septiembre 2020. Una muestra de que mientras los empresarios culpan al gasto social de la emisión monetaria y sus efectos inflacionarios, lo cierto es que lo único que crece es el gasto destinado a subsidiar al capital.

La política gubernamental en favor de la clase capitalista se ve con toda nitidez cuando reparamos en que el Estado, en los primeros nueve meses del año, ha gastado $766.778 millones en subsidios energéticos. Cifra superior a lo erogado durante el año para asignaciones familiares ($390.929 millones), programas sociales ($540.680 millones) y salarios de trabajadores estatales ($595.701 millones). A su turno, que el pago de vencimientos de deuda en los que va del 2021 haya insumido $563.531 millones del erario público, cifra casi equivalente al total de los salarios estatales del período, dice mucho de dónde están puestas las prioridades oficiales.

Como contrapartida, los ingresos totales aumentaron un 25,4% entre septiembre 2020 y septiembre 2021 por encima de la inflación. El incremento en la recaudación tributaria y la llegada de los DEG (fondos extraordinarios enviados por el FMI) fueron factores decisivos para que subiera el ingreso. Es decir, no solo que el ajuste es evidente, sino que además, se se viene aplicando en momentos de mayor recaudación.

Los ingresos tributarios, por su parte, tuvieron un crecimiento real del 24% de un año a otro. Lo aportado mediante el IVA y los derechos a la exportación representa el 55% de la recaudación tributaria total, y ambos impuestos tuvieron expansiones reales en el transcurso de un año, del 22,3% y del 73,8% respectivamente. El aumento del monto recaudado a través del IVA se debe al efecto inflacionario, mientras que los mayores ingresos por medio de las retenciones tiene su explicación en el “boom” exportador de este año, motorizado por los altos precios internacionales de las commodities.

Como vemos, mediante impuestos al consumo como el IVA, el Estado reposa sobre los sectores populares el grueso de la carga impositiva del país. A su vez, el espiral inflacionario aumenta el impacto del IVA sobre los ingresos, acentuando la transferencia de recursos desde el bolsillo de la población trabajadora hacia las arcas estatales.

Con todo, el informe de Ejecución Presupuestaria de septiembre 2021 revela que las tijeras del gobierno siguen afiladas, a los fines de cumplir con las exigencias del FMI para arribar a un acuerdo, a costa de las necesidades populares.

En cambio, los trabajadores tenemos otro programa, en donde posan los derechos a un salario y jubilación mínima equivalente a la canasta familiar (hoy en $100.000), a que se eliminen los impuestos regresivos como el IVA, a que todos tengan empleo bajo convenio disponiendo de la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo, con salarios indexados a la inflación.

Se trata de un planteo que incluye romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital para garantizar la triplicación del presupuesto de salud y educación y dar paso a un verdadero plan de viviendas y obras públicas. Un programa para enfrentar el ajuste en curso y el venidero y abrir camino a una salida a la crisis que responda a los intereses de las mayorías.

 

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