El gobierno convocó a las audiencias públicas para proceder a los aumentos en las tarifas de distribución eléctrica en el Amba (Edesur y Edenor) y transporte eléctrico en todo el país, la primera para el 26 de enero y la segunda para el 29 del mismo mes. Con esto, Milei busca liberar las tarifas eléctricas trasladando el ajuste sobre los subsidios al consumo de la población, con fuertes subas entre los sectores medios y bajos, y un impacto negativo sobre toda la cadena de valor que alimenta aún más la inflación.

La audiencia para las subas en el Valor Agregado de Distribución (VAD) afecta particularmente a la zona del Amba –el resto del país se determina por jurisdicciones provinciales-, modificando a la alza uno de los cuatro componentes de la facturación (generación, transporte, distribución e impuestos), donde la empresas apuntan a aumentos del 200% en sus tarifas, lo que podría dar lugar a subas de hasta el 50% en la facturación final del servicio.

Para el 29 de enero también está prevista la audiencia para aumentar las tarifas del transporte eléctrico que incide sobre la facturación del consumo en todo el país.

Se estima que los aumentos finales llegarían a partir de marzo, con pago a efectuarse desde abril y mayo.

Por esta vía el gobierno busca concederla a las patronales la actualización de sus ingresos en función de la devaluación e independientemente del costo real de operaciones. Cabe recordar que para el caso de la distribución eléctrica en el Amba, Tanto Edesur como Edenor gozaron en 2023 de aumentos del 262%, lo que no redundó en ninguna mejora en el servicio, asistiendo a innumerables cortes de luz con el reciente temporal.

Como el servicio de distribución eléctrica no se encuentra segmentado como en la generación eléctrica, cualquier suba daría lugar a un impacto relativo mayor en los estratos bajos y medios, afectando aún más el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

El gobierno de Javier Milei busca avanzar en su política de ajuste fiscal, con recortes en los subsidios energéticos (gas, electricidad, etc.), trasladándole la factura a los trabajadores. Entre sus propósitos se encuentra el objetivo de bajar del 1,7% del PBI utilizado en subsidios 2023 a 0,7%, pasando de 5.650 millones de dólares en 2023 2.450 millones en 2024. Un precio que deberán pagar los trabajadores a libro cerrado.

Desde algunas consultoras privadas calculan que de realizarse los ajustes en carpeta sobre la generación, distribución y transporte eléctrico se estarían dando aumento que van desde el 150% en la facturación de los consumos de altos ingresos a 180% en los de bajos ingresos y más del 300% en los de ingresos medios: un ataque contra los sectores más vulnerables.

El plan de ajuste fiscal de Milei trae nuevas penurias para los trabajadores y negocios lucrativos para las patronales energéticas: no se trata de una política en la que todos “hacemos un esfuerzo”, sino de una transferencia de recursos de los trabajadores a las grandes patronales.

Las empresas que Milei quiere premiar con estos tarifazos son las mismas responsables del vaciamiento de la infraestructura de la distribución eléctrica, la cual colapsa con cada demanda que supere los niveles medios o contingencia que se presente.

Estas mismas patronales son las que pretenden cobrar el precio de la energía a sus valores internacionales, independientemente del costo real de producción de la misma. De aplicarse esta política en todos los planos, como pretende Milei, los trabajadores argentinos no podrán acceder a la luz, el gas, el agua, los alimentos, transportes, ni nada.

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