Los datos oficiales de los primeros cinco meses del 2021 reflejaron un déficit fiscal primario del 0,13% del PBI, algo que fue celebrado por el gobierno puesto que es una cifra ínfima en comparación a las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2021, donde estima un déficit anual del 4,5% del PBI. Esto se debe, por un lado, a un aumento de la recaudación, y, por otro, a la reducción del gasto público. Es decir, obedece a una política decidida de ajuste sobre las mayorías populares.

En primer lugar, es preciso señalar que el gasto dirigido hacia las prestaciones sociales se redujo en términos reales un 38,8% en relación a mayo del 2020. Un factor decisivo para que esto ocurra es la resolución del gobierno de eliminar de un plumazo el IFE, en una año donde la asistencia social es más necesaria que nunca si reparamos en los altos índices de pobreza y en que seguimos transitando una pandemia, la cual agrava la crisis social.  Como se ve, Alberto Fernández elaboró un presupuesto para el 2021 dando por finalizada la crisis sanitaria, algo que está muy lejos de la realidad.

A su vez, otro de los motivos que explica la reducción de las prestaciones es la pérdida del 13% interanual que han tenido las jubilaciones y pensiones, a partir de la nueva movilidad. El Estado nacional se ha “ahorrado” en el transcurso de un año $150 millones a través de licuar por medio de la inflación los haberes previsionales. Esto último delata el cinismo de los recientes dichos del presidente acerca de que “terminó con la Argentina del empobrecimiento de los jubilados”.

Por otro lado, las transferencias estatales al sector público sufrieron una caída del 24,4% en un año. Sucede que las transferencias a los gobernadores tuvieron, en relación al año pasado, una reducción nominal. En mayo 2020 se giraron $53.327 millones a las provincias, mientras que en mayo 2021 el monto bajó a $30.072  millones, con un 48,8% de inflación mediante. Es por este motivo que el Congreso Nacional votó recientemente compensar esa pérdida habilitando impuestazos al bolsillo popular. A su turno, la suma destinada a abonar los salarios del ámbito público se redujo un 3% en términos reales de un año a otro. La tijera del ajuste se hizo sentir también en la cantidad de dinero dirigido hacia las universidades nacionales, donde hubo una disminución del 6% interanual.

Con más de 20 millones de argentinos sumidos en la pobreza y superadas las 90 mil muertes a raíz de la pandemia, el gobierno se inclina por la “austeridad fiscal” para mostrar garantías de repago al FMI y de rescate de una deuda externa usuraria, a costa del pan y la salud de la población. El cuadro reviste mayor gravedad teniendo en cuenta que la recaudación del país ha pegado un salto en relación al 2020, ya que los ingresos tributarios han experimentado un crecimiento interanual del 99,2%.

Dos de los factores que han incidido enormemente en el aumento de la recaudación impositiva son, por un lado, que los derechos a la exportación (retenciones) registraron una suba del 275,8% en un año a causa del incremento de los precios internacionales de las materias primas; y, por otro, que aumentó en un 90,6% interanual la suma recaudada a través del IVA debido al efecto inflacionario. Lo anterior ilustra de qué manera el crecimiento de la inflación implica una transferencia de recursos desde los ingresos de los trabajadores hacia las patronales y el Estado.

Además, muestra la impostura de un gobierno que asumió prometiendo recomponer “la mesa de los argentinos” y termina sirviéndose de impuestos regresivos al consumo de artículos de primera necesidad como el IVA -que hasta paga un trabajador desocupado- para nutrir las arcas del Estado. En contraposición, el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, del cual se jacta el Frente de Todos y que ha posibilitado el superávit fiscal de los últimos meses, se aplica por única vez y tiene el objetivo principal de subsidiar a los capitalistas.

El ajuste hacia los sectores más vulnerables, que ha caracterizado a la política oficial, contrasta abruptamente con el trato generoso que ha recibido el gran capital en este período. Sin ir más lejos, aumentó un 58% en un año la cantidad de dinero destinado al pago de la deuda pública. El oficialismo viene pagando rigurosamente todos los intereses de la deuda con el FMI y con otros organismos de crédito y ahora suma el compromiso de pago al Club de París. Por otra parte, los subsidios a la industria energética y a las petroleras tuvieron un incremento interanual del 57,2% y del 230,1% respectivamente.

Un aspecto que retrata cuáles son los intereses que defiende el gobierno es que en lo que va del año se ha gastado $7 millones más en el pago de intereses de deuda que en el total de los salarios de los trabajadores estatales de todo el país.

Como vemos, es necesario subvertir las prioridades del Estado si queremos resolver el flagelo al hambre, el vaciamiento sanitario y la carestía. Es fundamental luchar por un salario mínimo de $65.000, un seguro al desocupado de $40.000, una jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo, planes de vivienda que emplee mano de obra desocupada bajo convenio, estatización de toda empresa que cierra, despida o reduzca salarios, triplicación del presupuesto de salud y centralización del sistema sanitario bajo control de los trabajadores del sector.

Este plan debe financiarse por medio de romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. Se trata de una salida de los trabajadores a la crisis que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad.

 

https://prensaobrera.com/politicas/hay-otra-alternativa-al-pago-de-la-deuda-usuraria-y-la-fuga-de-capitales/

https://prensaobrera.com/politicas/el-desafio-politico-de-la-intervencion-obrera-ante-el-ajuste-insoportable/