El gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro encabezado por la gobernadora Arabela Carreras, continuidad del de Alberto Weretilneck, mostró ya en los primeros dos meses de gobierno su pleno acompañamiento el rescate de la deuda del Estado nacional que el gobierno del Alberto Fernández negocia con los especuladores y el FMI. Expresión de ello son los votos otorgados en el Congreso Nacional (junto a los diputados y senadores rionegrinos del Frente de Todos y Cambiemos) al congelamiento de las jubilaciones y al cheque en blanco para reestructurar la deuda. Recíprocamente, el Frente de Todos de la provincia le votó a Carreras el Presupuesto 2020 y la Emergencia Económica, dotando a Carreras de superpoderes.

Debe anotarse también la coincidencia en ofrendar como garantía la entrega de los recursos naturales para los pulpos de la minería contaminante y fracking. El gobierno rionegrino intenta desde hace años modificar el Código de Tierras provincial, uno de los puntos sellado en la firma del Pacto Fiscal con la Nación. Fue la propia gobernadora quién autorizó, el mismo día en que asumió, que la británica Patagonia Gold retome el proyecto minero Calcatreu, a 42 kilómetros de la ciudad de Ingeniero Jaccobacci. Como sucedió Mendoza con la modificación de la ley 7.722, es de esperar que el Frente de Todos acompañe al oficialismo en su ofensiva minera, más teniendo en cuenta que fue el Frente para la Victoria en 2011 eliminó la ley 3.981 que prohibía la utilización del cianuro en la provincia -aquella eliminación fue votada por la propia Carreras cuando era legisladora del FpV.

Río Negro, al igual que Chubut, suspendió el pago de servicios de deuda durante la segunda mitad del 2019 y fue de las primeras en recibir un salvataje del gobierno nacional por $1.000 millones de pesos como adelanto de la coparticipación para cubrir gastos corrientes. La deuda provincial supera los $33.000 millones de pesos, de la cuál un alto porcentaje está en dólares. El alineamiento de Carreras con el gobierno nacional de Alberto Fernández tiene por objetivo lograr un rescate para rescatar la deuda. Hay que tener presente que hasta hace poco Weretilneck se fotografiaba con el entonces presidente Mauricio Macri.

El costo de esta política de rescate a los especuladores financieros lo pagan los trabajadores rionegrinos. El último año, estatales y docentes han promediado una pérdida del 10% del poder adquisitivo del salario, producto de acuerdos paritarios por debajo de la inflación firmados con las conducciones sindicales cómplices del ajuste del gobierno.

Ante este cuadro, planteamos la necesidad de pelear por un congreso de delegados de base de los sindicatos, que vote un plan de lucha para defender los salarios y jubilaciones, exigiendo paritarias sin techo, y que rechace la entrega de nuestros recursos a los pulpos de la minería contaminante y el fracking.