Políticas
28/11/2025
El gobierno de Mendoza da vía libre al saqueo minero
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Proyecto San Jorge.
La cámara de diputados mendocina dio media sanción a tres leyes: la aprobación del Proyecto San Jorge (PSJ) en Uspallata, la ampliación de Malargüe Distrito Minero Occidental y la creación de un fondo para “compensar los desastres ambientales”. Este paquete otorga “seguridad jurídica” a las empresas extractivistas, ya promovidas por el RIGI, régimen de incentivo a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, surgido del gobierno libertario nacional.
Proyecto San Jorge
Este proyecto se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, en las nacientes del Río Mendoza. En el 2010 había sido rechazado por la comunidad en una gran audiencia pública donde el 70% de los participantes votó en contra. Y finalmente, en agosto de 2011, mediante votación unánime, la Legislatura rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge, previamente aprobada por el Ejecutivo provincial, cancelando de este modo la explotación del proyecto minero.
No obstante, el año pasado la empresa se reformuló con nuevos inversores y comenzó nuevamente el procedimiento institucional requerido por las leyes de impacto ambiental. La empresa presentó un IIA (Informe de impacto ambiental) remozado, con datos del anterior proyecto, que fue cuestionado por los técnicos del Conicet Mendoza, por la Asamblea de Uspallata y por las asambleas por el agua. Pero el trámite siguió su curso realizándose la Audiencia Pública oficial en octubre pasado en un predio propiedad de la minera en el sitio a explotar. Simultáneamente, el pueblo de Uspallata expresó su rechazo concurriendo a una audiencia paralela multitudinaria en la propia localidad.
Unos meses antes, en febrero de este año el gobierno comenzó a intimidar y a criminalizar la protesta. Esta política tuvo su punto culminante con la privación de libertad de Federico Soria y Mauricio Cornejo, referentes de la lucha ambiental y autores del Proyecto Área Natural Protegida Uspallata, alternativo al proyecto de megaminería, que tiene en cuenta la protección de la naturaleza y las necesidades sociales y productivas de la población. En unos días ambos fueron liberados gracias a la movilización de los mendocinos y la campaña nacional.
A posteriori, en el mes de agosto de este año luego de la audiencia pública oficial no vinculante, el Ejecutivo otorgó la DIA para el nuevo proyecto PSJ Cobre Mendocino y fue enviado a la Legislatura para su sanción definitiva. Así es que, el 26 de este mes, con el voto favorable de casi todos los diputados, se otorgó media sanción y se remitió al Senado, donde sería aprobada en la sesión del 9 de diciembre.
Las objeciones del Conicet Mendoza y su censura
El Conicet Mendoza realizó un análisis crítico del IIA presentado por la empresa que fue posteriormente censurado por el gobierno. Enumeramos y resumimos algunas de las objeciones:
El impacto sobre el recurso hídrico toma valores de caudal del Rio Tigre de otra época, previa a la sequía que afecta a la zona desde 2010. La solicitud de caudal pedido por la empresa supera el caudal del arroyo durante gran parte del año; cabe aclarar que El Tigre es la única fuente de agua prevista por la empresa. Por otra parte, la modelación y riesgo de contaminación de agua subterránea tienen errores en particular sobre las infiltraciones posibles del depósito de colas. No está aprobada la desconexión entre las cuencas de Yalguaraz y Uspallata; y existe un potencial riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del río Mendoza.
El impacto sobre el suelo minimiza el DAM (drenaje ácido minero). Utiliza en su mayor parte datos de un informe previo del año 2006 y realiza solamente cuatro muestras de suelo, insuficientes para evaluar este indicador.
Con respecto al impacto sobre la biodiversidad, se carece de acciones concretas para la protección, restauración de la flora, y la gestión de las vegas. La fauna está mal caracterizada y los monitoreos propuestos son poco específicos.
El impacto socioeconómico y patrimonial está subestimado. Los datos de estructura y dinámica de la población en términos cuantitativos están desactualizados (datan de más de 15 años) y restringidos a la localidad de Uspallata, lo cual es limitado por la ubicación del proyecto próximo al corredor binacional. Tampoco hay datos fundados sobre la incidencia del emprendimiento en las condiciones generales de vida de la población, en términos de disponibilidad de vivienda y habitabilidad, la provisión eléctrica, el aumento de flujo vehicular, impactos en la salud y otros asociados a problemas sociales que se desprenden del desbalance de población masculina.
La explotación minera afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables. El valle de Uspallata posee una historia que se remonta a unos 8.000 años y concentra un patrimonio arqueológico e histórico excepcional. El tramo del Camino del Inca y la Ciénaga de Yalguaraz fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2014 como Itinerario Cultural Transnacional. Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe. La afectación de sitios ancestrales vulnera sus derechos colectivos y su vínculo histórico con el territorio, y contraviene principios como la consulta previa, libre e informada.
En síntesis, el análisis de los especialistas dice "la empresa no respondió a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (Func); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la Uncuyo sobre riesgos de la salud), por citar algunos".
La ley nacional de presupuestos mínimos de protección de glaciares
En este momento hay un interés del gobierno nacional de modificar la Ley 26.639, que impide la actividad minera en área de glaciares, y transferir a las provincias la caracterización y el inventario de glaciares. Dado que la constitución nacional ordena realizar las leyes de presupuestos mínimos, no quedaría a criterio de las provincias disminuir las exigencias ambientales de este tipo de leyes. Por esta razón la Cámara Minera solicita seguridad jurídica. Es decir, el sector minero requiere además de la aprobación de la DIA por parte de la provincia, la modificación de la ley por parte del Congreso Nacional, donde estaría próxima a tratarse.
Cabe aclarar que estos cuerpos de agua son vulnerables debido no solo al uso de las aguas y su contaminación, sino también a las explosiones realizadas permanentemente en la excavación a cielo abierto. El polvo (material particulado) y su dispersión por el viento luego precipita y quita la capacidad de los glaciares de reflejar los rayos solares, aumentando su derretimiento.
Conclusiones y plan de lucha
La gestión del agua superficial y subterránea debe estar subordinada a comités integrados por las comunidades que habitan las cuencas involucradas, teniendo en cuenta las actividades productivas y culturales necesarias para preservar su calidad de vida.
Apoyamos las luchas de las asambleas comunitarias y defensoras del agua de Mendoza que están en alerta y convocan para el próximo lunes a concurrir a la puerta de la Legislatura.
El día 4 de diciembre se harán actividades en todo el país para expresar la oposición a la modificación a la Ley de Glaciares, organizadas desde la Campaña por la preservación de la Ley de Glaciares.
No a la minera San Jorge, sí al Área Protegida Uspallata Polvaredas.
