Carlos Saúl Menem habrá de asumir el gobierno el 8 de julio en un cuadro de colosal crisis política. ¿Pero de qué crisis política se trata?

Se trata, claramente, de una crisis del régimen político. El adelantamiento apresurado del mando no solamente traduce la debilidad terminal del gobierno de Alfonsín, pues más allá de esto es una expresión de la incapacidad de las instituciones políticas del Estado y de sus partidos para hacer cumplir los períodos de gobierno establecidos en la propia Constitución. Cuando el derrumbe de un gobierno adquiere características definitivas o mortales, es el régimen político que lo sustenta el que ha entrado en crisis. La declaración del estado de sitio, donde los partidos políticos que reúnen al 90% del electorado votaron la suspensión de las actividades políticas que ellos mismos monopolizan, es una nítida manifestación de la crisis del régimen político presente.

La asunción de Menem es completamente irregular, al punto que altera los períodos de gobierno del Ejecutivo y del Legislativo, cuyos nuevos representantes jurarán el 10 de diciembre próximo. Entretanto Menem deberá gobernar con un Congreso con mayoría radical, una anomalía a la cual se le ha puesto remedio con otra anomalía, a saber, el compromiso previo de los radicales de que votarán los proyectos de leyes que mande el Ejecutivo, y de que obviamente no impulsarán proyectos de leyes que puedan contrariarlos. Es decir que se ha establecido la desaparición del poder legislativo.

Carlos Saúl Menem sube, por otra parte, en circunstancias de mayor agravamiento de la crisis militar, con una fractura completa de la disciplina dentro de las fuerzas armadas. El régimen democratizante ha fracasado en subordinar a los uniformados a la Constitución, lo cual priva de su base fundamental a cualquier tentativa seria de ofensiva contra los trabajadores.

Hasta un cierto punto, la crisis del régimen político democratizante llega a transformarse en una crisis del propio Estado burgués. Esto se aprecia en la parálisis de la maquinaria administrativa, en particular en las provincias o en algunas empresas estatales, o cuando la crisis militar o en instituciones como la policía se transforma en un desacatamiento abierto.

Es claro que la base de todo esto es la enorme crisis económica, pero siempre que se aclare que la crisis económica es también un producto de la crisis política de conjunto. El saqueo descomunal de los últimos meses no puede ser inocentemente imputado a “una” crisis económica cuando todo el mundo sabe que fue una acción organizada por parte del gran capital y un resultado de las contradicciones brutales que dominan dentro de este. Es decir que la crisis política, del régimen político esencialmente y a partir de aquí del Estado como tal, es una expresión del completo impasse del régimen social capitalista, que en el marco mundial aparece como uno de sus “eslabones más débiles”. La caracterización de la crisis política como una consecuencia del impasse histórico de la burguesía está directamente vinculada con la resistencia que aplicaron los trabajadores contra la ofensiva que se desencadenó contra ellos en distintos momentos. El hundimiento de los “planes económicos” desde la dictadura en adelante son una consecuencia de la resistencia de los explotados, presente a veces como amenaza y otras veces por medio de grandes luchas.

Es a la luz de esta situación que debe apreciarse el significado del cambio de gobierno y de sus posibilidades. La circunstancia de que el peronismo vuelva al gobierno en condiciones de excepcional crisis, no significa que él mismo deba ser de entrada un gobierno en crisis.

Todo lo contrario, el gobierno menemista es una tentativa de la burguesía nacional y del imperialismo por superar la crisis del presente régimen político y detener la descomposición del Estado. El gobierno de Menem es apreciado por los explotadores como una vía de salida al hundimiento del gobierno de Alfonsín. Los gobiernos no son de ningún modo un reflejo pasivo de los regímenes políticos que encabezan, sino que al revés, constituyen una fuerza política conciente para superar las limitaciones que sufre la dominación política de la burguesía, esto a través de una definida acción contra las posibilidades de resistencia de los explotados.

Esto permite entender porqué Menem ha formado un gabinete de “concentración” de diversas fuerzas políticas patronales. Es una tentativa de reagrupamiento de la clase burguesa, de los explotadores, con la mirada puesta en un ataque a fondo a la resistencia de los trabajadores a los planes que procuran superar los actuales límites a la explotación capitalista. Menem pretende poner en pie un gobierno “con músculo”, solo el fracaso de esta tentativa abriría una etapa de crisis política superior. Los que hacen cálculos “optimistas” ignorando la etapa de confrontaciones que se abre, se equivocan de medio a medio. Lo mismo vale para quienes descuentan que el único ganador posible en las mencionadas confrontaciones es la clase obrera, incluso con independencia de la dirección política que tenga a su cabeza.

Es que, precisamente, al considerar las posibilidades de estabilización política del gobierno de Menem, no se puede ignorar el bajo nivel de conciencia en que se encuentran las masas, y cuya expresión más clara es la votación masiva que brindaron al riojano. Sin esta confusión política de los explotados, las posibilidades del menemismo serían igual a cero. La conciencia de las masas tampoco es un factor pasivo en la determinación de las posibilidades políticas de un régimen, incluso en crisis. No existen gobiernos “débiles” en términos absolutos, importa ver cuál es la conciencia y la organización que tiene frente a él la vanguardia de la clase obrera.

Toda la política del menemismo apuntará a “restaurar”, si se puede decir así, las condiciones y los medios de una dominación capitalista incuestionada. A ello va dirigido la amnistía militar, el pacto social, el gobierno de “concentración”, la inteligencia interna de las fuerzas armadas, el reclamo de que se prorrogara por seis meses el estado de sitio. El planteamiento de reforma constitucional de Menem plantea, todavía más claramente que lo que pretendía Alfonsín, el reforzamiento de la capacidad represiva del Estado y por supuesto la reelección del ejecutivo. No se ha prestado la debida atención al hecho de que el parlamento hubiera “convalidado” la declaración del estado de sitio por el poder ejecutivo. Esto no solamente es inconstitucional, y sin embargo fue avalado por el poder judicial, sino que implica la formación de una dictadura civil, que prescinde a la vez del congreso y de los jueces. Por la vía de la Reforma o por “la vía de los hechos”, el próximo gobierno buscará arrogarse estas facultades de excepción, lo cual le da una importancia igualmente excepcional a la lucha por las libertades democráticas. La intuición popular no se equivocaba cuando, sonrisas aparte, adjudicaba al candidato por el justicialismo una perspectiva totalitaria.

Frente a la crisis económica y a los “ajustes bicicleta”, es indudable que la vía del gobierno Menem está trazada. El conflicto que se ha planteado con la CGT traduce precisamente esto, ya que la regimentación que esta ha establecido sobre el movimiento obrero se ve ante el peligro de estallar como consecuencia de los brutales planteos anti-populares. La crisis entre el gobierno y la CGT ha sido determinada por la modificación de las condiciones políticas y sociales producidas por el estallido de la crisis económica y el desenvolvimiento de la crisis política del régimen. Los burócratas de la CGT, y Ubaldini más que ninguno, no tienen ninguna posibilidad de ofrecer una alternativa a la política de Menem, la orientación de los burócratas se reduce a una sola cosa: no dar un paso en falso, una prevención que no ha impedid nunca a nadie “meter la pata”. Los que se encolumnen detrás de Ubaldini con el slogan de que es un peronista que no baja las banderas, van a recibir una frustración cien veces mayor que la que tuvieron cuando fueron detrás de Guillán y Piccinini, en 1984, ilusionados en las posibilidades de los burócratas democráticos.

La etapa que se abre es de lucha y de confrontación. El gobierno Menem debe remontar la crisis del régimen, la resistencia de los trabajadores y las brutales luchas dentro de la burguesía, especialmente la ferocidad de las exigencias de la banca acreedora. Se ingresa a un período convulsivo. La viga maestra de una política obrera, en estas condiciones, es ayudar a los trabajadores a remontar las primeras dificultades de la lucha con un programa de reivindicaciones en defensa de sus condiciones de existencia, y sobre la base de esta lucha construir organizaciones de masas independientes del gobierno, del Estado y de los partidos patronales. La bandera de las libertades democráticas y de las reivindicaciones inmediatas no debe ser usada para fomentar la ilusión en las posibilidades de “corregir" al nuevo gobierno sino para emancipar definitivamente a las masas de la tutela del nacionalismo burgués.