El gobierno de Neuquén se desliga de la salud mental pública y la cede a las iglesias

No es algo novedoso que el gobierno provincial de Neuquén -como todo el Movimiento Popular Neuquino, la fuerza oficial- mantenga una intensa relación con los distintos credos, en especial del espectro evangélico. Es algo que viene de larga data, y se expresa en los integrantes del clero que formaron parte de fórmulas electorales y de los sucesivos gabinetes, lo que explica el comportamiento “nada laico” del Estado neuquino.

Este entrelazamiento del poder político con las iglesias se vio acentuado durante la pandemia. La última manifestación de ello ha sido la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de habilitar la intervención abierta del clero para “contrarrestar los efectos en la salud mental de este virus”. Esta decisión ha recibido una dura respuesta de parte de la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental del Ministerio de la Defensa, María Eugenia Lizola.

No obstante, el gobernador fue más allá de habilitar la injerencia clerical en las consecuencias del Covid-19: ponderó la acción de las iglesias y les manifestó que “tienen las puertas abiertas” para “combatir flagelos como la violencia de género, o el abuso sexual infantil”.

Con esta directiva el gobernador reflota y pone en marcha las “capacitaciones” y “la red intersectorial de Operadores Socio Espirituales en Adicciones” (Osea), que “acompañen a pacientes con vulnerabilidad social”, así como “el establecimiento de parámetros para las visitas de líderes religiosos de diferentes credos a hospitales y centros de internación”. Esto mientras el sector de Salud Mental de los hospitales públicos viene siendo desmantelado desde hace años. No es de gusto que Lizola le reclama al gobierno “el incremento del presupuesto dedicado a la salud mental, que según la ley debiera alcanzar el 10% del presupuesto en salud”.

Este vaciamiento de los organismos estatales de salud mental, violencia de género y abusos a niñas y niños tiene su contracara: precisamente, en esta tercerización oficialista a manos de los credos.

Una alianza reaccionaria contra las causas populares y la ciencia

Los reiterados intentos de disminuir la ayuda social y la caída de planes a las organizaciones piqueteras de trabajadoras/es desocupadas/os, incluso como un chantaje para que no se sumen en unidad a las diversas luchas de trabajadoras/es ocupadas/os, es parte de esta línea que impulsó el gobernador en estos días. Muy reciente fue la extorsión contra el Polo Obrero y otras organizaciones de parte del gobierno, en plena huelga del personal de la salud.

Pretenden entregar recursos al oscurantismo para que este le reasegure un dique de contención contra los reclamos de los sectores más hundidos en la miseria. En este contexto es que debe apreciarse la apertura de puertas del gobierno a las distintas religiones. Una prueba de ello es la solidaridad del gobierno municipal de Neuquén con el Estado israelí, una “solidaridad” contra el pueblo palestino, por ejemplo. Es una manera de buscar un apoyo político en la influencia de pastores, curas, rabinos, y demás sobre la población, de cara a romper el aislamiento en que quedó el gobierno luego de la huelga de salud y las necesidades electorales del MPN.

Por supuesto, en la medida en que es una alianza con sectores anticientíficos, es un ataque al concepto científico de salud mental, que pretende la desvalorización del conocimiento de los profesionales del sector y seguir sosteniendo la miseria presupuestaria actual.

Las consecuencias en la salud mental de la población, provocadas no solo por la pandemia de Covid-19, reclaman tratamientos de orden científico; tratamientos que nunca pueden provenir de quienes son responsables de esas mismas consecuencias, por ejemplo, sosteniendo las reuniones masivas religiosas que pueden llevar a contagios masivos, que brindan impunidad a pedófilos que atacan a niños y niñas, que defienden la familia tradicional incluso muchas veces a costa de silenciar abusos o violencias intrafamiliares, o que se niegan a impartir la Educación Sexual Integral, entre otros tantísimos aspectos.

Es un régimen político de conjunto que no puede mantener, ni siquiera formalmente, un planteo tan elemental como la laicidad del Estado, de la educación y la salud. Inscribir estas luchas en el cuestionamiento más general a todo el régimen es darle un carácter político, que implicaría un gran salto del movimiento obrero.