El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, reflotó un proyecto en la Legislatura que data del año 2016 y que tiene entre sus intenciones ampliar a la zona de tierras fiscales actividades extractivistas como la minería y la industria energética, sin especificar cuál será la rama en el caso de esta última. Estamos hablando ni más ni menos que de 4 millones de hectáreas de tierras fiscales.

El gobernador quiere aprovechar su mayoría parlamentaria para ampliar lo que se conoce como “zonas de sacrificio”. Esto se debe al total sometimiento de estos gobiernos patronales a las demandas del mercado mundial dominado por el gran capital. Sin dudas que los grandes beneficiarios aquí no serán los trabajadores, debido a que el discurso de que “esto genera puestos de trabajo” se cae por el piso cuando uno puede ver el desarrollo del fracking en la zona de la ciudad de Allen (que cuenta por estas horas además con un nuevo derrame), donde las máquinas terminan haciendo todo el trabajo luego de instalada la torre. Recordemos que el gobernador, además, firmó en 2016 un decreto que le permite a YPF explorar la zona conocida como Bloque Chelforo, la más grande de la provincia y que algunos denominan “nueva Vaca Muerta”.

En segundo lugar, el negocio inmobiliario se encuentra detrás de las tierras fiscales. Esta utilización de la política para apropiarse de tierras fiscales tiene antecedentes en todo el país: recordemos el caso de las tierras vendidas en Santa Cruz (bajo el gobierno kirchnerista) a un módico precio en beneficio de multinacionales y políticos de turno.

El pueblo trabajador de Rio Negro no ha sido consultado sobre si esto debería aprobarse, teniendo en cuenta que la actividad minera es contaminante. Las comunidades mapuches, representadas por el Parlamento Mapuche y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) se vieron sorprendidas por la decisión y tampoco han sido consultadas por sus demandas y su visión de la situación. En esos lugares están asentadas comunidades que el gobernador aseguró que respetará.

El principal cambio radica en la concepción del destino de la tierra rural que con las modificaciones “podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra económicamente rentable”, según indica el artículo 16 del proyecto.

El aprovechamiento de estos gobiernos patronales del poder les ha permitido realizar grandes negocios financieros e inmobiliarios. La aprobación de leyes a medida del gran capital se han evidenciado en la provincia, como es el caso del magnate Ingles Joe Lewis que usurpa y (y explota) parte de un parque nacional y el Lago Escondido, o el caso de Benetton en Bariloche. La lucha en defensa de las tierras de los pueblos originarios terminó con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a mano de las fuerzas represivas.

Es necesario generar en la provincia un gran movimiento de lucha y resistencia a este modelo que intenta implementar en cada rincón de la provincia el gobierno de Weretilneck y sobre el cual la “oposición” no ha dicho una palabra.

El Partido Obrero de la provincia rechaza este nuevo avance del capital sobre las tierras fiscales, tierras que deberían tener un destino apuntado a la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora rionegrina. Los trabajadores debemos debatir qué relación debemos tener con la naturaleza y qué modelo de desarrollo queremos implementar en la provincia.