Luego de recular en su intento de imponer un “aporte” obligatorio a los empleados públicos, el gobierno salteño de Gustavo Sáenz salió a polemizar con el Partido Obrero y particularmente con nuestro diputado provincial Claudio Del Plá a propósito de quiénes deben poner los fondos para afrontar la crisis en curso.

Del Plá había expresado nuestro planteo de que se imponga un aporte extraordinario a las grandes empresas de la provincia, destinado un fondo de atención a los problemas de salud pública y a los trabajadores en situación de pobreza. En respuesta a ello, el ministro de Gobierno Ricardo Villada sostuvo -en un reportaje en FM Aries, el lunes 13- que esa propuesta podría llevar “seis años de discusiones”, y que es por eso que el gobierno había resuelto establecer el descuento salarial a los trabajadores estatales.

El eufemismo que venían esgrimiendo desde el gobierno, de que lo que “aporten” los trabajadores del Estado sería para ayudar a los “emprendedores”, fue directamente dejado de lado por Villada en esta nota, donde claramente habla de ayudar a las empresas, sin distinción de grandes, medianas o pequeñas. La preocupación del ministro es que muchas de ellas no pueden cumplir con los requisitos que se exigen para obtener los beneficios que estableció el gobierno nacional. Es decir, dejó claro que lo que se pretende es rescatar a las empresas metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores. 

El ministro también dijo en el reportaje que Saénz conoce a muchos empleados del Estado que quieren contribuir, cosa que es completamente incomprobable. Así como muchos empleados son obligados a fiscalizar en las elecciones para el oficialismo, seguramente muchos van a ser obligados a realizar el aporte –ahora transformado en “voluntario”-, sobre todos los que no tienen estabilidad laboral. 

Lo que sí es fácilmente comprobable es que el recule de Sáenz, a solo tres horas de anunciar el aporte, obedeció a la inmediata reacción en redes sociales, con una intervención mayoritaria de docentes, que volteó el anuncio en menos de tres horas. No nos olvidemos que la docencia salteña arrancó el año con un paro, que está suspendido con motivo de la cuarentena. 

El planteo del gobierno, aún en su versión “voluntaria”, no solo es injusto sino que además es impotente. ¿Cuánto se puede recaudar descontando a salarios que en su mayoría no alcanzan al costo de la canasta familiar y en algunos municipios no llegan ni al salario mínimo legal?  Desde el PO advertimos que el anuncio del gobierno de que los funcionarios iban a “donar” una parte de sus ingresos y de las declaraciones del ministro de economía, Roberto Dib Ashur, reivindicando el planteo de Bolsonaro de descontar salarios, conducirían a un intento de ir por los salarios de los trabajadores. No podía ser de otra manera por parte de un gobierno que está dejando pasar brutales ataques a los sueldos, a las condiciones laborales e incluso despidos de cientos de trabajadores de grandes empresas, y que ha declarado un verdadero estado de sitio. 

Nuestra propuesta, que se traducirá en un proyecto de ley, es la forma de atender la brutal crisis que atraviesa la provincia aún antes de la pandemia. Son las empresas petroleras, mineras y exportadoras de granos, los ingenios azucareros particularmente Tabacal, y el agente financiero de la provincia, el Banco Macro, quienes deben ser obligados a realizar un aporte extraordinario que permita financiar el refuerzo al sistema de salud en medio de una crisis sanitaria ya declarada antes de la pandemia por las muertes por desnutrición, así como una ayuda a los desocupados, trabajadores cuentapropistas, monotributistas e incluso a pequeños comerciantes y pequeñas empresas. Esta medida incluso puede ser complementada con la suspensión inmediata del pago de la deuda provincial y su investigación, ya que una parte de ella es del Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario que fueron un verdadero fraude. Nuestros planteos no requieren, como dice el ministro, seis años para ser aplicados: es cuestión de decidir quién debe pagar la crisis, si los trabajadores o los grandes grupos económicos.

El recule de Sáenz es la demostración de las enormes reservas de lucha que tienen los trabajadores en Salta. Con esas reservas y con esa fuerza luchemos por una verdadera salida a la crisis y contra los ataques del gobierno y las patronales.