El gobierno nacional prepara un mecanismo para dolarizar parte del precio de la energía que paga a las generadoras eléctricas. Es una respuesta a la extorsión de las privatizadas del sector, que sostienen una huelga de inversiones por la cual un 40% de la capacidad de generación se encuentra fuera de servicio por falta de mantenimiento. Una modificación en beneficio de las patronales, en un mercado que se maneja a libro cerrado, que vamos a terminar pagando los usuarios en la boleta.

La medida sería aplicada por medio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y le permitirá a las patronales adherirse voluntariamente a este sistema de pagos.

Según el medio EconoJournal (9/2) a diciembre del 2022 había un total de 8.400 MW de potencia fuera de servicio –un 40% del total de generación eléctrica- debido a la falta de mantenimiento del parque de generación de las patronales.

Como la remuneración de la energía generada se ajusta periódicamente en negociaciones entre el gobierno y las principales empresas (Pampa Energía, Enel, Central Puerto, AES, Orazul Energy, Albanesi), estas presionan por mayores precios recurriendo a la extorsión de no invertir en la manutención del parque de “generación vieja”, resultando en una menor producción local y en una mayor dependencia del Estado de la importación, cuando los récord de altas temperaturas impulsan a la par la demanda eléctrica.

El acuerdo que el gobierno impulsa establece un precio en dólares que se pagará en su equivalente en pesos según el tipo de cambio oficial mayorista del Banco Central, para aquellas generadoras que ofrezcan al menos el 85% de su potencia neta instalada.

De esta forma cede a las presiones patronales y a su huelga de inversiones, sin auditar ni abrir un solo libro de estas empresas para conocer el valor real de generación eléctrica. Este aumento se trasladará al bolsillo de los trabajadores con nuevos tarifazos, en la ruta del FMI, mientras que las distribuidoras como Edesur y Edenor puede recurrir a su clásico mecanismo de no abonar buena parte de la electricidad que les despacha Cammesa, acumulando deudas millonarias que luego son condonadas. Esto cuando las reservas en divisas son cada vez más escasas y crece la presión por una devaluación, que dispararía entonces el precio indexado de la energía.

La integración energética mixta que promueve la YPF “nacional y popular” es solo a los fines de que la política del Estado Nacional se encuentre subordinada al capital extranjero. YPF integra parte del capital (40% de la participación accionaria) de Central Dock Sud, que actualmente opera con una potencia instalada de 870 megawatt. Ahora, ante la venta de la italiana Enel, tendrá que decidir si ejerce una opción preferencial de compra por 54 millones de dólares o si quedará subordinada al capital privado con la mayoría de Central Puerto, que adquiriría el 41,2%, combinada con la participación restante de Pan American Energy.

La política energética local está en manos de un puñado de multinacionales, lo que agrava la subordinación nacional ante el capital financiero e internacional. La nueva medida oficial será costeada por los bolsillos de los trabajadores, en un ajuste que acelera su ritmo al tiempo de las necesidades del gobierno para cumplir con las metas fiscales del FMI.

https://prensaobrera.com/politicas/el-apagon-de-un-sistema-electrico-vaciado-y-subordinado-a-los-negocios-capitalistas

https://prensaobrera.com/politicas/al-narcoestado-lo-vamos-a-tirar-lxs-trabajadores

https://prensaobrera.com/politicas/transportadoras-y-el-gobierno-en-la-mira-del-apagon-electrico