Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, poniendo en evidencia el contenido ajustador de los compromisos asumidos con el FMI, Alberto Fernández y Martín Guzmán, que habían presentado el acuerdo como “una solución posible y razonable”, abandonaron el tono jubiloso para admitir que “no hay nada que festejar” y que “nadie puede estar contento con tener al Fondo en nuestro país”, pero que, sin embargo, la alternativa del default era, en palabras del ministro, “una puerta a la angustia”. De nuevo intentan presentar que la única variante a no pagar la deuda es el default, descartando de plano proceder a un repudio soberano de esta hipoteca impagable.

Se trata de una impostura a dos bandas. Por un lado, el planteo esgrimido por el presidente y el titular de Economía de que se habría optado por el “mal menor”, así como el portazo de Máximo Kirchner blandiendo una posición anti ajuste -pero sin llamar a enfrentarlo-, cuando lo cierto es que el norte del Frente de Todos desde su conformación estuvo dictado por el rescate de la deuda en dólares a fin de reingresar al mercado de crédito internacional, preocupación de primer orden para la clase capitalista, apremiada por refinanciar sus pasivos.

Tal como indicó en su carta de dimisión Máximo Kirchner, el kirchnerismo respaldó el canje usurario con los bonistas en 2020, donde las concesiones fueron mayúsculas, de manera que por una deuda de USD 68.000 millones el país deberá pagar en los próximos 20 años alrededor de USD 95.000 millones. Luego el gobierno abocó su gestión a lograr un pacto con el Fondo, mostrándose dispuesto a pagar la totalidad del préstamo a pesar de reconocer su carácter fraudulento, y cancelaron uno por uno los vencimientos con el organismo, incluidos los intereses con sobretasa, a costa de una austeridad fiscal que se descargó sobre las jubilaciones, la salud y la asistencia social. “La espada de Damocles” de la que dice haberse librado Alberto Fernández luego del acuerdo obtenido volverá a erigirse sobre la economía nacional en cada monitoreo trimestral que realice el FMI para verificar la evolución del ajuste.

A su turno, es la propia política oficial la que viabilizó el escenario de escasez de reservas y corrida cambiaria, al cual hace alusión el presidente, que nos ubicó en la “palma de la mano” del FMI y de la banca. El gobierno dilapidó el superávit comercial récord alcanzado en el 2021 hasta quedar con reservas líquidas negativas en el Banco Central, como resultado del pago sistemático de vencimientos de deuda y de dejar prosperar los mecanismos que utilizan los capitalistas para fugar divisas. Por otro lado, la obligación de recortar la emisión monetaria y financiarse mediante endeudamiento deja todo el esquema preso de las presiones del capital financiero, al que el propio Guzmán culpa por la corrida cambiaria.

En estas condiciones, un default hubiese profundizado la fuga de capitales y los golpes de mercado. Sin embargo, llegamos a las puertas del mismo producto de una política orientada al pago de la deuda -inclusive el préstamo con el FMI tuvo como destino cancelar deuda anterior-, y, además, este nuevo acuerdo con el Fondo prepara las condiciones para un eventual default, debido a la magnitud de los vencimientos a afrontar, dando paso a futuras renegociaciones que van a prolongar la tutela del imperialismo sobre el país.

Un rumbo opuesto consiste en romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria, nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. De haber actuado en esa dirección, el país hubiera conservado el superávit comercial que arrojó el 2021 por casi USD 15 mil millones y recapitalizado así el Banco Central. Estos recursos, en lugar de tener como destino financiar la corrida cambiaria, pagar los vencimientos de deuda, etc. podrían haberse invertido en un desarrollo productivo del país que impulsara el empleo genuino, en planes de vivienda y obra pública (puntales de la reactivación económica), en salud y educación. A su vez, las restricciones a las importaciones que acicatean la recesión no hubieran sido necesarias, tampoco el caudal de deuda emitida en pesos que hoy cumple el objetivo de desalentar una corrida hacia el dólar, además de financiar al Estado.

Por su parte, la nacionalización bajo control obrero de la industria energética hubiera revertido la huelga de inversiones de las empresas hidrocarburíferas, causante del saldo deficitario en materia energética que prima en la actualidad, el cual debemos suplir por la vía de las importaciones utilizando las raídas reservas del BCRA, en un cuadro de ascenso en el precio internacional del petróleo y el gas. Además, consiste en una medida fundamental en vistas a que la explotación hidrocarburífera se vuelque a desenvolver las fuerzas productivas del país.

Mediante el control obrero de las palancas económicas de Argentina se detendría la fuga de divisas a manos de la clase capitalista. También, la creación de una banca estatal única gestionada por los trabajadores permitiría planificar el crédito al servicio de la industrialización nacional. Por otra parte, llegaría a su fin el descontrol inflacionario que encuentra sustento en la bancarrota estatal y se combatiría la intransigencia patronal apelando a la apertura de los libros. En definitiva, un plan de reorganización económica dirigido por la clase trabajadora en beneficio del interés mayoritario, lo opuesto a la desorganización capitalista imperante, que pondera la ganancia individual, es fuente de sucesivas crisis y hunde en la miseria a los sectores populares.

El acuerdo con el FMI, a contramano del discurso gubernamental, obstruye esta posibilidad de crecimiento y salida en favor de las necesidades del pueblo. Por el contrario, implica mayor endeudamiento en dólares, ya que el programa en curso contempla el arribo de desembolsos para cancelar los intereses de deuda que se presenten, y, a la vez, más saqueo nacional dirigido a nutrir los bolsillos del capital financiero. Esto, descontando las metas de ajuste pautadas -tarifazos, devaluación, reducción del gasto público- en perjuicio de la población trabajadora y los efectos recesivos que acarrean los postulados fondomonetaristas, tales como la tasa de interés positiva en el BCRA, el recorte a la obra pública y la exigencia de relegar las importaciones en nombre de reservar los dólares disponibles para afrontar vencimientos de deuda.

La oposición en las calles al pacto con el Fondo proviene de la izquierda y los trabajadores, en defensa de un verdadero programa alternativo. Esa es la impronta de la movilización del 8 de febrero, donde todo el movimiento popular está llamado a copar la Plaza contra este acuerdo colonial y sus agentes.

 

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