Los trabajadores deben ser indemnizados

En 1993, la Dirección de Hidráulica de la entonces Municipalidad elevó un informe al controlador general comunal sobre las cuencas acuíferas de la ciudad. En la parte dedicada al arroyo Vega, se señala que “en el sector que tiene columnas internas, debajo de la calle Blanco Encalada, en pleno centro comercial del barrio de Belgrano, desborda y causa anualmente graves inundaciones”. “La calidad de sus aguas -continúa el informe- ha sido afectada por varios niveles de contaminación, y en función de ellos se puede calificar un grado de contaminación de leve a severo, variando esto de acuerdo con su caudal y en función de posibles descargas furtivas que no corresponden a desagües pluviales (se refiere obviamente a desagües cloacales)… Las inundaciones en este sector son graves, registrándose en algunos puntos alturas de agua de 1,5 metros ante lluvias con períodos de retorno de 5 años (no los 230 años de Fatala). Se trata de inundaciones de corta duración, pero de gran violencia”. ¿Cómo puede ahora decirse, como hace el gobierno de Ibarra, que el desastre del 23 de enero fue resultado de un “acontecimiento climático inesperado”?

Con el mismo grado de impostura, Fatala pretende dividir a los vecinos de Belgrano, presentando la interrupción de las obras que aliviarán el curso del arroyo Vega como resultado de una disputa “entre los vecinos de Blanco Encalada, que se inundan, con los de Monroe (calle por donde debe realizarse la obra), que no se inundan” (Página/12, 28/1). Las obras del arroyo Vega se iniciaron en setiembre de 1999, con un plazo de ejecución de 8 meses. Fueron interrumpidas en febrero del 2000, cuando la contratista *la empresa CCI* había realizado apenas el 10% de los trabajos. Los funcionarios de la Ciudad explicaron, en ese momento, que la obra se demoraba por “situaciones no previstas por la empresa a cargo de la obra” (CCI Construcciones S.A.). “A modo de ejemplo, contó que se debió cortar un caño de agua corriente y que Aguas Argentinas solicitó la sustitución de un conducto por otro, cuyas piezas debieron ser importadas de Francia” (ídem). “Otra de las demoras es la apertura del paso a nivel en Blanco Encalada (…), donde a treinta días de iniciadas las obras debía gestionarse su apertura y, hasta el momento, el concesionario de trenes no otorgó el permiso” (La Nación, 24/2/2000).

La obra se interrumpió, por lo tanto, como resultado de una lucha entre diferentes concesionarios privados *CCI, Aguas Argentinas, TBA* y no por la “puja entre vecinos”. En ese momento, Fatala acusó al contratista de no tomar “las previsiones necesarias para la realización de las obras. Aducen problemas con el trabajo, pero deberían haberlo visto antes. Si no hay reacción por parte de ellos, y yo no creo que tengan voluntad de seguir el contrato, vamos a rescindir el contrato” (ídem). A pesar de ello, ahora se anuncia la “inmediata” reanudación de las obras… a cargo de la misma contratista.

Todo esto demuestra que el responsable del desastre no es el clima, sino el Estado de la ciudad, impotente ante los monopolios privados y la “patria contratista”. Por eso, los vecinos deben ser indemnizados por el Estado porteño. La indemnización debe tomar en cuenta la condición económica de cada vecino, favoreciendo progresivamente a los de menores recursos. Esta indemnización debe sostenerse con un impuesto extraordinario al gran capital financiero e inmobiliario radicado en la ciudad. Hay que someter a investigación el “contrato” del arroyo Vega y establecer un plan de obra bajo el control de los trabajadores y vecinos de la zona.